El Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos, manifiesta la preocupación y solicita su intervención urgente ante la poca, ineficaz y dilatada investigación judicialque adelanta la Fiscalía 98 de la Unidad de Derechos Humanos junto con el CuerpoTécnico de Investigación en el caso de desaparición forzada y homicidio deldefensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza Salcedo, y la grave situación de vulneración sistemática de derechos humanos al movimiento social y popularcolombiano, favorecida por el estado de impunidad en el que se encuentran los casos queatentan contra la vida e integridad de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia.
El proceso de paz en Colombia será un gran fracaso si casos como el de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, no obtienen verdad, justicia y garantías de no repetición.
Presidente de la República
Dr. Juan Manuel Santos
Fiscal General de la Nación
Dr. Eduardo Montealegre
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Dr. ToddHowland
Vicepresidente de la República
Dr. Germán Vargas Lleras
Defensor del Pueblo
Señor Jorge Armando Otálora
Procurador General de la Nación
Señor Alejandro Ordoñez
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Dra. Alma Bibiana Pérez
Ministro del Interior
Dr.Juan Fernando Cristo Bustos
Alto Comisionado para la Paz
Dr. Sergio Jaramillo Caro
Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra.
Dr. Juan José Quintana Aranguren
Misión Diplomática de Colombia en Bruselas.
Dr. Rodrigo Rivera Salazar
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría de Gobierno
Dr. Miguel Uribe Turbay
El Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos, manifiesta la preocupación y solicita su intervención urgente ante la poca, ineficaz y dilatada investigación judicialque adelanta la Fiscalía 98 de la Unidad de Derechos Humanos junto con el CuerpoTécnico de Investigación en el caso de desaparición forzada y homicidio deldefensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza Salcedo, y la grave situación de vulneración sistemática de derechos humanos al movimiento social y popularcolombiano, favorecida por el estado de impunidad en el que se encuentran los casos queatentan contra la vida e integridad de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia.
HECHOS:
1. El 19 de enero de 2015 siendo las 3:00 pm, Carlos Alberto Pedraza Salcedo setrasladó de su casa ubicada en el barrio Molinos II de la localidad de Rafael UribeUribe en Bogotá, hacia la localidad de Teusaquillo donde tendría una reuniónrelacionada con la Comercializadora Agropecuaria El Zipa.
2. El miércoles 21 de enero de 2015 hacia las 9:00 am en atención a la llamada deuna habitante, es encontrado por miembros de la policía, el cuerpo sin vida deCarlos Alberto Pedraza Salcedo en un sector despoblado de la vereda SanBartolomé, denominado “las marraneras” a 60 kilómetros de Bogotá. El cuerpopresentaba notables signos de violencia en la cabeza.
3. El 21 de enero de 2015 en horas de la mañana al parecer integrantes de la SIJINde Gachancipá – Cundinamarca realizaron llamadas telefónicas a números decontacto de la Comercializadora para lograr ubicar familiares de Carlos Pedraza.
En la primera llamada mencionaron el hallazgo de una persona con lascaracterísticas de Carlos, quien tenía entre sus pertenencias varias tarjetas depresentación de la Comercializadora.
En la segunda llamada realizada a un familiar de la víctima, manifiestan queCarlos sufrió un accidente en motocicleta y necesitaban ubicar a algún miembro desu familia.
En la tercera llamada afirmaron que “fue encontrado muerto en los pinos con ungolpe contundente en la cabeza”. Versiones claramente contradictorias.
4. En rueda de prensa del 29 de enero de 2015 el subdirector del Instituto deMedicina Legal Dr. Pedro Morales confirma el hallazgo de “una lesión única porproyectil de arma de fuego en la cabeza, sin ninguna otra lesión asociada”resultados de la necropsia practicada a Carlos Pedraza, además de confirmar unvacío de información respecto a qué sucedió con Carlos Alberto entre el lunes 19de enero en horas de la tarde y el martes, cuando Medicina Legal informó que sucuerpo fue visto sin vida por primera vez.
