Es contradictorio y paradójico que por un lado el Estado y la Farc-EP avanzan cualitativamente en el proceso de paz y que se anuncia que pronto se inicia la fase pública de las negociaciones con el ELN, por otro lado se aumenta la criminalización y judicialización de la organización popular, como se presenta en el Urabá Antioqueño, específicamente corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartado, donde la se viene presentando una serie montajes judiciales contra miembros de la Asociación Campesina de san José de Apartadó –ACASA-. Desde el 22 de noviembre a la fecha han dado 5 detenciones contra hombre y mujeres pertenecientes a esta Asociación, la cual hace parte de la Mesa Territorial de Garantías Antioquia.
Frenar la percusión contra las organizaciones campesinas, no más montajes judiciales.
Caso San José de Apartadó.
Hoy, cuando estamos a un paso que por fin logremos iniciar la construcción de la paz, de avanzar en resolver el conflicto social y político en un contexto sin guerra entre estado e insurgencia, El Estado Colombiano, por medio de la Fiscalía, continua incrementando su persecución contra las organizaciones sociales por todo el territorio nacional orquestando nuevos montajes judiciales con los líderes y lideresas sociales, basados en falsos testimonios de supuestos guerrilleros conversos.
Es contradictorio y paradójico que por un lado el Estado y la Farc-EP avanzan cualitativamente en el proceso de paz y que se anuncia que pronto se inicia la fase pública de las negociaciones con el ELN, por otro lado se aumenta la criminalización y judicialización de la organización popular, como se presenta en el Urabá Antioqueño, específicamente corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartado, donde la se viene presentando una serie montajes judiciales contra miembros de la Asociación Campesina de san José de Apartadó –ACASA-. Desde el 22 de noviembre a la fecha han dado 5 detenciones contra hombre y mujeres pertenecientes a esta Asociación, la cual hace parte de la Mesa Territorial de Garantías Antioquia.
Es necesario precisar que la población de San José de Apartado y ACASA han sido víctimas de constantes señalamientos públicos por parte la Brigada XXVII, en los cuales los señala de ser parte de las Farc- ep, prácticamente no hay actividad desarrollada por ACASA que no sea estigmatizada por parte de miembros de dicha brigada.
Los líderes víctimas de estos montajes judiciales han sido hasta el momento:
Arley Cartagena, líder campesino, defensor de derechos humanos, miembro de la Asociación Campesina de san José de Apartadó – ACASA- y de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartadó. Así mismo es miembro activo de Marcha Patriótica, de la Mesa de Derechos Humanos de San José de Apartadó en coordinación con la Gobernación de Antioquia, de la Cumbre Agraria y de la Mesa Territorial de Garantía, fue detenido el 22 de diciembre de 2015. Es preciso mencionar que Arley ha sido víctima de amenaza de muerte por parte del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanista o Urabeños, así como de constantes señalamiento de miembros de la Brigada XVII.
Laura Cataño, lideresa campesina, presidenta de la Acción Comunal de San José de Apartado, pertenece a la Asociación Campesina de san José de Apartadó – ACASA- , de Marcha Patriótica, de la Mesa de Derechos Humanos de San José de Apartadó en coordinación con la Gobernación de Antioquia, de la Cumbre Agraria.
La señora Laura fue detenida el 22 de diciembre de 2015 cuando se prestaba a realizar la asistencia humanitaria en la estación de policía del Reposo a Arely Cartagena.
Juan Bautista Celada, líder campesino, presidente de la Junta de Acción Comunal
de la vereda Arenas Altas y miembro Asociación Campesina de san José de Apartadó – ACASA, capturado el 22 de enero de 2016.
Silvia Rosa Sepúlveda, lideresa campesina miembro Asociación Campesina de san José de Apartadó – ACASA, capturado el 22 de enero de 2016.
Oscar Muñoz Porras, líder campesino, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Arenas Altas y miembro Asociación Campesina de san José de Apartadó – ACASA, capturado el 22 de enero de 2016.
Igualmente el día domingo 24 de enero de 2016, individuos vestidos de civil y bajos los efectos de licor llegaron al corregimiento de San José de Apartadó a bordo de un vehículo tipo camioneta, inmediatamente intentan retener ilegalmente al campesino Pedro Pablo Rivera, estos personas en ningún momento se identificaron ni mostraron la orden de Captura, en vista de esto y con la experiencia nefasta del accionar criminal de los grupos paramilitares en la región, y evitando una desaparición forzada o una ejecución extrajudicial, los pobladores se opusieron a la retención ilegal, en medio de esta situación La unidades del ejército acantonadas en el casco poblado del corregimiento intervinieron favor de los desconocidos, lo que llevo a que la comunidad reclamara para que estos sujetos se identificaran y mostraran la orden de captura, solicitud que fue infructuosa ya que nunca se identificaron ni mostraron la orden de captura. Es así que la comunidad se mantuvo en la decisión y no permitió la retención ilegal de campesino.
Desde el Proceso Social de Garantías Antioquia expresamos la preocupación que hay alrededor de los temas de criminalización y de montajes judiciales contra el movimiento social ya que es el Estado el máximo responsable de la protección de los derechos de los ciudadanos, es contradictorio que mientras se negocia en la Habana los acuerdos fundamentales para la paz del país, en los territorios no existe coherencia en relación a la actuación de los aparatos estatales.
Igualmente rechazamos vehemente esta campaña de persecución que se viene adelantando contra el movimiento campesino, para este caso particular contra Asociación Campesina de san José de Apartadó – ACASA-, y contra la población de este corregimiento, no cabe duda que estas judicializaciones, que estos montajes judiciales van dirigidos a la destrucción de los procesos organizativos en defensa del territorio, la paz y los derechos humanos.
Esta persecución es un mal mensaje para las organizaciones sociales y para la sociedad colombiana que esperamos que en el posacuerdo el gobierno cumpla y permita la ampliación y profundización real de la democracia en nuestro país, donde la participación política, que va más allá de lo electoral, sea real y no una falacia. Una razón más para rechazar categóricamente la criminalización y judicialización de la organización popular, sus líderes y de defensores de derechos humanos.
Por ultimo exigimos el respeto al debido proceso, que se brinden las garantías a los líderes y lideresas campesinas de ACASA, y que por ningún motivo el Estado realice acciones, operativos o procedimientos ilegales que ponga en riesgo la vida de pobladores de territorios.
Proceso Social de Garantías Antioquia
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