2006 En cumplimiento de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH- que ordena efectuar un reconocimiento público de responsabilidad estatal a la Convención Americana, por el asesinato de la niña Leidy Dayán Sánchez a manos de la policía, el Estado colombiano, a través del Director General de esta institución, Jorge Daniel Castro, descubrirá el próximo lunes 20 de noviembre, un monumento en su memoria en las instalaciones del colegio Distrital Villa de Dindalito, lugar donde realizaba sus estudios la joven.

Como se recordará, ese día, 21 de marzo de 1998, aproximadamente a las 10:30 de la noche, un grupo de niños que se desplazaban por las calles del barrio Patio Bonito, entre los que se encontraba Leidy Dayán, fue sorprendido por los disparos que realizaron desde sus patrullas miembros de la Policía Nacional, entre estos, los agentes Tulcán Vallejos, Cuspián Chavéz, Sánchez Romero y Sierra Florían.

Minutos después la niña fue encontrada por una unidad contraguerrilla que se movilizaba por el sector, quienes la trasladaron al CAMI de Patio Bonito, lugar donde se le prestaron los primeros auxilios, antes de ser remitida al Hospital de Kennedy, donde finalmente falleció.

Leidy recibió el disparo por la espalda en la zona occipital y parietal izquierda de la cabeza en momentos en que corría, en el instante en que miraba hacía atrás, luego que el grupo de niños asustados por lo que ellos creyeron grupos armados fuera de la ley, comenzaran a correr.

No obstante la gravedad de los hechos en los que se vio involucrada ésta menor de edad, la justicia colombiana exonero de culpabilidad a los responsables. En razón del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” “no se investigaron las contradicciones existentes entre los testimonios, la prueba absorción atómica, la prueba de balística y el protocolo de necropsia”, lo que condujo a presentar el caso ante la CIDH.

Según este ente internacional, frente a la investigación judicial realizada en Colombia, “ las autoridades faltaron al deber de adelantar una investigación y un proceso judicial con las garantías necesarias para asegurar el respeto de los parámetros establecidos en la Convención Americana”. A lo que agregan “Su muerte se produjo como consecuencia del accionar de agentes del Estado, cuando se encontraba en estado de indefensión y por lo tanto no fue objeto de medidas especiales de protección requeridas en razón de su edad y condición de vulnerabilidad”

Ocho años después de aquel fatídico día, el Estado Colombiano reconoce su responsabilidad en el asesinato de Leidy, mediante un acto público que se llevará a cabo el próximo lunes 20 de noviembre en las instalaciones del colegio donde cursaba sus estudios la niña, ubicado en la Carrera 93 A NO. 42 A- 37 Sur

Sin embargo esto no es suficiente. La justicia aún no llega. Quién responderá por los juegos compartidos con su hermanita menor, por sus sueños de llegar a ser profesional, por las complicidades juveniles con sus hermanos, por el abrazo compartido con sus padres, que desde aquel día se vieron truncados?.

El asesinato de Leidy no es solo un caso más perdido en las estadísticas. Es el asesinato de una niña cometido por quienes tienen a cargo la protección de las personas y dicen ser los garantes de nuestros derechos.