El fallo señala a Sor Teresa como la coautora material de múltiples desarraigos arbitrarios de pobladores de la zona de Tulapas, municipio de Turbo Antioquia, entre 1995 y 1999. De ello dan cuenta varios de los testimonios de las víctimas, quienes señalaron a la mujer como la persona que las despojó y les arrebató sus tierras. Foto: verdadabierta.com
Después de haber sido acusada el 26 de febrero del 2018 por la Fiscalía 7 de la Dirección Especializada Contra la Corrupción de la ciudad de Bogotá, el pasado 10 de junio el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo Antioquia condenó a 126 meses de prisión a Sor Teresa Gómez Álvarez, por los delitos de concierto para delinquir, apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de la población civil contra al menos 148 víctimas.
El fallo señala a Sor Teresa como la coautora material de múltiples desarraigos arbitrarios de pobladores de la zona de Tulapas, municipio de Turbo Antioquia, entre 1995 y 1999. De ello dan cuenta varios de los testimonios de las víctimas, quienes señalaron a la mujer como la persona que las despojó y les arrebató sus tierras.
Esta decisión es importante porque reconoce que los miembros de las AUC ejercieron actos hostiles en la zona del Urabá y tomaron posesión irregular de las tierras que más tarde fueron destinadas a la siembra de palma. Además, establece que la compra de las tierras y la “legalización” de las mismas se hicieron a través del Fondo Ganadero de Córdoba. Según el fallo, estos hechos delictivos tuvieron un fin “estratégico en materia económica, militar, de control social y de recursos… que se sirvieron del accionar delictivo del grupo armado de las AUC para lograrlos” lo que en concepto del juzgado consolidó un proyecto regional.
Sin embargo, llama la atención que a lo largo del texto de la sentencia pareciera darse una contradicción con la afirmación inicial, pues de manera reiterada se alude a las declaraciones de los paramilitares y a fuentes bibliográficas para explicar la presencia paramilitar como consecuencia del accionar guerrillero, y al despojo como un propósito secundario: “Efectivamente, la prueba es contundente en demostrar que el grupo de la Casa Castaño se concertó con la finalidad de cometer de manera indeterminada desplazamientos forzados en la zona de Tulapas y Pueblo Bello, pues mientras unos de sus integrantes se dedicaban a combatir con los grupos guerrilleros otros aprovechaban para proceder a la siembra y explotación de la tierra.” P. 60
Cabe destacar que en la actualidad por estos mismos hechos han sido llamados a juicio Carlos Alberto Grajales, Fabián Darley Roldán Villa, y Jorge Eljach Zúñiga, quienes actuaron como intermediarios de las ventas fraudulentas. Estas personas aparecían facultadas para vender los predios de las víctimas a través de poderes que aquellas firmaron con engaños e intimidaciones.
Según revelaciones del portal verdadabierta.com, en 2011, la Superintendencia de Notariado y Registro revisó irregularidades en matrículas inmobiliarias de 1.400 predios rurales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, que atiende los municipios de Apartadó, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Turbo. Esta agencia estatal constató que las ventas se hicieron a través de falsos poderes entregados a terceros. De 103 casos analizados, 75 corresponden a predios en Las Tulapas.
La verdad sobre la violencia paramilitar, sus orígenes, sus nexos con agentes estatales, actores económicos y políticos es una deuda histórica con las víctimas y la sociedad colombiana. Esta decisión, sin duda, es un aporte para avanzar en la determinación del conjunto de la estructura criminal que despojó a cientos de familias en el Urabá Antioqueño.