Las plataformas nacionales de derechos humanos y organizaciones sociales expresamos nuestro profundo rechazo frente al agravamiento sostenido de las violaciones masivas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que han marcado este año en Colombia. El incremento del control territorial armado, los desplazamientos masivos e individuales y las afectaciones desproporcionadas contra mujeres, niñas, niños y comunidades rurales ponen en evidencia una crisis humanitaria que no cesa. Hasta ahora, la ausencia de respuestas integrales, confirma la falta de articulación entre las políticas de seguridad, de paz y el resto de la acción del Estado, y su limitada capacidad para ofrecer  protección efectiva a la población civil.

En este contexto, expresamos también nuestra indignación por los hechos ocurridos en zona rural del departamento del Guaviare, donde una operación militar contra las disidencias denominadas Estado Mayor Central (EMC) dejó como resultado la muerte de siete niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado, junto con  al menos otras cuatro personas aún no identificadas. Estos hechos representan un grave retroceso en las políticas de protección de la niñez, y constituyen un quiebre alarmante respecto a la directriz vigente durante los primeros tres años del actual Gobierno, que prohibía operaciones con riesgo para menores reclutados. Este viraje político, que habilita nuevamente bombardeos en escenarios donde podría haber niñas, niños y adolescentes, desconoce las obligaciones humanitarias del Estado.

Condenamos de manera enfática el reclutamiento, utilización y uso de menores por parte de grupos armados ilegales.  Cuestionamos con igual firmeza la decisión estatal de ejecutar operaciones militares de tal magnitud sin garantizar previamente la protección de estos menores, infringiendo el derecho internacional humanitario. La presencia de niños y niñas en campamentos armados no puede convertirse en un factor “aceptable” de daño colateral ni justificar acciones militares desproporcionadas. La obligación del Estado es protegerlos, no ponerlos en riesgo, y mucho menos avalar operaciones cuyo resultado previsible es su muerte.

La tragedia en el Guaviare evidencia el fracaso estructural del Estado para anticipar riesgos, prevenir el reclutamiento y garantizar la protección integral de la niñez. La débil implementación de las medidas del Acuerdo Final relacionadas con garantías de seguridad, la falta de avances en la Política de Desmantelamiento de Estructuras Criminales (Decreto 0665  de  2023),  y  la  ausencia  de  un   enfoque   claro   entre   negociación   y   exigencias humanitarias, han permitido la expansión territorial de grupos armados que siguen reclutando niñas, niños y adolescentes ante la mirada pasiva del Estado.

Recordamos al Presidente de la República y a la Fuerza Pública que el Derecho Internacional Humanitario es obligatorio: los principios de distinción, precaución, proporcionalidad, humanidad y necesidad militar estrictamente limitada deben aplicarse sin excepción, especialmente cuando hay menores involucrados. Estos niños y niñas, aun cuando hayan sido forzados a participar en hostilidades, conservan protección reforzada.

Reafirmamos que, aunque los grupos armados cometen la grave violación de reclutar y utilizar niñas, niños y adolescentes como escudos humanos, ello no exime al Estado de su deber absoluto de adoptar todas las medidas necesarias para protegerles y evitar su muerte. La operación militar en el Guaviare contraviene este principio fundamental.

Exigimos al Estado:

• Restablecer la política de contención que prohiba los bombardeos.
• Garantizar investigaciones independientes y exhaustivas  sobre lo ocurrido, con participación de organismos de control, que permitan esclarecer los hechos y asegurar responsabilidades institucionales,  penales y disciplinarias.
• Fortalecer de inmediato las políticas de prevención del reclutamiento y uso de menores de edad, con enfoque territorial y priorización de regiones con débil presencia estatal.
• Ajustar los protocolos operacionales para prohibir tácticas que generen efectos indiscriminados y garantizar el máximo nivel de precaución.
• Desarrollar una política integral, articulada y vinculante de protección de la niñez en contextos de conflicto armado, que garantice su prevención, rescate, protección y restitución de derechos.

Exigimos al Estado Mayor Central y a los demás grupos armados ilegales:

• Detener de manera inmediata el reclutamiento, uso y utilización de NNA, así como cualquier forma de agresión contra las comunidades.
• Es urgente que asuman y acaten a cabalidad el DIH.

Llamado a la ciudadanía, a las comunidades y a la comunidad internacional:

Convocamos a las comunidades y a la sociedad en general a rechazar el reclutamiento de menores y a exigir medidas eficaces de prevención y protección. La defensa de la vida de niñas, niños y adolescentes es un imperativo ético irrenunciable.

A la comunidad internacional, instamos a reforzar los mecanismos de monitoreo y cooperación  para  prevenir  violaciones  graves  contra  la  niñez, exigir  responsabilidad  del

Gobierno y garantizar que los grupos armados ilegales cesen prácticas prohibidas. Su vigilancia es clave para evitar nuevos retrocesos en la construcción de paz.

El DIH no existe para justificar la guerra, sino para limitar el sufrimiento humano. La muerte de niñas, niños y adolescentes en operaciones militares revela un deterioro profundo del conflicto y la urgencia de reorientar la política de seguridad hacia la protección de la vida.

Reiteramos nuestra solidaridad con las familias y comunidades afectadas, y nuestra determinación de seguir defendiendo los derechos humanos en todo el territorio nacional.

Suscriben como Plataformas Nacionales:

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Suscriben como organizaciones:

Red Llanos y Selva

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Programa Somos Defensores

Asociación Afrouncas

DePazes

Fundación Fumuviaca

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

Justice Horizon Initiative

Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta