Foto: Corporación Jurídica Yira Castro
Los últimos días de marzo y primeros de abril trajeron una cascada de acontecimientos de inocultable gravedad e importancia para el futuro inmediato del país. Con el fondo de cierto estancamiento en las negociaciones de La Habana con las FARC debido a las dificultades en el punto de las garantías de seguridad para los miembros de la guerrilla en el pos-acuerdo y el anuncio del inicio de diálogos con el ELN, se produjo entre el 31 del mes pasado y el 1° del mes que corre, el llamado paro armado convocado por el grupo paramilitar Clan Úsuga que afectó varios departamentos.
Al día siguiente, se efectuaron las marchas del Centro Democrático en protesta contra el proceso de paz y casi seguidamente, poco después, el martes 5, como colofón de esa semana no apta para cardíacos, el Procurador General de la Nación arremetió, en el municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena, contra la ley de víctimas y restitución de tierras. Su pronunciamiento se dio en audiencia que contó con la presencia del viceministro para el Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados; el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie; el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal; el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez; y representantes del Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Magdalena y la Alcaldía local.
En principio debía ser una mesa de trabajo o escenario de diálogo y acuerdos entre autoridades y la comunidad. Sin embargo, se convirtió en una encerrona a las autoridades nacionales por la presencia abrumadora de voceros de organizaciones enemigas de la restitución de tierras, de personajes cuestionados por su cercanía con los paramilitares que sembraron el terror en la zona, incluyendo algunos firmantes del famoso Pacto de Chivolo con el tristemente célebre Jorge 40, todos declarados enemigos de la restitución que han acudido a las vías de hecho y a la intimidación de los líderes prorrestitución y de campesinos a cuyo favor se han decretado sentencias amparando sus derechos gracias a su valerosa resistencia y con el acompañamiento permanente de la Corporación Jurídica Yira Castro.
Es así como, en la llamada mesa de trabajo antirrestitución, la voz cantante la llevaron el Procurador y el presidente de Fedegán. Este último hizo una intervención realmente incendiaria, al grado de afirmar que la ley 1448 es la cuota inicial de la entrega del campo colombiano a las Farc e insinuó que los reclamantes son guerrilleros, lo que no solamente es una revictimización sino que los pone en un riesgo mucho mayor del que ya sufren.
Por su parte el Procurador, que debería investigar y sancionar las conductas contrarias a la ley, como la ocurrida poco antes en el mismo territorio, cuando los mismos sectores presentes en la famosa audiencia impidieron la entrega de una hacienda a los campesinos desplazados que contaban con un fallo favorable, de manera más sinuosa sugirió que debe ampararse a los poseedores de buena fe, al tiempo que deslegitimó la restitución y con su actitud estimula la acción violenta contra los justos reclamos de los despojados y traba las acciones restitutorias.
No es coincidencia la cercanía en el tiempo y en el discurso de esta cruzada desestabilizadora de Ordóñez, que además anuncia que continuará en otras regiones, con el paro armado y la marcha en contra de los diálogos de La Habana, en la que fue notoria la presencia de personas que portaban camisetas con lemas antirrestitución en Cesar, así como de grupos neonazis.
Curiosa manera de celebrar el Día Nacional de la Memoria Histórica y de solidaridad con las víctimas que se conmemora el 9 de abril de cada año, por parte de una entidad que como cabeza del Ministerio Público debería ser la primera en encarnar el Estado Social de Derecho y de defender a las víctimas del terrible despojo ocurrido en las últimas décadas.
El Gobierno Nacional, cuyo retiro de las presuntas audiencias o mesas de trabajo de la Procuraduría saludamos, debe adoptar una actitud más firme contra estas actuaciones verdaderamente ilegales y provocadoras, proteger a las y los campesinos, sus organizaciones y representante legales, y subsanar las fallas(1) que se presentan en la restitución de tierras y reparación de las víctimas, y en general en la aplicación de la ley sobre la materia, caracterizada por su lentitud, trabas burocráticas y debilidad frente a los despojadores y sus testaferros.