5. Una vez recibida la noticia criminal por la policía judicial (SIJIN), el caso se llevóante conocimiento de la fiscalía, el cual fue asumido y radicado en la Fiscalía 01de Zipaquirá – Unidad de Reacción Inmediata.
6. Mediante solicitud a la Fiscalía General de la Nación se solicitó el traslado delproceso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía, comoconsecuencia del móvil político de la desaparición y posterior homicidio de CarlosAlberto.
7. El expediente fue enviado a la Oficina 98 de la Unidad Nacional de DerechosHumanos, quien hoy conoce del proceso.
8. En dos oportunidades se radicaron escritos solicitando la práctica de algunaspruebas, con el ánimo de impulsar la investigación y buscar que el hecho noquede en la impunidad y se pueda determinar los autores de los delitos.
9. Una vez reiterada la solicitud, el despacho del Fiscal decretó la práctica de laspruebas, las cuales han tenido trámite tardío.
10.Un año después, el proceso aún no arroja una investigación conducente adeterminar los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada yasesinato del líder y defensor de derechos humanos Carlos Alberto PedrazaSalcedo.
11.No existen garantías para el ejercicio político del movimiento social y popular, todavez que no existe justicia en los casos de violación de derechos humanos a líderesy lideresas, además de las sistemáticas amenazas que a la fecha continúan.
ANTECEDENTES
El asesinato del defensor de derechos humanos y líder social CARLOS ALBERTOPEDRAZA SALCEDO, se dio en el marco de las sistemáticas amenazas que durante losmeses de octubre, noviembre, diciembre de 2014 y enero de 2015 recibieron integrantesde organizaciones sociales, políticas y de defensa de los derechos humanos por parte delas autodenominadas “AGUILAS NEGRAS” grupo perteneciente al paramilitarismocolombiano, acusándolo de estar de acuerdo con el proceso de paz que se vieneadelantando entre las guerrillas y el gobierno.
Es preciso denunciar que el asesinato de Carlos Pedraza, fue un golpe contra el procesode paz, contra la defensa de los derechos humanos y representa a los acérrimosenemigos de la construcción de justicia social en el país, que nos les basto asesinarlesino que también han demostrado durante este año la impunidad que ostentan ante lacomplicidad del estado en la ineficaz investigación del caso, además de hacer visible cuáles la paz que el gobierno abandera, una paz entre desapariciones, balas e impunidad.
La desaparición forzada y homicidio de Carlos Pedraza acrecentó las cifras de asesinatosde defensores de derechos humanos que para el primer semestre de 2015 según informede SOMOS DEFENSORES sumaban 34, la impunidad con la que la justicia colombianaacomoda los casos según conveniencia quedó descrita en este informe “… es cómo 219homicidios de defensores de derechos humanos ocurridos entre enero de 2009 y junio de2013 se encontraban en total impunidad al registrar que el 95% de estos casos nuncapasaron de la etapa de investigación preliminar hecha por la Fiscalía y tan solo un casocontaba con una sentencia en firme contra los asesinos. Es muy posible que la cifra deimpunidad por estos casos ya se encuentre en el 100% acompañada de un inexplicablesilencio institucional de la Fiscalía.
Pasado el tiempo y tomando como referencia las acciones de la Fiscalía en losúltimos años, es posible concluir que existe una decidida falta de voluntad políticay administrativa de la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsablesde las agresiones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos enColombia; pero en contraposición, se evidencia una marcada y decidida celeridad yefectividad de la Fiscalía y sus cuerpos investigadores para JUDICIALIZAR YCRIMINALIZAR a los defensores de derechos humanos y sus acciones cuando sonacusados de diversos delitos.
