El pasado 5 de abril de 2018, el viceministro de Defensa Aníbal Fernández de Soto, reconoció la responsabilidad del Estado y pidió perdón público por el asesinato de Edwin Legarda Vásquez, líder indígena y compañero sentimental de la lideresa indígena del pueblo Nasa, Aída Quilcué Vivas.

Edwin Legarda fue asesinado en la madrugada del 16 de diciembre de 2008, cuando se desplazaba de la vía que conduce del municipio de Inza a Popayán en una camioneta del Consejo regional Indígena del Cauca, CRIC, la cual fue impactada 17 veces por integrantes del Ejercito Nacional pertenecientes al Batallón José Hilario López. En el lugar de los hechos se encontraron mas de 100 vainillas que dan cuenta de las armas utilizadas y demuestran que el objetivo era causar el mayor daño posible a la víctima.

El crimen se produjo cuando Edwin regresaba a la ciudad de Popayán después de dejar elementos de logística para la realización de la Junta directiva del CRIC donde se evaluaría y proyectaría la Minga, y que tendría lugar el 16 de diciembre del 2008 en la meseta de Togoima en Tierradentro. A su regreso a la ciudad de Popayán donde debía recoger a Aída para que participara en la Junta se produjo su asesinato. Aida había acabado de regresar de Ginebra donde había participado en el Examen Periódico Universal (EPU) en donde se examinó a Colombia en el cumplimiento de los Derechos humanos

El crimen contra el dirigente indígena y compañero de una de las más destacadas lideresas de la Minga Indígena, se cometió en el contexto de persecución, señalamientos y estigmatizaciones contra la Minga Indígena del 2008, que fue acusada por autoridades del alto gobierno de estar infiltrada por la guerrilla.

Por estos hechos fueron condenados a 40 años de prisión al cabo Tercero Javier Adolfo Osorio Díaz,y a los soldados campesinos Numar Armido Buitrón Cabezas, Lizandro Obando Caicedo, Javier Francisco Belalcázar Trochez, William Weimar Lemeche Hurtado, miembros del pelotón Galeón No. 7 adscritos al batallón José Hilario López del Ejército, por el delito de homicidio en persona protegida. En relación con el S.V. Alexis Ramírez Vivas, la segunda instancia modificó la condena por el delito de Homicidio culposo imponiéndole una pena de 61 meses de prisión.

Aunque la defensa de los militares argumentó un error ante situaciones de orden público en la zona y desobediencia de la orden de detenerse por parte del vehículo donde se desplazaba Edwin Legarda, la sentencia determinó inconsistencias en la instalación del retén y en la versión de los militares, y estableció que se trató de un homicidio en persona protegida.

Posteriormente el Tribunal contencioso administrativo del Cauca, en sentencia del 9 de abril de 2015, condenó al Estado –Ministerio de Defensa Nacional por el homicidio de Edwin Legarda y le ordenó entre otras medidas de reparación, la realización de un acto de desagravio y perdón público por estos hechos con un plazo para su realización no mayor a ocho meses. Sin embargo, tres años después la familia de Edwin Legarda tuvo que interponer una acción de tutela para que se concretara la realización de dicho acto, que en cumplimiento de la misma se fijó para el pasado 23 de febrero cuando, nuevamente la familia se quedó esperando para la realización del mismo.

Finalmente, el pasado 5 de abril se cumplió el acto de reconocimiento y perdón público en el Resguardo Las Mercedes, en zona rural de Totoró, Cauca, con amplia participación de la comunidad en el que intervinieron el viceministro Fernández de Soto, la lideresa y compañera de Edwin Legarda Aída Quilcué y su hija Mayerly Legarda Quilcué. También la representante delas víctimas en elproceso penal y presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”, Cajar. Soraya Gutiérrez Argüello y el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Francisco de Roux.

Durante el acto, Aída Quilcué aceptó el perdón del Estado y señaló que más allá de este gesto, es necesario que haya garantías de no repetición e hizo un llamado vehemente para que las fuerzas militares respeten a su comunidad, recordando los recientes asesinatos contra líderes sociales de los pueblos indígenas. También expresó que tiene esperanza en que la Comisión de la Verdad contribuya a develar los hechos que rodearon el crimen de Edwin.

Mayerly Legarda Quilcué, quien tenía 11 años cuando su padre fue asesinado, inició su intervención en medio de las lágrimas, expresando que en lo personal hace mucho tiempo perdonó a los asesinos de su padre y que sólo espera que el perdón del Estado fueran sinceros porque de lo contrario no serían una solicitud de perdón. También recordó el hecho de que en la ocasión anterior ella y su madre se quedaron esperando al Ministerio para este acto. Mayerly recordó a su padre como un defensor de los derechos de los pueblos indígenas de quien ella tomó su ejemplo.

A continuación compartimos las palabras de Soraya Gutiérrez, presidenta del Cajar y abogada del caso penal durante el acto: