El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.

Nuevas informaciones:

El Observatorio ha recibido con seria preocupación información de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR) sobre amenazas en contra del Sr. Héctor Sánchez Gómez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Rubiales (Municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta), integrante afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), y líder del Comité Ambiental de Puerto Gaitán[1], así como de los Sres. Alex Castrillón, Hugo Mejía, Nesler Gonzales y las Sras. Claudia Fierro Camacho y Neiret Escobar,líderes comunitarios de las veredas Rubiales y Cuernavaca, en su mayoría pertenecientes al Comité de verificación de pasivos ambientales.

Según la información recibida, el 18 de mayo en horas de la noche, el Sr. Héctor Sánchez Gómez recibió un mensaje con la fotografía de un panfleto en el que personas autodenominadas “Grupo de Limpieza Social” actuando “por requerimiento de ciudadanos, comerciantes y gente de bien” amenazan de muerte a los Sres. Héctor Sánchez, Alex Castrillón, Hugo Mejía, Nesler Gonzales, y a las Sras. Claudia Fierro Camacho y Neiret Escobar, y sus familias, con el motivo que estos estarían “obstaculizando la labor de otras personas y empresas”. De no abandonar la vereda en un plazo de 24 horas, el grupo amenazó con “exterminarlos”.

Estas amenazas se producen después de que una comisión ambiental conformada con las comunidades afectadas y las empresas Ecopetrol y Pacific E&P se desplazara a las fincas afectadas por las actividades del campo petrolero Rubiales para verificar las denuncias ambientales expresadas en el marco de una reunión llevada a cabo el 4 de mayo de 2016 con Ecopetrol para evaluar los pasivos ambientales y sociales de dicho campo. En esta reunión participaron miembros y representantes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas de Santa Helena, Rubiales y Puerto Triunfo, miembros de las veedurías laborales, la USO de la Industria del Petróleo y el CAJAR, quienes manifestaron sus preocupaciones sobre los pasivos que dejará Pacific E&P y que deberán ser asumidos por Ecopetrol a partir del 1 de julio de 2016.

Desde que inició el diálogo, Ecopetrol ha manifestado su preocupación respecto de la acción popular interpuesta por el Comité Ambiental de Puerto Gaitán solicitando la suspensión de la licencia ambiental debido a la ausencia de regulación clara respecto de la inyección de altos volúmenes de aguas y el vínculo que se observa con el aumento de la sismicidad en la zona, ya que esta podría resultar en el cierre temporal del campo.

El Observatorio expresa su profundo rechazo frente a los acontecimientos aquí descritos que parecen estar vinculados a las legítimas actividades del Sr. Sánchez y de los demás defensores de los derechos humanos de las comunidades frente a los impactos negativos de las actividades de las empresas petroleras en Puerto Gaitán.

El Observatorio muestra asimismo su preocupación por la ausencia de medidas de protección efectivas para garantizar la vida, integridad física y psicológica de los defensores mencionados arriba, y urge a la implementación de medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Antecedentes:

El 1 de junio de 2015, a las 17.30 el Sr. Sánchez se encontraba de visita en las oficinas del CAJAR cuando recibió una llamada de un miembro de la comunidad de Santa Helena – zona rural de Puerto Gaitán, quien le advirtió que le habían ofrecido nueve millones de pesos para que lo asesinara. El mismo hombre aconsejó al Sr. Sánchez que no regresara a su región de origen por el peligro que corría.

Además, en los meses de abril y mayo de 2015, el Sr. Sánchez fue en varias ocasiones seguido y fotografiado durante su trabajo como líder sindical por parte de sujetos vestidos de civil que fueron reconocidos por parte de la comunidad como agentes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (SIJIN).

El 13 de diciembre de 2015, el Sr. Sánchez fue fotografiado por una camioneta TOYOTA de placas 323 mientras realizaba un taller con el sindicato Industriall en el hotel Luxor del municipio de Puerto Gaitán. Los mismos hechos se repitieron el 16 de enero de 2016, cuando este ultimo y su esposa se encontraban en un establecimiento de comercio en el malecón del río Manacacías en Puerto Gaitán.

El Sr. Sánchez sufre hostigamiento desde el año 2011, cuandoen varias ocasiones fue amenazado por miembros del Ejército Nacional, la SIJIN y la seguridad privada de la empresa Pacific Rubiales Energy. En el mismo año, consecuentemente a sus actividades comunitarias y sindicales, fue denunciado por secuestro, concierto para delinquir, amenazas, obstrucción a vías públicas y obstrucción a la libertad del trabajo. En noviembre de 2013 fue capturado por miembros de la SIJIN. Actualmente, aunque se encuentra en libertad y este proceso ha sido archivado, el Sr. Sánchez sigue investigado dentro de otra causa penal por lo que el hostigamiento judicial sigue vigente. Adicionalmente, es de conocimiento en la región que personal de seguridad realiza constantemente preguntas sobre su paradero.

Acción solicitada:

Por favor, diríjase a las autoridades de Colombia instándolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la protección de la vida, la integridad física y psicológica de los Sres. Héctor Sánchez Gómez, Alex Castrillón, Hugo Mejía, Nesler Gonzales, de las Sras. Claudia Fierro Camacho y Neiret Escobar, así como de todos los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia;

ii. Llevar a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a dichas amenazas con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley, así como garantizar su no repetición;

iii. Poner fin a todo tipo de amenazas y actos de hostigamiento contra los Sres. Héctor Sánchez Gómez, Alex Castrillón, Hugo Mejía, Nesler Gonzales, de las Sras. Claudia Fierro Camacho y Neiret Escobar, así como contra todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
– Artículo 1, que garantiza la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
– Artículo 12.2, que establece el deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.

v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.

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