Las constantes denuncias de las organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre el falso proceso de desmovilización propiciado por el Gobierno de Uribe están empezando a ser reconocidas oficialmente. Naciones Unidas ya alertó que durante 2005 siguió vigente “la influencia del paramilitarismo en distintas regiones del país, mediante presiones, amenazas y acuerdos clandestinos para controlar aspectos políticos, económicos y sociales locales.
Las constantes denuncias de las organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre el falso proceso de desmovilización propiciado por el Gobierno de Uribe están empezando a ser reconocidas oficialmente. Naciones Unidas ya alertó que durante 2005 siguió vigente “la influencia del paramilitarismo en distintas regiones del país, mediante presiones, amenazas y acuerdos clandestinos para controlar aspectos políticos, económicos y sociales locales.
En el nivel nacional persisten supuestos vínculos con representantes del Estado, incluyendo políticos y parlamentarios. (…) En varias regiones del país los paramilitares controlan gran parte del comercio y otras actividades, legales e ilegales, y poseen grandes extensiones de tierras y muchas propiedades que, en numerosos casos, figuran a nombre de testaferros”.
A una conclusión similar se puede llegar de la lectura del sexto informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA, [[La MAPP/OEA es fruto del acuerdo que firmaron en enero de 2004 el Gobierno colombiano y la Secretaría General de la OEA para verificar y acompañar las iniciativas de paz que se adelanten con grupos armados organizados al margen de la ley. ]]de marzo de 2006, donde se explica que se está poniendo en peligro el proceso de paz a largo plazo porque el programa de reinserción está en crisis y cita los tres “fenómenos posteriores a las desmovilizaciones que preocupan a la Misión”: el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; reductos que no se han desmovilizado, y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos paramilitares.
El 30 de mayo de 2006 se celebró una Junta Nacional de Inteligencia en la sede del Ministerio de Defensa en el que se dio a conocer un informe confidencial denominado Bacrim (Bandas Criminales Emergentes) en el que se documenta la existencia de una nueva generación de paramilitares que está reemplazando a los supuestamente desmovilizados, según reveló la revista Cambio en junio. En el reportaje periodístico, titulado El reciclaje `para’, se informa de la existencia de 22 grupos ilegales nuevos, con unos 2.500 hombres en armas, que están constiyuyendo redes de apoyo en amplias zonas del país. Documentos más recientes aportados en el foro Balance del proceso de desmovilización y reinserción de las AUC (celebrado en agosto en Bogotá con la participación de altas autoridades del Gobierno) elevan a 43 las formaciones en las que se han reciclado los paramilitares . El proceso que se ha seguido en todos ellos es similar. Primero, atendieron el llamamiento del Gobierno y se desmovilizaron en actos públicos donde las autoridades se vanagloriaban del éxito obtenido. Sin embargo, no estaban todos los que son -muchos de los que se entregaban habían sido reclutados entre los delincuentes o eran narcotraficantes que se queríán acoger a los beneficios de la ley de “Justicia y Paz” – [[Como ejemplo, valga mencionar el caso de Juan Carlos Sierra, alias el Tuso. En marzo de 2005, el propio presidente Álvaro Uribe señaló a Sierra como un “narcotraficante que estaba posando como paramilitar”. Sin embargo, a pesar de las críticas de la Organización de Estados Americanos, el Gobierno decidió a mediados de agosto de 2006 reconocer a Sierra como miembro de las AUC argumentando que esa organización lo considera uno de los suyos, tras lo cual suspendió las ordenes de captura en su contra y extradición a Estados Unidos (Roces entre Colombia y la OEA por narcoparamilitar, noticia difundida por Associated Press el 23-8-06).]]ni se deshicieron de todas las armas de que disponían. [[ “Hernán Giraldo, comandante del Bloque Resitencia Tayrona, quien el 3 de febrero pasado, después de cumplidos los actos protocolarios de la desmovilización de los 1.166 hombres que estaban bajo su mando, les dijo en voz baja a varios asistentes que su grupo y algunas estructuras del Bloque Norte guardarían, por si acaso, buena parte de sus armas para usarlas de nuevo si el Gobierno incumplía los acuerdos de Santa Fe de Ralito. ‘Esto es por si nos toca reagruparnos’, dijo.” (El reciclaje ‘para’, revista Cambio, junio 2006)
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De esa forma, en poco tiempo, muchos de ellos se reorganizaron en estructuras bautizadas con los nombres de los primeros grupos paramilitares o con referencias a su pasado reciente (Nueva Generación Parmilitar, Recomposicón Paramilitar) y volvieron a sus actividades terroristas y delincuenciales que sólo habían abandonado temporalmente. En el reportaje de Cambio se explica cómo estos grupos amenazan a los comerciantes si no les pagan cuotas y cómo han vuelto a recuperar el control del negocio del narcotráfico y de las rutas de contrabando en las regiones fronterizas, “La reactivación del paramilitarismo en los departamentos de la región atlántica responde a la necesidad de conservar la participación que los antiguos grupos, asociados con cuestionados empresarios como Enilce López, La Gata, lograron consolidar en negocios legales e ilegales de la región”, asegura Jorge Calero, analista de la Defensoría del Pueblo. Además, otro hecho palpable de que muchas de las estructuras paramilitares siguen intactas son los laboriosos y coordinados operativos que se han llevado a cabo para ocultar pruebas penales en su contra y eludir reparaciones a las víctimas. En los medios de comunicación se han relatado numerosos casos en que las autoridades judiciales han acudido a lugares donde se había denunciado la existencia de cementerios clandestinos y se han encontrado con que los cadáveres habían sido exhumados días antes. [[Trasteo de cadáveres, revista Cambio de julio de 2006. En el artículo se explica, entre otros, el caso de una hacienda de La Guajira donde se hallaron 400 fosas, pero sólo 32 cadáveres, y varios testigos dijeron que dos días antes hombres armados habían excavado, incluso con máquinas, algunas tumbas.]]
