Bogotá, 4 de marzo de 2026. El pasado 2 de marzo de 2026, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Tunja profirió sentencia condenatoria contra dos agentes del extinto F-2 de la Policía Nacional por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial del profesor y líder sindical Santos Mendivelso Cocunubo, ocurrida el 5 de abril de 1991 en el municipio de Turmequé. 

“(…) La persecución contra el profesor está relacionada con el hecho de que era un líder sindical que defendía la educación pública y exigía que se nombraran maestros para que los estudiantes de sectores pobres de Boyacá asistieran y pudieran recibir clases en la escuela (…) Esperamos que después de casi 36 años de ocurrido este crimen, el Estado ejecute por lo menos las órdenes de captura y que estos criminales paguen sus penas respectivas (…),” señaló Eduardo Carreño Wilches, cofundador de Cajar y representante de víctimas.  

Los condenados, Gustavo Amaya Ruiz y Eyery Flórez Bautista, fueron sentenciados a la pena principal de 234 meses de prisión (19.5 años) como coautores del delito de homicidio agravado por su participación en este crimen, que durante décadas permaneció en la impunidad. También fueron inhabilitados por 10 años para ocupar cargos públicos.  

En su decisión, el juzgado estableció que el homicidio no fue un hecho aislado, sino que se cometió en el marco del accionar sistemático de estructuras paramilitares que operaban en la región, con participación y aquiescencia de agentes estatales. El despacho concluyó que los hechos hicieron parte de un ataque generalizado contra la población civil, dirigido especialmente contra líderes sociales y sindicales, razón por la cual fueron calificados como crimen de lesa humanidad, reafirmando su carácter imprescriptible. 

La sentencia valoró de manera integral el acervo probatorio, incluyendo testimonios, declaraciones rendidas desde 1994 y demás elementos que permitieron acreditar la planeación y ejecución del crimen, así como el intento posterior de encubrimiento mediante la estigmatización de la víctima. El fallo señala que la presentación del profesor como supuesto integrante del Ejército de Liberación Nacional – ELN- constituyó una maniobra orientada a justificar la ejecución y desviar la acción de la justicia. 

Asimismo, el juzgado reconoció las graves afectaciones causadas a la familia y a la comunidad, destacando la ruptura del proyecto de vida del profesor, el impacto prolongado del crimen y el sufrimiento derivado de más de tres décadas de impunidad. La decisión subraya el deber del Estado de garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. 

Los hechos 

En la mañana del 5 de abril de 1991, hacia las siete, el profesor Santos Mendivelso Cocunubo se dirigía a cumplir sus labores como docente en uno de los colegios de Turmequé, Boyacá, cuando fue interceptado en vía pública por dos hombres vestidos con ruana, sombrero y bufanda. Uno de ellos accionó un arma de fuego en su contra, causándole múltiples heridas que le produjeron la muerte de manera inmediata. 

Los agresores huyeron en un vehículo rojo marca Toyota, en la vía que conduce al municipio de Nuevo Colón. 

El caso fue inicialmente asumido y archivado por la justicia penal militar entre 1994 y 1995. Posteriormente fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 1999 concluyó en su Informe de Fondo que el Estado colombiano era responsable por la violación de los derechos a la vida y a la protección judicial, y ordenó la reapertura del caso en la jurisdicción ordinaria. 

Según Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó en 2011 reabrir el caso y enviarlo a la justicia ordinaria el 21 de enero de 1994, Valentín Montañéz González señaló a varios miembros de la Policía Nacional adscritos al F-2 (SIJIN) como responsables de planear y ejecutar el asesinato, indicando que el móvil estuvo relacionado con la actividad sindical y el señalamiento de una supuesta vinculación subversiva, en un contexto de persecución contra el liderazgo social. 

Posteriormente, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado colombiano por su responsabilidad internacional por estos hechos. 

Docente y líder sindical 

Santos Mendivelso Cocunubo era docente en Turmequé, integrante del Sindicato de Maestros de Boyacá y afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Se destacó por su compromiso con la defensa de los derechos del magisterio y por sus denuncias frente a graves situaciones que afectaban a la comunidad. 

Su asesinato refleja dos realidades históricas del conflicto colombiano: la persecución contra el pensamiento democrático y el liderazgo social, y la práctica de ejecuciones extrajudiciales que luego eran encubiertas mediante montajes judiciales o señalamientos de supuestos vínculos con grupos insurgentes. 

La verdad y la justicia en el caso del profesor Santos Mendivelso Cocunubo son fundamentales para la memoria de su familia, de su comunidad y del movimiento sindical, así como para la garantía de no repetición de crímenes de Estado como estos en Colombia.