Bogotá, 5 de junio de 2026. Reconocer décadas de trabajo en favor de las víctimas, la búsqueda de verdad, justicia y reparación, así como su contribución al fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la democracia en Colombia, es la razón por la cual el Congreso de la República, por iniciativa del representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, condecoró hoy a las defensoras y defensores de derechos humanos María Eugenia Ramírez Brisneda, Soraya Gutiérrez Argüello, Rafael Barrios Mendívil y Eduardo Carreño Wilches.

“(…) Resistir la persecución tuvo como recompensa mantener abierto el camino y sembrar la semilla para que nuevas generaciones continúen esa lucha. Hoy veo esta sala llena de rostros convencidos de que la primacía de los derechos humanos vale la pena (…),” señaló el representante a la Cámara, Alirio Uribe, dirigiéndose a las y los defensores condecorados.

Recordó que, en 1978, cuando el Estado colombiano criminalizaba la protesta, garantizaba la impunidad a los agentes estatales, un grupo de profesionales del derecho tomó la decisión que en ese momento era un acto de valentía: usar el derecho contra el poder. “Desde entonces el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) ha representado víctimas de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas y han litigado casos fundamentales en escenarios internacionales y nacionales, destacó.

Uribe Muñoz resaltó que la Corte IDH en histórica sentencia en el caso Cajar Vs Colombia reconoció el #DerechoADefenderDerechos como un derecho autónomo. “(…) En ese sentido, quienes defienden los derechos ejercen una función esencial para la democracia y el Estado tiene la obligación de proteger esa función y de no hostigarla,” dijo.

En este mismo sentido, Soraya Gutiérrez Argüello, vicepresidenta de Cajar, enfatizó en la importancia de que existan verdaderas garantías para la labor y la seguridad de quienes ejercen su derecho a defender derechos.

“(…) Este reconocimiento debe ser un compromiso ético y colectivo para seguir construyendo un país donde defender derechos no suponga arriesgar la vida, donde la paz sea el resultado de la justicia social y donde la esperanza venza al miedo, la solidaridad al odio y la democracia a la exclusión histórica (…) una democracia verdadera no se mide únicamente por la existencia de elecciones o de instituciones formales, sino por la capacidad de una sociedad para garantizar el derecho a disentir, a denunciar injusticias, a organizarse y exigir derechos sin miedo. Entre más protegido, respetado y reconocido sea el trabajo de quienes defienden los derechos humanos, más democrática será una sociedad (…)”

De otro lado, las y los abogados condecorados manifestaron que este reconocimiento es también para las comunidades, para todas las personas defensoras, las organizaciones y plataformas de DD.HH, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y de las comunidades, que pese a las amenazas y la estigmatización, han dedicado su vida a defender la dignidad humana.

“(…) Este reconocimiento se lo dedico a mi familia, a las personas defensoras y, en especial, a todas y cada una de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Colombia, a quienes nos debemos (…) Durante décadas fuimos señalados por defender el Estado social de derecho, la democracia y los DD.HH, pero hemos mantenido intacto nuestro compromiso (…) Esta es una lucha de largo aliento. Hoy rendimos homenaje a las nuevas generaciones de abogadas y abogados que tomarán este compromiso. El futuro del movimiento de derechos humanos está en sus manos (…),” señaló Rafael Barrios Mendivil, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)

Por su parte, Eduardo Carreño Wilches, cofundador de Cajar reflexionó sobre la importancia de perseverar en la búsqueda de justicia, pese a la dificultad en casos de crímenes de Estado, y destacó algunas decisiones fundamentales para avanzar en verdad, justicia y garantías de que graves violaciones de derechos humanos no se repitan en Colombia.

“(…) Después de todo este tiempo, algo hay que decir sobre la justicia: sí ha valido la pena trabajar para buscar que se aplique en casos concretos (…) Conocer los nombres de los responsables y llegar a condenas en casos que uno creía imposibles, nos hace pensar que hay que continuar el trabajo (…) Que hoy se reconozca judicialmente la existencia de un genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista y que se atribuyan responsabilidades concretas a integrantes de la Fuerza Pública, constituye un logro histórico de las víctimas y de quienes durante décadas hemos defendido los derechos humanos.”

La ceremonia se realizó este viernes 5 de junio, a partir de las 10:00 a.m. en el Salón Boyacá del Congreso de la República con la imposición de la Orden de la Democracia Simón Bolívar.

