Estas familias corren peligro de ser desalojadas forzosamente de El Tamarindo, departamento de Atlántico, en el norte de Colombia, después de que las autoridades locales les hayan ofrecido un reasentamiento inadecuado, que sólo beneficiaría a unos pocos y dejaría a la mayor parte de las familias sin hogar

 

Los campesinos de El Tamarindo, a las afueras de Barranquilla, en el norte de Colombia, corren peligro, pues se enfrentan a un posible desalojo forzoso y han recibido amenazas de muerte de paramilitares.

Estas familias corren peligro de ser desalojadas forzosamente de El Tamarindo, departamento de Atlántico, en el norte de Colombia, después de que las autoridades locales les hayan ofrecido un reasentamiento inadecuado, que sólo beneficiaría a unos pocos y dejaría a la mayor parte de las familias sin hogar. Desde finales de la década de 1990, familias que se habían visto obligadas a desplazarse en el transcurso del conflicto armado empezaron a trasladarse a la finca. Catorce años después, aún no han recibido una reparación efectiva. En 2001, 130 familias habían ocupado pacíficamente cuatro áreas de la finca. Las autoridades administrativas del distrito de Barranquilla, la Personería distrital, el ejército, la policía y hombres armados han tratado repetidamente de expulsarlas de la tierra, y han provocado el desalojo forzoso de algunas familias.

Las salvaguardias establecidas por el derecho internacional, que incluyen consultar a los afectados sobre soluciones alternativas, notificar adecuadamente el desalojo e identificar de manera clara y adecuada las zonas afectadas por él, no se han respetado. Tras los desalojos forzosos llevados a cabo previamente, algunas de las personas desalojadas han ocupado ahora también El Mirador, una de las cuatro áreas de la finca El Tamarindo, que el 13 de abril de 2014 declararon, con el reconocimiento de la sociedad civil, Espacio Humanitario, Refugio de Paz y Esperanza. En la actualidad, existe el peligro de que sean desalojadas forzosamente de esa área. La finca El Tamarindo se encuentra en un área que en 2007 fue declarada zona de libre comercio, y desde 2008 algunas empresas locales han venido reclamando la propiedad de la tierra ocupada por las familias.

Además de los desalojos forzosos, los campesinos de El Tamarindo han sido amenazados por paramilitares, que tienen un largo historial de connivencia con las fuerzas de seguridad del Estado. Recientemente, el 11 de enero de 2015, se difundió una amenaza de muerte en la que se citaba a Juan Martínez, uno de los líderes comunitarios; la amenaza estaba firmada por el grupo paramilitar Bloque Norte Costa Atlántica Águilas Negras.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

– instando a las autoridades a garantizar que las familias de El Tamarindo no son objeto de desalojo forzoso;
– instándolas a garantizar la seguridad de las familias de El Tamarindo, por medios entre los que se incluyen la realización de investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas de muerte, teniendo en cuenta las necesidades y demandas de las personas afectadas, para que puedan hacer campaña por el reconocimiento de su derecho a la tierra sin temor ni intimidación;
– recordándoles que deben garantizar el derecho a un reparación efectiva para las personas que han sufrido desplazamiento forzado a causa del conflicto y para las familias que han sido desalojadas hasta el momento; ese derecho incluye el acceso al reasentamiento en condiciones de seguridad y dignidad, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos;
– pidiendo que se tomen medidas para desmantelar los grupos paramilitares que actúan en la zona, romper cualquier vínculo entre ellos y las fuerzas de seguridad y llevar ante la justicia a los responsables de apoyarlos.