Después de una búsqueda silenciosa de 32 años, la familia de Alfonso Jacquin recibió el dictamen de Medicina Legal confirmando que parte del ADN hallado en una de las sepulturas del agente del DAS y escolta Libardo Durán, correspondía realmente al comandante guerrillero del M19, cuyo paradero fue desconocido durante 32 años.
Entrevista con Lilia Jacquin, su hermana y Eduardo Carreño Wilches, abogado del caso
Alfonso Jacquin Gutiérrez era de una familia extensa de ocho hermanos, un padre y dos madres. Lilia lo conoció a los 11 años porque eran hermanos sólo por parte de padre. De esa época ella recuerda a “Pompo” con su uniforme con el que prestó el servicio militar, bailando y haciendo reír a todo el mundo cuando iba a visitar la casa de su madrastra, la mamá de Lilia, los fines de semana.
Ya en la universidad se volvieron contertulios además de hermanos. En Santa Marta, en casa de Delba, la mamá de Alfonso, se encontraban para hablar del país. Para Lilia el pensamiento político de Jacquin se formó en gran parte en la Universidad del Atlántico donde se graduó como abogado. En esa época pertenecía a un movimiento denominado Unión Revolucionaria Socialista, algo que ella ubica como socialdemocracia y que le hacía pensar en los más marginados no como lumpen sino como bacanes revolucionarios. Unas ideas ajenas para el país de entonces excluyente y sin posibilidades de participación política más allá del bipartidismo. Un régimen cerrado donde la única oposición era la oposición armada.
¿Por qué un hombre político que no estaba de acuerdo con esa forma de oposición y que era abogado en temas de derechos humanos terminó comandando el operativo de toma del Palacio de Justicia? Las claves de esa respuesta las tiene el propio M-19, asegura Lilia. De su ingreso y militancia a esta guerrilla, supo muy poco.
La historia recuerda que por esa época el M-19 denunciaba la traición por parte del gobierno de Belisario Betancur del acuerdo de paz, y por esta causa buscaba hacerle un juicio político en la Corte Suprema de Justicia. Un juicio que Jacquin, abogado constitucionalista, tenía la misión de presidir bajo la proclama “Antonio Nariño por los derechos del hombre”.
El Ejército ya lo sabía y facilitó el ingreso de los 35 integrantes de esta organización guerrillera a la Corte, para lo cual tenía dispuesta una gigantesca contraemboscada, el Plan Tricolor, puesto en marcha con tanques, rockets, explosivos traídos desde Estados Unidos, 2.000 hombres en armas del batallón guardia presidencial, la Brigada XIII, la Policía Militar, así como los organismos de inteligencia del Ejército y la Policía, el DAS, además de apoyos de la Brigada I, VII y de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Sibaté.
La Casa del Florero fue el puesto de mando adelantado –el más próximo al escenario del combate- que se dispuso para coordinar el Plan, a cargo del coronel Edilberto Sánchez Rubiano. No obstante, fue el Coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, quien asumió de hecho el mando de la operación en la Casa del Florero después de haber dirigido el ingreso de los tanques al Palacio.
¿No habría sido más fácil evitar una toma guerrillera que ya era vox pópuli? Ante la decisión de avanzar ¿Porqué un dispositivo de estas dimensiones no logró el rescate de los rehenes civiles y combatientes heridos, salvo las dos excepciones de Jaime Betancur y Clara de Castro? Para el abogado Eduardo Carreño, quien lleva más de 30 años litigando en el caso del Palacio de Justicia y hoy representa a la familia de Alfonso Jacquin, el holocausto del Palacio de Justicia tenía propósitos adicionales a la eliminación de todo el comando guerrillero del M-19.
Dentro del proceso se reseñó un estudio detallado de seguridad derivado de las amenazas de la época contra la Corte y que habría incluido información sobre las actuaciones judiciales de los integrantes de la Corte misma. Aún hoy se desconoce el contenido de ese estudio, ordenado por la DIJIN de la Policía a cargo del entonces capitán Oscar Naranjo.
Otro hecho que ha permitido llegar a la conclusión de que había otros propósitos, es el incendio que acabó con miles de expedientes de estos casos y que fue causado no por el M-19 sino por los tanques cascabel que ingresaron al Palacio y dispararon a instalaciones de madera, en los pisos 3 y 4 donde reposaban los expedientes.