Los paramilitares que no se han integrado en estas nuevas bandas han pasado a formar parte de los cuerpos de seguridad de empresas o se han reconvertido en cooperantes e informantes de la Fuerza Pública, soldados campesinos, vigilantes en las carreteras o cualquiera de las otras medidas de la política de “seguridad democrática” dispuestas, precisamente, para dar cobertura legal a los ex integrantes de los escuadrones de la muerte. En septiembre de 2005, el Gobierno presentó un plan para vincular a 2.000 paramilitares a “actividades de reparación y restauración del orden”, una especie de policía cívica.[[Esta iniciativa y otras que pretenden fomentar la participación de los desmovilizados en tareas relacionadas con la seguridad han sido durante criticadas por organizaciones internacionales de derechos humanos. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló: “Considerando las reiteradas denuncias y observaciones sobre la existencia de nexos entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares, es aconsejable evitar la asociación de los desmovilizados en actividades vinculadas con instituciones de seguridad” (informe sobre Colombia 2005). Por su parte Amnistía Internacional afirmó, en su análisis sobre la situación en 2005, que “esta decisión suscitó temores de que se estuviesen reproduciendo los mecanismos que provocaron la aparición de los grupos paramilitares, e hizo dudar del compromiso del gobierno de reincorporar plenamente a los combatientes a la vida civil”.]]
Pero el reconocimiento oficial y público de que está fallando la reinserción de los paramilitares no obedece a una intención sincera de asumir los errores para tratar de reconducir el proceso de negociaciónes con las AUC para que haya un abandono efectivo de las armas y el desmonte total de sus estructuras de control político, social y económico. El Gobierno de Uribe, al admitir estos fallos, pretende mandar un doble mensaje a la opinión pública nacional e internacional: es imprescindible la cooperación económica del exterior para asegurar la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil y hay que ser benevolentes en el castigo que se impone a los que renuncian a las armas para que no se se sientan tentados a tomarlas de nuevo. Así, si se atiende este mensaje-advertencia, el Gobierno de Uribe Vélez dispondrá de los recursos materiales necesarios y del marco legal propicio para cumplir con el objetivo inicial de todo este proceso:la legalización del paramilitarismo.
Notas
[1] La MAPP/OEA es fruto del acuerdo que firmaron en enero de 2004 el Gobierno colombiano y la Secretaría General de la OEA para verificar y acompañar las iniciativas de paz que se adelanten con grupos armados organizados al margen de la ley.
[2] Como ejemplo, valga mencionar el caso de Juan Carlos Sierra, alias el Tuso. En marzo de 2005, el propio presidente Álvaro Uribe señaló a Sierra como un “narcotraficante que estaba posando como paramilitar”. Sin embargo, a pesar de las críticas de la Organización de Estados Americanos, el Gobierno decidió a mediados de agosto de 2006 reconocer a Sierra como miembro de las AUC argumentando que esa organización lo considera uno de los suyos, tras lo cual suspendió las ordenes de captura en su contra y extradición a Estados Unidos (Roces entre Colombia y la OEA por narcoparamilitar, noticia difundida por Associated Press el 23-8-06).
[3] “Hernán Giraldo, comandante del Bloque Resitencia Tayrona, quien el 3 de febrero pasado, después de cumplidos los actos protocolarios de la desmovilización de los 1.166 hombres que estaban bajo su mando, les dijo en voz baja a varios asistentes que su grupo y algunas estructuras del Bloque Norte guardarían, por si acaso, buena parte de sus armas para usarlas de nuevo si el Gobierno incumplía los acuerdos de Santa Fe de Ralito. ‘Esto es por si nos toca reagruparnos’, dijo.” (El reciclaje ‘para’, revista Cambio, junio 2006)
[4] Trasteo de cadáveres, revista Cambio de julio de 2006. En el artículo se explica, entre otros, el caso de una hacienda de La Guajira donde se hallaron 400 fosas, pero sólo 32 cadáveres, y varios testigos dijeron que dos días antes hombres armados habían excavado, incluso con máquinas, algunas tumbas.
[5] Esta iniciativa y otras que pretenden fomentar la participación de los desmovilizados en tareas relacionadas con la seguridad han sido durante criticadas por organizaciones internacionales de derechos humanos. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló: “Considerando las reiteradas denuncias y observaciones sobre la existencia de nexos entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares, es aconsejable evitar la asociación de los desmovilizados en actividades vinculadas con instituciones de seguridad” (informe sobre Colombia 2005). Por su parte Amnistía Internacional afirmó, en su análisis sobre la situación en 2005, que “esta decisión suscitó temores de que se estuviesen reproduciendo los mecanismos que provocaron la aparición de los grupos paramilitares, e hizo dudar del compromiso del gobierno de reincorporar plenamente a los combatientes a la vida civil”.