Como ya lo habíamos advertido desde antes del año 2012 en numerosos Informes de Derechos Humanos, comunicados, denuncias y de la misma manera en que el Sistema de Alertas Tempranas lo ha remite pertinentemente: el paramilitarismo en la región aún permanece intacto y constituyen un peligro para la vida, la integridad de los habitantes de la región, un peligro para la verdadera Paz estable y duradera.
A pesar del monitoreo permanente en materia de Derechos Humanos que se realiza desde nuestro comité, el Estado ha negado la presencia de estos grupos y ha omitido acciones que busquen desmontar las estructuras paramilitares en la región. Fue tal vez tras la caída de alías “Giovani” en enero del año 2012, bajo la consigna de paro armado, cuando se revela lo que todo el mundo sabía: la gran capacidad operativa de lo que ahora se denomina El Clan Úsuga en grandes regiones y departamentos de Colombia; lo más preocupante fue el tratamiento dado por de la fuerza pública y las instituciones estatales, quienes responden con actos de omisión y ocultamiento del todo el accionar criminal de dicho grupo; más tarde con la captura de Alías “Tierra” se incauta una agenda en la que es clara la nómina paralela existente hacia algunos agentes de Estado que colaboraban con ese grupo paramilitar.
ANTECEDENTES:
27 de agosto 2013, paramilitares con sede de operaciones en la vereda Playa Larga, Sabaleta, Nuevo Antioquia (Turbo), llegan a Rodoxali y luego se desplazan hasta la vereda La Hoz, bajo la lema de amenazar a los campesinos, por ello varias familias se ven obligadas a desplazarse forzadamente. Se sabía de la presencia del ejército nacional, pero no hubo acciones tratar de proteger a las comunidades campesinas que siguen siendo el blanco de los criminales.
Los asesinatos cometidos por los paramilitares: el señor José Pacheco por método de asfixia mecánica (6 de agosto 2013), Nelson Cartagena García- Líder de la Junta de la Acción Comunal de la vereda Aguas Frías (01 de agosto de 2013), el 15 de Mayo 2014 es asesinada la señora María de la Cruz Guerra de 68 años de edad, y el más reciente asesinato: Ernesto Guzmán el día 21 de septiembre de 2015 que de nuevo las instituciones del Estado intentan desviar la atención sobre los móviles y los victimarios de estos asesinatos.
En noviembre del año 2015 la presencia paramilitar, con lista en mano anunciaron el asesinato de varios líderes comunales y habitantes de la Vereda La Esperanza y otras cercanas, por ello varias familias decidieron desplazarse hacia la escuela del sector. Además amenazaron con volver a los tiempos del año 1996 y 1997 donde fueron más crudos los actos barbáricos contra la población. Toda esta información la hemos dado a conocer oportunamente a las autoridades del Estado, pero aún continúa la desidia para tratar de prevenir y proteger a los campesinos de San José de Apartadó.
HECHOS:
Desde el pasado 20 de marzo hay una fuerte presencia paramilitar en las veredas la Esperanza, La Hoz, Rodoxalí, El Porvenir, además se vienen presentando intensos combates entre los paramilitares mal llamados Gaitanistas o Clan Úsuga y al parecer la guerrilla de las Farc-Ep. Los combates dejan a la población civil en peligro inminente y generan el miedo, la zozobra constante. La presencia de estos grupos es permanente en la zona, ya se han presentado algunos daños a propiedades, amenazas de muerte hacia algunos líderes comunales, hostigamientos verbales, torturas por parte de los paramilitares contra algunos moradores. Es necesario mencionar y recordar que la presencia armada de estos grupos siempre ha sido denunciada por parte de nuestro comité sin que hasta el momento las autoridades intervengan contundentemente para proteger a la población.
