De acuerdo a la información recolectada por la FLIP, a mediados de febrero y tras la publicación de una nota sobre restitución de tierras en el Urabá antioqueño, Juan Carlos Hernández de la Cuesta envió un correo electrónico al reportero cuestionándolo por lo que consideró falta de rigor periodístico e informándole que tanto él como sus hermanos tienen tierras en la zona.

En las últimas semanas la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) conoció el caso de dos periodistas del periódico El Colombiano que recibieron presiones por parte de los señores Juan Carlos Hernández de la Cuesta y Jorge Hernández de la Cuesta en calidad de socios del diario.

De acuerdo a la información recolectada por la FLIP, a medidados de febrero y tras la publicación de una nota sobre restitución de tierras en el Urabá antioqueño, Juan Carlos Hernández de la Cuesta envió un correo electrónico al reportero cuestionándolo por lo que consideró falta de rigor periodístico e informandole que tanto él como sus hermanos tienen tierras en la zona.

Los hermanos Hernández de la Cuesta, además de ser accionistas mayoritarios de El Colombiano, figuran como dueños de la Hacienda Flor del Monte, ubicada en Blanquicet, vereda de Turbo. Sobre este predio existe un reclamo de restitución por parte de un grupo de víctimas.

El 17 de febrero un camarógrafo y un reportero de El Colombiano iniciaron una misión en Apartadó para investigar lo que sucedía en el proceso de restitución de tierras en la región del Urabá. Según le informaron a la FLIP, el reportero recibió una llamada del señor Jorge Andrés Hernández de la Cuesta, hermano de Juan Carlos, quien lo citó a una reunión para hablar de la investigación que él realizaría.

Durante el encuentro, Hernández de la Cuesta le recordó que él era “su patrón”, refiriéndose a que él y sus hermanos son socios mayoritarios del diario, y le indicó con cuáles fuentes debía reunirse, exigiéndole que fuera a la sede de Suganar (Subasta Ganadera del Urabá Grande) en Chigorodó, y a cuáles debía evitar, como a la Fundación Forjando Futuros.

Frente a estos hechos la FLIP aclara que este relato no lo conoció de manera directa por los periodistas que se encontraban en terreno. Sin embargo, tres fuentes coincidieron en la narración y manifestaron su preocupación por la gravedad de los hechos.

La FLIP lamenta y rechaza que marcados intereses personales de los Hernández de la Cuesta sean presentados como lineamientos corporativos de El Colombiano y expuestos de manera directa a los periodistas en un tono que acentúa la subordinación jerárquica, reprocha el cubrimiento desplegado y sugiere cómo debería ser el cubrimiento futuro desde El Colombiano al proceso de restitución de tierras en el Urabá, en donde los Hernández son dueños de tierras en litigio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado que constituye censura indirecta “los abusos en que puedan incurrir particulares que tienen el poder de impedir el libre flujo de las ideas”.

La FLIP rechaza cualquier tipo de injerencia o presión a periodistas frente a sus publicaciones. Los escenarios de controversia frente a la veracidad o imparcialidad de las notas informativas están dispuestos en el artículo 20 de la Constitución y cualquier ciudadano puede activar los mecanismos de rectificación correspondientes.

Los medios de comunicación contribuirían enormemente a la democracia si evitan traslapar sus intereses (comerciales, personales o corporativos) con el sentido de las informaciones que se generan a diario en sus redacciones. La transparencia es un elemento fundamental de la autorregulación.

La FLIP también exhorta a las autoridades nacionales y locales para que brinden todas las medidas necesarias para que los periodistas que acuden a la región del Urabá antioqueño lo hagan bajo plenas garantías de seguridad.

Cronología de los hechos

El 11 de febrero de 2015, un periodista de la redacción digital del diario publicó en www.elcolombiano.com una nota sobre la desaparición de una líder de restitución de tierras de Urabá, denuncia que fue formulada por organizaciones sociales de la zona.

