Se evidencia una vez más, que la empresa ejerce su poder para evitar que los y las ciudadanas que le reclaman puedan ejercer y realizar sus derechos, y que el estado colombiano en sus diferentes niveles desampara a las comunidades situándose al lado de estas empresas profundizando con ello, las enormes asimetrías de poder que se imponen en los territorios como el nuestro de interés para actividades extractivas.

Nuestra comunidad, habitante del corregimiento de Tabaco (municipio de Hatonuevo) en La Guajira colombiana, fue violentamente despojada de su territorio ancestral para la implementación del megaproyecto Cerrejón de extracción de carbón a tajo abierto.
Luego de catorce años del desalojo, en los que hemos luchado por nuestros derechos y hemos obtenido sentencias que obligan a la reubicación del pueblo, la empresa Cerrejón y la alcaldía de Hatonuevo persisten en su abuso de poder en contra de nuestra comunidad para evadir sus responsabilidades en la reubicación.
Ahora, insistiendo en los mecanismos de división y ruptura de nuestra organización Junta Social Pro Reubicación de Tabaco, se atribuyen facultades estatutarias exclusivas de sus miembros que están amparadas por el derecho de asociación y la autonomía organizativa.

Con esto confunden y distorsionan la información convocando a asambleas extraordinarias sin nuestro consentimiento. Esto nos ha obligado a presentar nuevos recursos jurídicos. En el último de ellos el juez de Hatonuevo ordenó a la empresa y a la alcaldía la “suspensión” de la “asamblea que estaba prevista para el 12 de junio” al analizar las razones expuestas por nuestra organización.

Se evidencia una vez más, que la empresa ejerce su poder para evitar que los y las ciudadanas que le reclaman puedan ejercer y realizar sus derechos, y que el estado colombiano en sus diferentes niveles desampara a las comunidades situándose al lado de estas empresas profundizando con ello, las enormes asimetrías de poder que se imponen en los territorios como el nuestro de interés para actividades extractivas.
Esperamos que la empresa Cerrejón, y la alcaldía de Hatonuevo en representación de la institucionalidad colombiana, por fin, respeten los derechos de las comunidades afectadas por la implementación del megaproyecto carbonífero; escuchen y resuelvan las quejas que cada día se aumentan sobre la pérdida de territorios ancestrales, contaminación y destrucción ambiental, daños en la salud, ruptura de los tejidos sociales, culturales, económicos y agrícolas así como la pérdida sistemática de acceso al agua, la tierra y la justicia.