Lo anterior se sustenta en que en los primeros seis meses del año, 332 defensores ydefensoras fueron víctimas de amenazas mediante 27 panfletos amenazantes contra susvidas y su actividad, y la Fiscalía no mostró avance en UN SOLO CASO.”
Las entidades encargadas han hecho caso omiso a las peticiones de investigación delcaso de Carlos Pedraza por parte del Observatorio para la Protección de los Defensoresde Derechos Humanos (OMCT), de la Federación Internacional de Derechos Humanos(FIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Corte Interamericana deDerechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Seguimos realizando las mismas preguntas que durante este año organizaciones socialeshan planteado.
•¿Existe una resistencia institucional de la Fiscalía para investigar estasamenazas?
•¿Por qué la Fiscalía no ha dado ni un solo resultado a estos casos en al menos 5años?
•¿Es posible que la Fiscalía ya haya dado con los responsables y esté omitiendoesta información por alguna razón?
•¿Por qué las agresiones contra defensores(as) de DD.HH no son importantes parala Fiscalía?
•¿El homicidio de más de 400 defensores de derechos humanos en los últimos 5años no tienen ninguna importancia para la democracia y la construcción de laPaz?
EXIGIMOS:
Con base en estas razones, manifestamos nuestra profunda preocupación ante laimpunidad con la que transcurre el caso de Carlos Alberto Pedraza Salcedo y las nulasgarantías de participación del movimiento social y popular colombiano. Demandamos alas autoridades estatales para que den celeridad a la investigación del caso y se generengarantías que den libertad y seguridad a los y las integrantes del Movimiento Social yPolítico Congreso de los Pueblos. Por lo que instamos:
1. Dar celeridad a la investigación en el caso de desaparición forzada y homicidioque se adelanta en la Fiscalía 98 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
2. Realizar una investigación independiente, imparcial y exhaustiva para dar con losresponsables intelectuales y materiales del asesinato de CARLOS ALBERTOPEDRAZA SALCEDO.
3. Se imponga justicia sobre los responsables de los delitos, se encuentre la verdadsobre el móvil del asesinato y se ponga fin a la impunidad.
4. Se garantice el ejercicio de defensa de la representante de víctimas dentro delproceso adelantado en la Fiscalía.
5. Se proteja la integridad física y psicológica de los miembros del Movimiento Socialy Político Congreso de los Pueblos.
6. Poner fin a todo tipo de amenazas, actos de hostigamiento y atentados contralos miembros del movimiento social y popular colombiano.
7. Garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertadesfundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionalesde derechos humanos ratificadas por el Estado colombiano
8. Asegurar la aplicación de lo dispuesto en la Declaración sobre los Defensoresde los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
Artículo 1, que garantiza la protección del derecho de toda persona “individual ocolectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional einternacional”.
Artículo 12.2, que establece el deber del Estado de garantizar “la protección detoda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza,represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquierotra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechosmencionados en la presente Declaración”.
9. Instamos a los organismos nacionales e internacionales de protección de losderechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen supreocupación ante la gravedad de los hechos y demanden de las autoridadescolombianas el cumplimiento de estas peticiones.
10. Solicitamos a la comunidad Nacional e Internacional y a las organizacionesdefensoras de Derechos Humanos que en el marco del actual proceso de pazcon las insurgencias colombianas, se verifique la situación de los y lasdefensoras de derechos humanos, toda vez que en contravía de lo querepresenta un cambio social y político, el Estado Colombiano continúa violandoderechos fundamentales y dilatando la justicia para evitar la verdad y lareparación a víctimas.
ANEXOS
1. Perfil de Carlos Alberto Pedraza Salcedo.
2. Peticiones de investigación judicial de organismos internacionales.
Firman,
Comisión de Derechos Humanos
Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos
[email protected]
Alberto Castilla
Senador de la República
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
MOVICE
Cumbre Agraria Étnica y Popular
Mesa de Interlocución
Universidad Pedagógica Nacional
UPN