Cabe recordar que la Corte de la época no sólo estaba amenazada por el Cartel de Medellín, sino que tampoco era bien vista por sectores del estamento militar. En particular, algunos integrantes de las Salas Penal, Constitucional y de la sección III del Consejo de Estado, como el magistrado Carlos Horacio Urán, quienes se oponían al Estado de sitio y otras reformas regresivas, así como a la ampliación de la Justicia Penal Militar o bien, fallaban procesos contra el Estado colombiano en casos de violaciones a los Derechos Humanos. Esto se ha logrado concluir de las declaraciones de los magistrados sobrevivientes, de las familias de los asesinados y del estudio de sus fallos y publicaciones sobre el holocausto.
Por otra parte, las armas del M-19, incautadas y examinadas en su totalidad, no fueron las que asesinaron a los magistrados, según se desprende de los informes periciales ¿Quiénes dispararon entonces contra los magistrados? Esta pregunta sigue sin respuesta porque las armas del Ejército, la Policía y el DAS nunca fueron entregadas para ser sometidas a examen balístico. Sólo quienes participaron de la retoma saben la verdad sobre la suerte que corrieron guerrilleros y civiles. Y esa verdad sigue celosamente guardada bajo un pacto de silencio.
Habla Alfonso Jacquin…
Como el resto del país, Lilia y su familia se enteraron de que Alfonso estaba ahí por los medios de comunicación. La voz de Jacquin quedó grabada para la posteridad mientras gritaba al teléfono atónito porque el Presidente de la República no le pasaba al teléfono al Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto su hermana lo escuchaba presa de la angustia, reunida con un grupo de compañeras universitarias del Caribe siguiendo los sucesos “como si fuera la transmisión de un partido” interrumpida de pronto para transmitir uno de verdad: el del Unión Magdalena contra Millonarios.
Aunque la memoria se hace borrosa por el impacto de lo que estaba viviendo, Lilia recuerda con claridad un episodio: Después de la 3 p.m. RCN Radio retomó la transmisión de la toma y retoma, y narró que Jacquin salía vivo con un chaleco rojo sacudiéndose las manos, al parecer herido en una pierna. Esa pista que vive en la memoria de Lilia quedó perdida cuando las directivas del medio enviaron una carta al Tribunal de Instrucción Criminal que investigó el caso en 1986, expresando que sus relatos del momento no eran fiables porque los periodistas estaban emocionalmente alterados.
Pero la prueba que sí consta en los expedientes sobre la sobrevivencia de Jacquin después de la toma fue el testimonio del Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, comandante del puesto de mando adelantado de la Casa del Florero, quien en declaración ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante, al ser interrogado sobre la presencia de integrantes del M-19 en el Palacio, dijo:
“…entré si al Palacio de Justicia al término de la operación pero en el patio central donde ya tenían los muertos y les estaban haciendo la necrodactilia la Policía Judicial, allí me dijeron por la identificación que se hizo que estaba ALMARALES, JAKIN, la tal VIOLETA, uno que se parecía a NAVARRO WOLF pero no se pudo determinar si era el hermano de NAVARRO WOLF Y otros sin identificar” (sic).
Para el abogado del caso, Eduardo Carreño resulta inexplicable que los restos de Jacquin hayan aparecido en el cuarto piso del Palacio incinerados y mezclados con otros cuando la confrontación había cesado al menos 24 horas antes, y tomando en cuenta el testimonio del militar.
El estigma de buscar a un guerrillero
Después del holocausto del Palacio de Justicia el país quedó en silencio, recuerda Lilia, cuando piensa en cómo comenzó la búsqueda de Alfonso por solicitud de su padre. Él le pidió el favor de evitarle el escarnio al que sería sometido por tener un hijo guerrillero. El que había educado con el sueño de que fuera senador. A eso no iba a sobrevivir con sus tres infartos, le dijo a su hija.
El 9 de noviembre, Lilia llegó a Medicina Legal y en medio del desorden imperante entró por el parqueadero hasta las salas donde estaban varios cuerpos. Allí recuerda haber visto a una guerrillera bajita y de pelo crespo, y el cuerpo de Andrés Almarales desnudo y limpio en una camilla de metal. También unos restos carbonizados que escuchó que correspondían a magistrados. A Alfonso no lo encontró.
