• La OMS y UNICEF respaldan impuestos saludables por su impacto en salud pública y recaudo social.
• La evidencia internacional indica que gravar las bebidas azucaradas reduce su consumo, previene enfermedades no transmisibles y genera recursos públicos.
• El Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) pidió mantener esta discusión en clave de salud pública y derechos humanos y no elevarlo a la contienda electoral.
• Yessika Hoyos Morales, abogada de Cajar, indicó que 74 países en el mundo han adoptado políticas públicas para cumplir con el mandato de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Colombia ha logrado realizar un proceso democrático para favorecer la salud de las y los colombianos.
• En días recientes la ANIF reportó en Colombia una reducción del consumo de bebidas azucaradas y un recaudo de $1,6 billones a mayo de 2025 por concepto de impuestos saludables.

Bogotá, 11 de junio de 2026. – @Ccajar.- El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) señaló este jueves que los impuestos saludables, en especial los aplicados a bebidas azucaradas y comida chatarra, cuentan con respaldo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, por sus efectos en la reducción del consumo de productos nocivos, la prevención de enfermedades no transmisibles y la generación de ingresos públicos para políticas sociales.

La abogada de Cajar y vocera de la campaña “Dulce Veneno: el antídoto es la verdad”, Yessika Hoyos Morales, dijo hoy que 74 países en el mundo han adoptado políticas públicas para cumplir con el mandato de la Organización Mundial de la Salud y Colombia ha logrado realizar un proceso democrático para favorecer la salud de las y los colombianos. “Pido mantener esta discusión en clave de salud pública y derechos humanos y no elevarlo a la contienda electoral, desmontar el impuesto saludable desconoce los avances documentados en salud pública y reducción del consumo de bebidas que son perjudiciales para la salud” señaló.

En Colombia, un informe reciente de ANIF señaló que, tras la implementación de los impuestos saludables en 2023, el consumo diario de bebidas azucaradas cayó entre 2022 y 2024 de 24,6% a 22,6% entre jóvenes de 12 a 28 años y de 24,9% a 19,2% entre adultos de 29 a 44 años, con una reducción más marcada en los hogares de menores ingresos. Para Cajar, esto demuestra que se trata de una política con implicaciones directas en derechos humanos, al proteger el derecho a la salud, prevenir daños evitables y beneficiar de manera especial a las poblaciones más expuestas a barreras para una alimentación adecuada y el acceso oportuno a servicios de salud.

“Defender el impuesto saludable es defender la vida, la salud y los derechos de niñas, niños y adolescentes. La evidencia internacional demuestra que estas medidas sí funcionan: reducen el consumo de productos nocivos, incentivan cambios en la industria y permiten que los Estados cuenten con más recursos para atender necesidades sociales urgentes,” añadió la abogada del Cajar.

Por otro lado, el informe de la ANIF también reporta que, a mayo de 2025, el recaudo por impuestos saludables alcanzó $1,6 billones, equivalentes al 1,3% del recaudo total, lo que representó un aumento de 23% frente al mismo periodo del año anterior. En ese contexto, Cajar sostuvo que el debate sobre el impuesto saludable no debe entenderse solo como una discusión fiscal.

“Desde Cajar insistimos en que la política fiscal también debe leerse desde un enfoque de derechos humanos. Cuando un Estado adopta medidas para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y proteger a la niñez frente a entornos alimentarios perjudiciales, está cumpliendo con su obligación de garantía del derecho a la salud y de protección reforzada de la infancia”, dijo Yessika Hoyos Morales.

Según la OMS, los impuestos saludables sobre productos como la comida chatarra y las bebidas azucaradas son una de las medidas más costo-efectivas para enfrentar problemas como la obesidad, la diabetes tipo 2. El organismo sostiene que un impuesto capaz de elevar en 20% el precio de estas bebidas puede reducir su consumo en una proporción similar, mientras fortalece la capacidad fiscal de los Estados en el corto y mediano plazo.

UNICEF advierte, además, que las bebidas azucaradas ocupan un lugar central en las dietas no saludables que afectan a niñas, niños y adolescentes. En su análisis, el organismo recuerda que este tipo de gravámenes ha sido considerado entre las mejores opciones de política pública para elevar precios, desincentivar el consumo, promover alternativas más saludables como el agua y abrir espacio para la inversión en salud y bienestar.

Además, uno de los principales efectos de estas medidas es su impacto en la niñez y la adolescencia. Para UNICEF los impuestos a las bebidas azucaradas contribuyen a reducir el sobrepeso y la obesidad infantil, disminuyen riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares y diabetes, y ayudan a modificar entornos alimentarios dominados por productos ultraprocesados baratos, disponibles de forma masiva y promovidos de manera agresiva.

La existencia de publicaciones internacionales de la OMS y de la UNICEF permiten, para la abogada del Cajar, sustentar el impuesto que está respaldado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Niñas y los Niños que establece que los Estados parte deben emprender las acciones necesarias para combatir las enfermedades y todas las formas de malnutrición.

“Los datos de ANIF muestran que esta política ya está produciendo resultados concretos en Colombia: baja el consumo, especialmente en los hogares con menores ingresos, y al mismo tiempo fortalece el recaudo público. Que a mayo de 2025 el país haya alcanzado $1,6 billones por impuestos saludables confirman que es posible avanzar en salud pública y, a la vez, contar con más recursos para responder a necesidades sociales urgentes”.

Cajar agregó que la experiencia comparada muestra que estos gravámenes no solo reducen riesgos sanitarios, sino que también pueden ampliar el margen de maniobra de los Estados para financiar programas de salud, acceso a agua potable y otras inversiones sociales.

A la luz de la evidencia presentada por la OMS, UNICEF y ANIF, Cajar considera que cualquier propuesta orientada a desmontar el impuesto saludable desconoce los avances documentados en salud pública, reducción del consumo y fortalecimiento del recaudo. La organización insistió en que este debate debe darse con base en evidencia libre de conflicto de interés y protección del interés general.