El 29 de agosto de 2006, el Gobierno colombiano publicó el decreto 2898 de 2006, el cual regula la ratificación que los miembros de los grupos paramilitares deben hacer para ser beneficiarios de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. De igual forma lo hizo con dos proyectos de decretos: uno que reglamentaría esta última y otro que reglamentaría la Ley 782 de 2002 -o de orden público-, los cuales fueron puestos a consideración de la opinión pública mediante un mecanismo de consulta que consistió en el envío de comentarios por medio de correo electrónico antes del 3 de septiembre de 2006.