Desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar- , condenamos el atentado contra la senadora y defensora de derechos humanos y de los pueblos indígenas Aida Quilcué Vivas, ocurrido el pasado sábado 29 de octubre de 2022, cuando se desplazaba por la vía entre los municipios de Páez, Cauca y la Plata, Huila.
Este grave atentado ocurre en un contexto de persistencia de grupos armados, y en medio de las disputas por los derechos ancestrales del pueblo Nasa en el Norte del Cauca. Pero también hace parte de una sistemática persecución contra esta lideresa, hoy Senadora por circunscripción especial de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que la senadora y lideresa es beneficiaria de medidas cautelares solicitadas con el acompañamiento del Cajar y ordenadas en favor del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- desde 2009, decisión que cobija a 32 dirigentes, asesoras y asesores del CRIC.
Estas medidas fueron otorgadas meses después del asesinato de Edwin Legarda, el compañero sentimental de la entonces consejera del CRIC, Aída Quilcué quien había liderado masivas movilizaciones en el marco de la Minga Indígena de 2008, en un contexto de persecución y estigmatización contra los pueblos indígenas, y un día después de que ella regresara de Ginebra, Suiza, donde denunció la situación de los pueblos indígenas en el marco del del Examen Periódico Universal EPU que realiza e Naciones Unidas a los países.
En 2011 fueron condenados seis miembros del Ejército Nacional involucrados en el homicidio de Edwin Legarda, y en 2015 el Tribunal contencioso administrativo del Cauca, condenó al Estado –Ministerio de Defensa Nacional por el homicidio de Edwin Legarda y le ordenó entre otras medidas de reparación, la realización de un acto de desagravio y perdón que se realizó, previa tutela, sólo hasta 2018.
La construcción de la paz total requiere de serios compromisos en materia humanitaria por parte de los actores armados ilegales que siguen haciendo presencia en los territorios, pero también de las más serias investigaciones sobre sus vínculos con integrantes de la fuerza pública.
Justamente, el viernes anterior, se realizó una audiencia sobre el incumplimiento de medidas cautelares que ha ordenado la CIDH en favor de defensoras y defensores, donde se evidenció la urgencia de adoptar un enfoque más preventivo que reactivo, en que avancen las investigaciones y la justicia actúe con celeridad ante los ataques contra defensoras y defensores, que mejore la coordinación entre entidades a cargo de las medidas cautelares, así como en la necesidad de reformas profundas a la Unidad Nacional de Protección –UNP-.
A la senadora y lideresa Aída Quilcué toda nuestra solidaridad. Sabe que seguirá contando con su familia del Cajar en su incansable tarea de defender los derechos humanos, el territorio y los bienes colectivos. Nuestro abrazo profundo.