El 16 de mayo de 1998, paramilitares de las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC, en asocio criminal con integrantes del Ejército, la Policía Nacional y el DAS, incursionaron en los barrios El Campín, El Divino Niño, El Campestre y María Eugenia, ubicados en la zona suroriental del municipio de Barrancabermeja, Santander, a bordo de varios vehículos en los cuales procedieron a subir por la fuerza e intimidando con sus armas, a las personas que eran señaladas por los informantes que los acompañaban, de ser colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Quienes no acataban la orden de eran asesinados en el mismo lugar. Una de las víctimas en presencia de su familia.

Aún hoy se desconoce el número exacto de las personas desaparecidas, pero en los expedientes se registran 25, y otras 7 asesinadas. Hasta la fecha han sido hallados 10 cuerpos de las víctimas y 8 han sido identificados y entregados a sus familiares.

Un año después de la masacre, un Tribunal Internacional de Opinión, TIO, conformado por personalidades reconocidas en el ámbito de los derechos humanos, condenó al Estado colombiano por la masacre de Barrancabermeja. Un fallo sin carácter vinculante, desde la conciencia ética de la humanidad, que en su momento fue desconocido por el Expresidente Andrés Pastrana Arango.

Aún así, las víctimas continuaron en su exigencia de justicia, y por estos hechos cumplen condena los paramilitares Mario Jaimes Mejía, alias “El panadero” Fremio Sánchez, alias “Comandante Esteban ó Juan Carlos”, Joaquín Morales, alias ‘Danilo’, Alexander Gutiérrez, alias ’Picúa’, y Wilman Castro Almeida, alias “Resorte”, entre otros.

El pasado mes de abril, en desarrollo del proceso penal adelantado por la Fiscalía 34 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, concluyeron las investigaciones a José Eduardo González Sánchez, entonces Sub jefe de seguridad de Ecopetrol y Pedro Ancizar Cáceres Cervera, alias Marisol, uno de los autores materiales de la masacre. Ahora la Fiscalía decidirá si encuentra el mérito suficiente para proferir un llamamiento a juicio de estas personas como responsables de la masacre.

Dentro del proceso de reparación directa adelantado por de la jurisdicción contencioso administrativa, mediante sentencia del pasado 31 de marzo fue declarada la responsabilidad administrativa del Estado – Ejército Nacional, la Policía Nacional y el entonces Departamento Administrativo de Seguridad DAS – por la grave omisión de su deber constitucional de participar activa y eficazmente en la defensa de los derechos humanos de la población, al permitir la ocurrencia de la masacre y no desplegar acción alguna para salvaguardar la vida de los habitantes del puerto petrolero que fueron asesinados durante estos hechos. La demanda no reconoce la responsabilidad por acción, derivada de la particiación de agentes estatales plenamente probada a lo largo del proceso.

No obstante, estos avances en 18 años de exigencia de las víctimas, aún hoy está pendiente la vinculación al proceso penal de los demás miembros de las AUSAC que tuvieron participación en los hechos.

Los oficiales que actualmente se encuentran en juicio por su participación en la masacre son: Oswaldo Prada Escobar, Oficial de inteligencia del batallón Nueva Granada; Antonio Daza Camargo, Comandante de la Base Pozo Siete; y John H. Guzmán Santos, Comandante de la Base Termoeléctrica, así como el Coronel de la Policía Joaquín Correa López, Comandante operativo de la policía en el Magdalena medio.

Es importante señalar aquí las dilaciones que se han venido presentado y que, por tercera ocasión, han pospuesto el inicio de la audiencia preparatoria de juicio. En consecuencia, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, representante de víctimas, ha solicitado al juez requerir a los abogados de la defensa para que se abstengan de propiciar nuevos aplazamientos, que los procesados sean trasladados a las audiencias programadas, y sus defensores acudan oportunamente a las mismas.

Tampoco ha sido posible que la Fiscalía identifique y vincule efectivamente a la totalidad de miembros de la fuerza pública y organismos de inteligencia del Estado que se concertaron con los paramilitares para facilitar la comisión de esta masacre.

Por eso hoy, cuando se conmemoran 18 años de las estos hechos atroces, el Estado Colombiano sigue en deuda con las víctimas en materia de justicia, pese a las insistentes solicitudes, aún no se logra la plena identificación e individualización de los empresarios y comerciantes que financiaron la incursión paramilitar.

En materia de verdad y reparación integral, desde el año 2013 se encuentra pendiente la programación, en coordinación con la Unidad de exhumaciones de Justicia y Paz, de una nueva búsqueda de cuerpos de las víctimas de la masacre que continúan en situación de desaparición forzada, quienes según los paramilitares, fueron enterrados por ellos mismos en la zona rural de Sabana de Torres.

Cada 16 de mayo se conmemora en Barrancabermeja el Día de la Víctima, por decreto municipal. En la mañana de hoy se realizó un acto de memoria con palabras de organizaciones y autoridades locales y regiohnales, y en la tarde se realizan actos culturales en los barrios donde ocurrió la masacre.

18 años después, las víctimas de la masacre del 16 de mayo siguen exigiendo verdad, justicia reparación integral y garantías de no repetición, en su región donde aún el paramilitarismo continúa ejerciendo el control social. Sólo la actuación eficaz de la justicia y la desarticulación total de las estructuras criminales garantizará que atrocidades como las vividas durante la masacre de Barrancabermeja, no se repitan.