Al salir de allí un detective le pidió sus datos y ella accedió porque no le quedaba otro camino, intuyendo que ese sería el inicio de otro suplicio para ella y su familia. Cuando regresó en la tarde, el acceso ya estaba restringido y a las afueras se encontró con familiares de la cafetería y visitantes ocasionales, en su mayoría mujeres, llorando y buscando a sus seres queridos. Así terminó ese primer intento de búsqueda porque Lilia supo que ya no tenía que ir a ninguna otra parte y que sus preguntas no iban a obtener respuesta sino a aumentar el riesgo y la persecución contra su familia. Alfonso Jacquin estaba desaparecido y parecía que su familia no tenía derecho a encontrarlo.
El estigma de tener a un guerrillero en la familia comenzó cuando Jacquin todavía vivía. Seis meses antes de la toma fue allanada en Bogotá la vivienda de Margarita, otra de sus hermanas, donde organismos de inteligencia lo buscaron sin éxito. Después de la toma esta práctica se intensificó y allanaron en Santa Marta la casa de unas señoras ancianas por tener el apellido Jacquin. También vinieron los hostigamientos telefónicos que Lilia respondía con groserías como su única forma de defensa. Luego las leyendas sobre el paradero de Alfonso, su vida o su muerte, que iban desde las que aseguraban que se la pasaba en el puente de Mamatoco, corregimiento de Santa Marta, hasta las que lo ubicaban en Nicaragua, pasando por relatos espantosos sobre que lo habían incinerado con fósforos…
Hasta que la familia dejó de hablar de él, por el miedo y por la pena. Esa pena los fue consumiendo en silencio, en particular a los hombres, concluye Lilia, mientras que las mujeres la conjuraron a través de los sueños y del arte. “Cada una soñaba sus sueños. Yo soñé que estaba en una cárcel del pueblo, y al tiempo que lo estaban soltando lo retenían. Josefina, su otra hermana, soñó que estaba en una playa con luz dorada, él estaba más precioso que nunca, bronceado, sin manchas de acné, y le decía: ‘Lo el Palacio fue una bagatela (1)’”. Para ellas, esa era su forma de decirles que había que soltar esa carga.
Años después Josefina realizó la exposición Noviembre de 1985, un retrato del Palacio y del país de la época que estuvo a punto de ser expuesta en la Corte Suprema de Justicia pero que al final fue vetada y terminó presentándose en la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán.
El hallazgo
Mientras el rastro de Alfonso parecía haberse desvanecido, otra familia visitaba una tumba y guardaba duelo sin imaginarse que los restos a los que había dado sepultura no eran los de su ser querido. El cambio se había originado también en el cuarto piso del Palacio después de que terminó la toma. Allí también fueron a parar los restos de Libardo Durán, agente del DAS y escolta del magistrado Alfonso Reyes Echandía, en medio de una operación macabra de mezcla cuerpos producto de la mala fe y no de la confusión, sostiene sin dudarlo el abogado Carreño, “para ocultar el rastro de los crímenes que allí cometió la fuerza pública”.
Después de ser trasladado desde el cuarto piso del Palacio al Instituto de Medicina Legal, el cuerpo de Libardo Durán terminó en la fosa común del Cementerio del Sur junto con otras decenas de cuerpos. De allí fueron exhumados en 1998 gracias a la gestión del abogado de las víctimas en la época, Eduardo Umaña Mendoza, y depositados en las cajas que regresaron a Medicina Legal. Por eso hasta diciembre del año pasado, la familia del agente del DAS visitó durante 32 años la tumba donde yacían los restos de dos guerrilleros: Alfonso Jacquin y Noralba García.
Entre tanto, Lilia golpeaba puertas que se mantuvieron cerradas buscando a su hermano, escuchando que se trataba de un caso muy difícil, soportando solicitudes absurdas de las autoridades para buscarlo como demostrar que él, Alfonso Jacquin, estuvo en la escena de los hechos. Hasta 2005 cuando el caso tomó un nuevo impulso bajo la gestión de la Fiscal Ángela María Buitrago, y le recomendaron ir al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” Cajar, por su larga trayectoria acompañando víctimas del Palacio.
En diciembre del año pasado finalmente recibió el dictamen de Medicina Legal confirmando que parte del ADN hallado en una de las sepulturas de un agente del DAS y escolta Libardo Durán, correspondía realmente a Alfonso Jacquin. Habían pasado 12 años después de iniciar esa búsqueda jurídica que ahora arrojaba resultados, gracias a los avances de otros casos del Palacio y del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el 2014 le ordenó al Estado colombiano encontrar a todas las personas desaparecidas en el Palacio de Justicia.
