Condenamos todo intento de reprimir su legítimo derecho a la protesta y hacemos un llamado a los colombianos y colombianas, a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, y a los organismos de control para exigir al Estado que cese de inmediato los actos violentos, las judicializaciones y la represión en contra de los campesinos movilizados hace más de un mes, hechos que ya han cobrado la vida de cuatro de ellos a manos de la Fuerza Pública.
Durante más de un mes, aproximadamente 16.000 campesinos de esta zona del departamento de Norte de Santander se han mantenido en pie de lucha por sus derechos en un paro sin precedentes en la última década y la respuesta que han obtenido por parte del gobierno ha sido una desbocada represión a manos de la Policía y el Ejército que, además del trágico saldo de 4 labriegos muertos a manos de los uniformados –Leonel Jácome y Édinson Franco, asesinados el 22 de junio, y Diomar Angarita y Hermídez Palacio, aesiandos el 25 de junio–, ha dejado otros 16 más heridos por disparos de fusil, tres mutilados, un alto número de lesionados, varios torturados durante su detención y 6 personas privadas arbitrariamente de su libertad, además de destrucción de viviendas y vehículos de campesinos y saqueo de sus propiedades, conductas todas consideradas como crímenes de Estado y por las que responsabilizamos directamente al presidente Juan Manuel Santos, pues ha sido él quien ha dado las órdenes de ataque contra los manifestantes y ha tildado a los líderes de la protesta como infiltrados de la guerrilla, mientras los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional actúan sin control en contra de la población civil.
Es inaceptable que para los 252.000 habitantes de la región del Catatumbo, empobrecidos por más de tres décadas de abandono estatal, y para sus campesinos, condenados en muchos casos por el aislamiento y la difícil situación económica a tener que sobrevivir del cultivo de la hoja de coca, la respuesta gubernamental ante sus justos reclamos sea la violencia, los señalamientos y las judicializaciones para negar su derecho a la tierra y a la dignidad.
Resaltamos que la constitución de la Zona de Reserva Campesina (ZRC), principal reclamo de los manifestantes, depende hoy –según la Ley 160 de 1993– de una simple reunión del Consejo Directivo del Incoder, pues la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) ya ha surtido todos los trámites y requisitos correspondientes. Se trata, entonces, de un paso muy pequeño para resolver el conflicto social que ya completa 38 días, lo que nos lleva a concluir que la única explicación a la reiterada negativa del gobierno de Santos a aprobarla es la intención del presidente y su equipo de favorecer los grandes intereses económicos presentes en la región, principalmente los de los grandes palmeros y las empresas trasnacionales del petróleo y la minería de carbón que no podrían adueñarse las tierras dentro de la ZRC.
Otras de las exigencias campesinas, consignadas en el pliego que intentan negociar con el gobierno, a pesar de las constantes evasivas de la comisión ministerial, son la sustitución concertada de los cultivos de coca de los que los campesinos derivan su sustento, debido a la pobreza; un plan de inversión pública concreto para el Catatumbo en materia de vías, salud, educación, comercialización de productos agrícolas, etc.; controles a la explotación minero energética de las trasnacionales en la región y su suspensión total en el área de 160.000 hectáreas de la ZRC y garantías en materia de derechos humanos, contantemente golpeados en una de las zonas más militarizadas de Colombia.
Adicionalmente, las irresponsables acusaciones que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, viene lanzando a través de los grandes medios de comunicación en torno a una supuesta infiltración guerrillera en la protesta ponen en un altísimo riesgo a los campesinos del Catatumbo, que ya han sido víctimas de la barbarie paramilitar, que entre 1999 y 2005 dejó 11.200 personas asesinadas, más de 44.000 desplazadas, 600 desaparecidas, 60 masacres y un número no calculado de torturas, violaciones sexuales y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en contubernio con actores estatales, especialmente de la Fuerza Pública. La historia de los crímenes de Estado en Colombia demuestra que hay un claro vínculo entre este tipo de acusaciones, que no tienen ningún sustento en la realidad, y la violencia en contra de las organizaciones sociales, pues promueven un ambiente que sirva de ‘justificación’ ante la opinión pública de toda clase de acciones criminales en contra de quienes defienden su tierra y su dignidad, por lo que las declaraciones de Santos revisten extrema gravedad y exponen a los campesinos del Catatumbo y a sus organizaciones a un nuevo exterminio o a sus líderes a procesos judiciales amañados que, en últimas, buscarían evitar la expresión de la indignación popular y el cumplimiento de sus derechos.
Finalmente, consideramos que el discurso público de Santos es incoherente y engañoso, pues mientras se autoproclama como el presidente de la paz por unos diálogos en los que el gobierno y la insurgencia han suscrito unos acuerdos que, entre otras cosas, contemplan la creación de más zonas de reserva campesina, reprime ferozmente a quienes se manifiestan pública y pacíficamente por soluciones concretas para una problemática de tierras que sólo se puede resolver con voluntad política. Invitamos al pueblo colombiano, a las y los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional a hacer efectiva su solidaridad con el Catatumbo, a acompañar a sus campesinos, a exigir al gobierno negociar con los manifestantes una cuerdo en condiciones justas, a hacer frente a la violenta arremetida de la Fuerza Pública y a exigir justicia por las víctimas.
