- El Cajar expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la responsabilidad del Estado colombiano por la desaparición forzada, tortura y asesinato del exalcalde de El Roble, así como por las amenazas, el desplazamiento y el exilio que ha enfrentado su familia.
- La representación de víctimas advirtió que, 23 años después de la desaparición, tortura y asesinato del alcalde, aún existen responsables por investigar, actos de tortura sin esclarecer y medidas de reparación judiciales incumplidas, sin que los hechos hayan sido reparados integralmente.
Panamá, 30 de octubre de 2026. En la audiencia pública realizada hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Caso 14.800, Eudaldo León Díaz Salgado y familiares vs. Colombia, las víctimas y su representación, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), formularon tres peticiones concretas a la Comisión: declarar la responsabilidad internacional del Estado; extremar las medidas de protección para la familia, y recomendar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Durante la audiencia, el hijo de la víctima, Juan David Díaz Chamorro, relató las graves afectaciones que han sufrido él y su familia durante más de dos décadas: amenazas, atentados, hostigamientos, criminalización, desplazamiento forzado y exilio. También pidió garantías efectivas de protección para él, sus familiares y las personas que los acompañan en esta búsqueda.
“(…) Llevamos 23 años buscando justicia por el asesinato de mi padre. En este camino hemos sufrido amenazas, persecución, desplazamiento y exilio; más de 20 personas entre familiares y testigos han sido asesinadas en el contexto de este caso. Yo mismo he recibido más de 80 amenazas y he sobrevivido a cinco intentos de asesinato. Lo que le pedimos a la CIDH es que exija al Estado colombiano garantías para nuestra seguridad y para que haya justicia completa. No queremos que este crimen quede en la impunidad ni que la búsqueda de verdad termine costándonos también la vida (…),” indicó Juan David Díaz.
En su declaración, Juan David señaló que el alcalde prefirió entregar su vida antes que permitir que los recursos del municipio fueran usados para financiar la violencia contra la población.
Por su parte, el Cajar, señaló que el Estado colombiano es responsable por la falta de protección del alcalde que públicamente denunció que sería asesinado, pero principalmente porque agentes estatales hicieron parte de la estructura criminal que acabó con su vida, tal como han establecido las decisiones judiciales internas.
El Cajar también expuso que la persecución contra Eudaldo Díaz incluyó señalamientos y estigmatización desde instituciones estatales. Informes de inteligencia del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) lo señalaban como guerrillero, afectando su honra y legitimidad como funcionario público, y contribuyendo a agravar el riesgo que enfrentaba. Estas acciones obstaculizaron el ejercicio de su mandato democrático y enviaron un mensaje intimidatorio contra quienes denuncian la corrupción y las alianzas entre actores políticos y estructuras criminales. Además, el crimen del alcalde le impidió cumpli con el mandato democrático otorgado por sus electores.
La representación llamó igualmente la atención sobre el hecho de que algunos de los actores estatales relacionados con estos hechos fueron posteriormente designados en cargos diplomáticos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para las víctimas, estos antecedentes deben ser examinados en el esclarecimiento de todas las responsabilidades.
Después de 23 años, la investigación sigue incompleta
En este caso no ha existido verdad, ni justicia plenas. Aunque se han producido avances judiciales y condenas contra algunos responsables, a más de 23 años de los hechos, las víctimas siguen sin conocer toda la verdad sobre el crimen, no se ha investigado la totalidad de los responsables, ni las torturas de que habría sido objeto.
Aunque existen condenas contra el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, y contra Diana Luz Martínez, exdirectora de la cárcel de Sincelejo, estos avances no han permitido esclarecer la totalidad de las responsabilidades ni las distintas circunstancias que rodearon el crimen.
Otros responsables ampliamente señalados en el proceso siguen sin ser vinculados, mientras que la vinculación de Norman León Arango, entonces comandante de Policía, demoró 8 años y solo se realizó en 2025.
Para las víctimas y sus representantes, la demora en solicitudes como éstas muestra que todavía existen líneas concretas de investigación que deben ser agotadas y contrastadas para establecer quiénes participaron en la privación de la libertad, el cautiverio, la tortura, la ejecución y el encubrimiento del asesinato.
Las condenas por desaparición forzada y homicidio no sustituyen el deber de investigar la tortura ni agotan el derecho de las víctimas a conocer todo lo ocurrido durante los cinco días de cautiverio de Eudaldo Díaz. La investigación debe esclarecer la naturaleza de los sufrimientos físicos y psicológicos que padeció, las circunstancias en que ocurrieron y quiénes fueron responsables.
El Cajar advirtió, además, que las amenazas, los actos de intimidación y los asesinatos de personas relacionadas con el proceso deben ser investigados y examinados en relación con la búsqueda de justicia. La seguridad de las víctimas y los testigos es una condición indispensable para su participación y para el esclarecimiento de los hechos, no un asunto separado de la investigación.
La violencia continuó contra la familia y quienes buscan justicia
Durante la audiencia, el testimonio de Juan David permitió dimensionar cómo la persecución ha impedido a la familia vivir el duelo, permanecer en su territorio y desarrollar una vida libre de miedo. También expuso que las agresiones han alcanzado a quienes acompañan su búsqueda de justicia.
La representación recordó que Juan David cuenta con medidas cautelares de la CIDH desde 2006 y solicitó que se incorporen al expediente las nuevas amenazas y agresiones denunciadas, incluida la recibida el pasado 18 de octubre. Asimismo, pidió investigar estos hechos y fortalecer las medidas de protección para Juan David, su familia, sus compañeros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Sucre y la abogada del Cajar, Yessika Hoyos, también amenazada.
La persecución, el desplazamiento y el exilio no han sido reparados integralmente. Tampoco se han cumplido las medidas de reparación derivadas de la condena contra la Nación —Policía Nacional y Ministerio de Defensa— emitida el 30 de septiembre de 2019. Para las víctimas, no basta con reconocer judicialmente algunos hechos: el Estado debe reparar de manera efectiva los daños ocasionados y garantizar que no vuelvan a ocurrir.