El informe de Medicina Legal que conoció en diciembre de 2017 y que fue divulgado a los medios de comunicación por la Fiscalía el pasado 5 de marzo, estableció que de los 206 huesos que tiene el cuerpo humano, habían encontrado seis arcos costillares, cuatro vértebras y un fragmento de fémur pertenecientes a Alfonso Jacquin, todos calcinados lo que, junto con el paso del tiempo, no permitía establecer la causa precisa de la muerte.
El estudio genético que permitió identificar a Alfonso Jacquin se basó en las muestras de ADN tomadas de restos mortales de Delba, su madre, y de sus hermanas Margarita y Lilia, que resultaron 99,9% compatibles con los hallados en la tumba de Libardo Durán. A diferencia de los otros cuatro casos, los restos óseos de Durán fueron ubicados de manera casi simultánea a la identificación de Jacquin y García, ya que se encontraban en una de las cajas de Medicina Legal.
No ha sido ese el caso de Libia Rincón Mora, María Isabel Ferrer, Julio César Andrade y Jorge Alberto Echeverry, funcionarias y magistrados de la Corte Suprema hoy desaparecidos, en cuyas tumbas se encontraron partes de los restos óseos de Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portella, Jaime Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández, trabajadoras y trabajadores de la cafetería del Palacio.
A cada nuevo hallazgo del Palacio en estos dos años le ha seguido una nueva desaparición, además del hecho inocultable de que estas personas estuvieron 32 años en paradero desconocido después de haber salido con vida custodiadas por agentes de la fuerza pública. Este hecho contundente desmiente de tajo la defensa de los militares involucrados que han alegado que no hubo desapariciones forzadas en el Palacio, que todos murieron el fuego cruzado y que los desaparecidos están apareciendo porque todo se trató de un error de identificación.
En el caso de guerrilleros y guerrilleras que participaron en la toma, inicialmente fueron reportados 24 cadáveres de los cuales sólo Andrés Almarales fue entregado a sus familiares en ese momento. Los demás cuerpos fueron enterrados en la fosa común del Cementerio del Sur, luego exhumados en el 98 y entregados la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional donde se identificó y entregó otro grupo a sus familiares. Los restos óseos restantes permanecieron en Medicina Legal y en 2014 se identificaron parte de los restos de Mónica Molina Beltrán, “Marcela”, Carmen Cristina Garzón “Violeta” y William Almonacid cuya prueba de supervivencia fue revelada por Noticias Caracol en 2015. Ahora aparecen los de Alfonso Jacquin y Noralba García, y sigue sin conocerse el paradero de Irma Franco y Luis Otero, entre otros.
A riesgo de decir algo obvio, el abogado insiste en que las y los guerrilleros que realizaron la toma del Palacio de Justicia y los agentes de la fuerza pública estaban cobijados -como todos los combatientes- por el derecho internacional humanitario.
Por eso debieron haber recibido trato digno, de estar heridos, y en caso de muerte en combate debieron haber entregado sus restos en forma adecuada y rigurosa a sus familiares. Del mismo modo se aplica para el agente Libardo Durán en cuyo caso se debe investigar también el delito de falsedad en documento público. Por estos hechos, asegura el abogado, debe responder toda la cadena de mando al frente del operativo de retoma.
Cuando Lilia piensa en si hay algo que pueda sacar de todo esto, la idea más clara que se le viene a la mente es que lo que ocurrió en el Palacio el 6 y 7 de noviembre de 1985 permitió demostrar lo que pasaba en materia de derechos humanos, “porque sí eso pasaba en plena Plaza de Bolívar, cómo sería el resto del país”. También espera que las nuevas generaciones estudien cómo debe ser una democracia. “Que sepan que el Estado nunca más debe hacer otro Palacio de Justicia. Que cuando el Estado empieza a masacrar, a desaparecer se va volviendo peor que los presuntos delincuentes que está persiguiendo y pierde su legitimidad”.
Las familias de Libardo Durán y Noralba García ya recibieron los restos hallados e identificados. La de Alfonso Jacquin espera que la búsqueda culmine del todo. Por eso han solicitado que Medicina Legal revise las 34 cajas faltantes para encontrar o descartar la existencia de nuevos restos. Luego podrán despedirse y darle sepultura a “Pompo” en compañía de la familia que le sobrevivió de tantas formas. Ha sido el recuerdo de su alegría, dice Lilia, el que los inspira a no dejarse arrebatar la sonrisa.
1. f. Cosa de poca importancia o valor.