Denunciamos la ilegalidad, atropellos, arbitrariedad y abusos cometidos por la multinacional extractiva carbones del cerrejón la cual amenaza con despojarnos y desplazarnos de nuestro territorio en cercanias del corregimiento papayal en el municipio de Barrancas, La Guajira.
DIRIGIDO A:
Al Gobierno Nacional, a la Gobernación de La Guajira, y a la Alcaldía de BARRACAS. Cumplir con sus obligaciones de respeto, protección, y garantía a los derechos fundamentales de nuestra comunidad campesina, frente al grave riesgo de despojo y desplazamiento forzado en el que nos encontramos como consecuencia del actuar de la multinacional minera Carbones del Cerrejón.
A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, y a las Personería Municipales de Barrancas: Adelanten todas las acciones necesarias para proteger y garantizar los derechos fundamentales de nuestra comunidad. Emitan de manera urgente una alerta temprana sobre el riesgo en el que nos encontramos. Promuevan las acciones correspondientes para prevenir un nuevo desplazamiento a nuestra comunidad. Vigilen y supervisen las acciones de la multinacional Carbones del Cerrejón, quien es la responsable del riesgo en el que nos encontramos.
HECHOS:
1. Somos un grupo de familias campesinas que por varias generaciones hemos habitado de manera pacífica y pública en la ribera del río Ranchería en el corregimiento de Papayal colindante con el Resguardo indígena Wayúu de Provincial en el municipio de Barrancas, la Guajira. Este territorio ha sido habitado por nuestros ancestros quienes fruto de su trabajo se hicieron a este territorio, en el cual hemos tenido nuestros hogares de bareque y madera formando una pequeña comunidad.
2. El día de hoy 09 de noviembre de 2021, abogado y empleados de la empresa Carbones del Cerrejón de propiedad de la multinacional Suiza Glencore llegaron a nuestro territorio en compañía de la inspección de policía de la Alcaldía de Barrancas amenazándonos con que darán inicio a un proceso de desalojo de nuestro territorio y que para el día 10 de noviembre de 2021 se tiene programada una inspección ocular desde las 8.30 am. Quiere decir esto que se adelanta un irregular y abusivo proceso en el que cual se nos pretende presentar como si estuviéramos perturbando nuestro propio territorio, territorio que hemos habitado y trabajado por más de 80 años.
3. Estos abusos tienen como antecedente una adjudicación irregular de terrenos por parte de la señora María Rosa Hernández Argüelles, quien hizo unas escrituras que consideramos fraudulentas sobre nuestras tierras las cuales no les pertenecían. Desde allí hemos venido siendo objeto de graves ataques, amenazas, atropellos y violaciones a los derechos humanos en los que se han tumbado y quemado nuestras viviendas con todas nuestras pertenencias para sacarnos y desalojarnos a la fuerza.
4. Detrás de estos abusos y actuaciones ilegitimas ha estado la empresa Carbones del Cerrejón, quien a través de su empleado Salvador Raad, cuñado de la señora María Rosa Hernández negociaron una venta ilegitima de la tierra de nuestros ancestros a la mina, que ahora haciendo uso de su inmenso poder corporativo en la región amenazan con desalojarnos de nuestro territorio.
5. Es importante anotar que antes de que la multinacional “comprará” nuestro territorio, varias de nuestras familias dimos aviso a la empresa de las irregularidades realizadas por María Rosa Hernández Argüelles para despojarnos de un territorio que de manera publica las comunidades vecinas conocen que ha pertenecido a nuestras familias por generaciones.
6. Pese a tener las pruebas que soportan que hemos habitado nuestro territorio por décadas, que son ya varias de nuestras generaciones las que han vivido aquí, los hostigamientos y acciones para despojarnos han sido reiteradas. Hemos intentado poner nos encontramos en un estado de vulnerabilidad absoluta. Nuestro territorio nunca ha estado en venta. Por lo tanto, rechazamos cualquier venta que se haya celebrado sobre nuestro territorio que haya desconocido nuestra voluntad. Así, ninguna venta de nuestro territorio puede tenerse como legítima, y mucho menos ser utilizada para desalojarnos.
7. Las familias que habitamos en estas tierras no somos invasores, ni perturbadores como se nos ha acusado calumniosa y falsamente. Por el contrario, somos familias campesinas, algunas víctimas de desplazamiento forzado, con menores de edad que
hemos habitado y trabajado de manera pacífica nuestro territorio por décadas. No es justo que se nos robe nuestra propiedad.
8. Exigimos que cesen todos los hostigamientos y vulneraciones a nuestros derechos fundamentales. Exigimos que se garantice nuestro derecho a permanecer en nuestro territorio, y en consecuencia se tomen todas las medidas para evitar que nuestra comunidad sea desalojada, tal y como ha pasado con otras comunidades guajiras que han sido víctimas de despojo de sus territorios por el accionar abusivo de Carbones del Cerrejón.
SOLICITUDES:
Por el riesgo inminente en el que nos encontramos de ser desplazados de nuestro territorio por el accionar de la multinacional Carbones del Cerrejón, hacemos los siguientes llamados de urgencia:
• Al Gobierno Nacional solicitamos garantías para evitar que seamos desalojados y nuestros derechos fundamentales sean vulnerados.
• A la DEFENSORIA DEL PUEBLO, PROCURADURIA Y PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCAS pedimos un acompañamiento inmediato a nuestra comunidad, para que se realicen una vigilancia a los hechos que aquí denunciamos, y brinden medidas de atención y protección a los integrantes de nuestra comunidad.
• A la Alcaldía de Barrancas, como primera autoridad civil y a su policía, de acuerdo con sus obligaciones constitucionales y legales solicitamos le garanticen a nuestra comunidad la permanencia en nuestro territorio.
• A las Agencia Nacional de Tierras y demás entidades competentes, solicitamos se realicen las investigaciones sobe la adjudicación irregular que se hizo de nuestro territorio y se nos brinden las asesorías correspondientes para tener el reconocimiento de nuestro derecho a la propiedad del territorio que hemos habitado.
• A toda la comunidad nacional e internacional, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, hacemos un llamado URGENTE de solidaridad y respaldo para exigir a las autoridades colombianas el respeto por los derechos fundamentales de nuestra comunidad.
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