El 12 de febrero el periodista publicó una segunda noticia informando que las autoridades habían hallado con vida a esta líder, en un predio cercano al lugar donde la habían visto por última vez.

Al día siguiente, el señor Juan Carlos Hernández de la Cuesta, quien también es gerente general del diario La República, le escribió mediante correo electrónico una nota al periodista. El mensaje también estaba dirigido a Martha Ortiz, directora de El Colombiano, y a Jaime Orozco, presidente de la Junta Directiva del periódico.

En el correo, Hernández de la Cuesta, le dijo que no podía creer que un periódico como El Colombiano diera espacio sin estudiar las diferentes fuentes y advertía que lo consideraba una ligereza y que hacían mal el periodismo.

Horas después, la directora del periódico le pidió al periodista que le contara de qué se trataba la historia.

El periodista se reunió con la directora y la abogada de la empresa, quienes le pidieron detalles sobre la noticia. Él les explicó que la había elaborado desde la distancia, pero que no se trataba de un comunicado de prensa, sino que por el contrario había incluido cinco fuentes: El Coronel Raúl Riaño, comandante de la Policía en Urabá; Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros; Faustino Soto, inspector de Policía de Turbo; Carlos Páez, vocero de la Organización Tierra y Vida, y Ernesto Mestra, hermano de la líder de la cual se denunció su desaparición.

En la noche del 16 de febrero la directora le respondió al señor Hernández con copia al presidente de la Junta, aclarándole que no había encontrado ningún fallo en el proceso y con un mensaje claro de respaldo a la publicación.

Consultada por la FLIP sobre la injerencia de Juan Carlos Hernández, Martha Ortiz, aclaró lo siguiente:

“La Dirección del periódico asumió el contacto con el señor Juan Carlos Hernández precisamente para que el joven periodista se concentrara en su ejercicio como Redactor Radar del área de la edición digital del periódico. EL COLOMBIANO, reitero, es un periódico de 103 años de trayectoria. Nuestro principal activo y valor es la credibilidad. Llevamos décadas informando sobre la compleja problemática de Urabá, incluyendo el tema de la restitución de tierras. Ahí están los archivos para ser consultados”.

Otras presiones y una amenaza

El 17 de febrero un camarógrafo y un reportero de El Colombiano iniciaron una misión en Apartadó, para investigar lo que sucedía en el proceso de restitución de tierras en la región del Urabá.

Según le informaron a la FLIP, el reportero recibió una llamada del señor Jorge Andrés Hernández de la Cuesta, quien lo citó a una reunión para hablar de la investigación que él realizaría.

El 19 de febrero, uno de los periodistas fue abordado por un hombre en motocicleta que le entregó un sobre. El sobre contenía un sufragio con el nombre de los dos periodistas que se encontraban haciendo el trabajo de reportería.

La amenaza fue confirmada por la dirección del Colombiano: “Efectivamente, hubo un caso de amenaza a un periodista y a un reportero gráfico cuando se habían trasladado en misión periodística a Urabá, para cerciorarse in situ de la situación y consultar a todas las partes afectadas. Uno de los periodistas recibió un sufragio en Apartadó en la tarde del 19 de febrero. De inmediato este lo informó al periódico, y en cuestión de minutos, denunciamos la amenaza al Ejército, quien junto con la Policía acompañó el regreso del equipo a Medellín, donde llegaron al anochecer, se reunieron con las directivas y se adoptaron medidas de protección para su seguridad. Al día siguiente, 20 de febrero, la Directora Jurídica de EL COLOMBIANO acompañó a los periodistas a formular la denuncia penal ante la Fiscalía, y a requerir medidas a la Unidad Nacional de Protección. El Departamento Jurídico y el Área de Recursos Humanos del periódico les ha prestado asistencia permanente desde entonces”.

Días después de estos episodios dos periodistas renunciaron al diario. Ambos le manifestaron a la FLIP que el motivo de sus renuncias obedecía a la orden que tenían de “no comentar ni publicar información concerniente al tema de restitución de tierras” y a la presión ejercida por los accionistas Hernández de la Cuesta.