Condenamos enérgicamente el asesinato de Berta Cáceres y exigimos una investigación diligente e inmediata de este asesinato. A su vez, ante las declaraciones realizadas por el titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, en conferencia de prensa, desde CEJIL desmentimos que Berta Cáceres renunciara a las medidas de protección y resaltamos la deficiente protección que se le brindó a Berta, tal y como se ha podido comprobar con el desenlace de estos acontecimientos.
Berta dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos del pueblo lenca. Principalmente abogó por el respeto a sus territorios y su derecho a la autodeterminación. En el 2015, su trabajo fue reconocido con el premio ambiental Goldman. En los últimos años de su vida, fue víctima de numerosos actos de agresión, amenazas e intimidación; inclusive, fue criminalizada y sometida a procesos penales para impedir que continuara con su lucha.
Entre sus múltiples acciones de defensa, Berta lideró la oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” sobre el río Gualcarque, debido a la concesión otorgada por el Congreso Nacional a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la cual se hizo sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas. En este marco, Berta y otros integrantes del COPIHN fueron constantemente agredidos y amenazados por personas afines al proyecto.
“Las autoridades hondureñas conocían del riesgo al que se enfrentaba Berta. Sin embargo, las acciones tomadas para protegerla fueron insuficientes. Su asesinato demuestra que no existe voluntad estatal de garantizar el derecho a defender los derechos humanos y hace evidente la desprotección en la que se encuentran las personas que, como Berta, arriesgan cada día su vida”, señaló Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.
Ante este lamentable hecho que enluta a la comunidad nacional e internacional de derechos humanos, CEJIL exige que se dispongan todos los recursos necesarios para identificar a los responsables del asesinato de Berta Cáceres, tanto autores materiales como intelectuales. En particular, las líneas de investigación deben considerar el contexto de inseguridad en el que se desenvolvían Berta y los hechos sufridos antes de su muerte. Asimismo, es urgente que se tomen las medidas necesarias para proteger a los testigos del asesinato, así como a los integrantes del COPIHN.
El Estado de Honduras debe abordar las causas estructurales que han generado la violencia en la zona de Río Blanco, así como investigar diligentemente los hechos atendiendo al grave contexto que vive el pueblo lenca y en el cual se ha cometido el asesinato de Berta Cáceres.