EXIGIMOS:
AL GOBIERNO NACIONAL:
· A que el Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente de la República Juan Manuel Santos, a los entes Regionales y Locales para que vuelquen la institucionalidad hacia la desarticulación completa de los grupos paramilitares denominados las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC ó Clan Úsuga que constituyen un peligro para las comunidades.
· Que se investiguen, identifiquen, sancionen y judicialicen toda la cadena de mandos y los máximos responsables de estos crímenes.
· En estos momentos históricos y decisivos en la historia de Colombia, el gobierno debe garantizar combatir a estas estructuras paramilitares que siembran el terror en la región. El Estado debe garantizar la no repetición de la violencia. Y para ello un aspecto fundamental es la eliminación de las estructuras paramilitares, parapolíticas y el esclarecimiento de toda esta estructura criminal.
· A que recurra y adopte las medidas inaplazables en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ordenando instrucciones y mecanismos claros que busquen y desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de los líderes y lideresas defensores y defensoras de derechos humanos y demás habitantes de San José de Apartadó.
· Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de los civiles, de líderes y lideresas defensores y defensoras de derechos humanos y demás personas protegidas por el DIH.
· A que se acaten las medidas tendientes a la protección de la población civil que reza el derecho internacional humanitario referente a no hacer de la población como escudo humano del conflicto.
A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
· Que investiguen, identifiquen, sancionen y judicialicen toda la cadena de mandos y los máximos responsables de esta estructura criminal. y se inicien los respectivos procedimientos de carácter jurídico penal a que haya lugar en contra de los responsables involucrados en los hechos violatorios a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos contra los habitantes de San José de Apartadó y la Región, incluso si éstos hacen parte del mismo Estado y que se accionen todas las medidas que permitan reducir los riesgos y las amenazas que ponen en peligro a los líderes, defensores de derechos humanos y a la población civil.
· Que cumpla las funciones establecidas en la ley para que identifiquen, sancionen y judicialicen las graves afectaciones a la población y determinar las responsabilidades individuales de los infractores en la clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho internacional Humanitario, aunque esas violaciones provengan incluso de instituciones del mismo Estado como la fuerza pública.
A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
· Que investigue, sancione, e inicie los respectivos procedimientos de carácter jurídico-disciplinarios a los que haya lugar contra los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario cometidos contra la población civil y se accionen todas las medidas que permitan reducir los riesgos y las amenazas que ponen en peligro a los defensores de derechos humanos y a la población civil, aunque esas violaciones provengan incluso de instituciones del mismo Estado como la fuerza pública.
· Que cumpla las funciones establecidas en la ley para investigar, sancionar y determinar las responsabilidades individuales de los infractores en la clara violación a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho internacional Humanitario.
A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ:
· Que basados en las funciones constitucionales de las Personerías en Colombia brinde y defienda las garantías a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, aunque esas violaciones provengan incluso de instituciones del mismo Estado como la fuerza pública.
· Solicitamos de parte de la Personería Municipal, para que en su condición de Ministerio Público y de garante de los DDHH, y que en lo más breve posible, haga público un informe de la situación real de los DDHH y de DIH en el municipio. Y que a su vez, convoque a los organismos nacionales e internacionales a que hagan presencia en la zona todo ello, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Derecho a la Vida, entre otros.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO:
· Para que en consecuencia de sus funciones claramente establecidas en la constitución y la ley, defienda y no descanse hasta garantizar el cumplimiento de Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, y los demás a los que haya lugar.
LLAMAMIENTO:
Hacemos responsable al estado colombiano en cabeza del señor presidente de la República Juan Manuel Santos, al gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, al alcalde de Apartadó Gonzalo Giraldo Aguirre por los hechos que pongan en peligro la vida y la integridad de los habitantes San José de Apartadó. Llamamos a la Opinión Pública nacional e internacional, a los Organismos de protección y defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a todas las organizaciones y personas sensibles al dolor humano cercano y lejano a que suscriban nuestras sentidas, urgentes y justas demandas al Estado colombiano.
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