Las personas homenajeadas han dedicado gran parte de su vida profesional a la defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a víctimas de graves violaciones, la lucha contra la impunidad y la promoción de garantías para la participación democrática y la construcción de paz.

Su labor en defensa de los derechos humanos ha implicado altos riesgos para su vida e integridad personal, así como para su familia, siendo objeto de hostigamientos, amenazas y atentados, atribuibles principalmente a agentes y estructuras vinculadas a la seguridad del Estado. Estos hechos quedaron documentados en la sentencia de la Corte IDH, que condenó a Colombia por la persecución sistemática contra integrantes del Cajar por más de tres décadas.

Este homenaje constituye también un reconocimiento a la labor de miles de defensoras y defensores de derechos humanos que, desde distintos territorios y organizaciones, contribuyen diariamente a la defensa de la vida, la dignidad humana y la democracia.

Perfiles

María Eugenia Ramírez Brisneda

Es maestra, licenciada en Ciencias Sociales con énfasis en Historia, educadora popular, activista feminista y defensora de derechos humanos, con formación complementaria en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Instituto René Cassin (Estrasburgo, Francia), así como estudios en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Cuenta con más de cincuenta (50) años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos y más de treinta (30) años de vinculación al Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), donde se desempeña como investigadora, coordinadora del área de derechos humanos y derechos de las mujeres, en donde lidera causas relacionadas con derechos de las mujeres a la justicia, participación, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, fue Directora Ejecutiva (2019–2025) que fortaleció el protagonismo de ILSA en diferentes escenarios y su compromiso con las causas sociales en Colombia.

Soraya Gutiérrez, vicepresidenta de Cajar

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Hace más de 30 años está vinculada al Cajar, del que fue la primera mujer presidenta. Ocupó la dirección de la organización en dos ocasiones.

Ha representado a víctimas en casos emblemáticos como: las masacres de Alaska (2001), Nueva Venecia, Caloto y La Sarna, el magnicidio de Manuel Cepeda Vargas, el asesinato de Edwin Legarda Vásquez, esposo de la lideresa indígena Aída Quilcué Vivas; el homicidio del registrador Juan Alejandro Plazas Lomónaco y el del dirigente sindical Jorge Darío Hoyos. También ha acompañado a pueblos indígenas del Cauca en casos de graves violaciones a los DD.HH

En 2006 recibió el ABA International Human Rights Lawyer Award en Nueva York, otorgado por la asociación de abogados más grande de Estados Unidos. Ese mismo año fue nominada al premio de Front Line Defenders para defensoras en riesgo, con el objetivo de visibilizar su trabajo, contribuir a su protección y fortalecer el reconocimiento a su importante labor.

Entre 2007 y 2013 fue Vicepresidenta para las Américas de la FIDH, federación que agrupa más de 200 organizaciones de 120 países. En 2025 fue elegida Secretaria General para las Américas en el 42.º Congreso Mundial celebrado en Bogotá. Además de ser la vicepresidenta de Cajar, coordina el Eje de Paz Integral, desde donde impulsa estrategias jurídicas y políticas orientadas a la garantía de los derechos de las víctimas y la consolidación de la paz.

Soraya es vocera de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y delegada de las tres plataformas de DD.HH de Colombia ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia clave para proteger a líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.

Rafael Barrios Mendivil, cofundador de Cajar

Abogado, especialista en Derecho Comercial y doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia, con amplia formación y trayectoria en la defensa de derechos humanos.

Es uno de los abogados fundadores del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), del que ha sido presidente en varios periodos a partir de 1980. Desde 1978 ya defendía presos y perseguidos políticos en la justicia penal militar.

Ha litigado algunos de los casos más dolorosos y emblemáticos de Colombia, como: El Holocausto del Palacio de Justicia, la desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde, el asesinato de Eudaldo Díaz Salgado, exalcalde de El Roble; las masacres de La Rochela, el Nilo y de Los Uvos, entre otros.

Ante la imposibilidad de justicia en Colombia, el abogado, junto a integrantes del equipo internacional de Cajar, llevó varios de los casos de crímenes de Estado ante el Sistema Interamericano.

Con este litigio se lograron históricas condenas contra el Estado en casos como: Holocausto del Palacio de Justicia, la persecución sistemática contra el Cajar, el asesinato de Jesús Ramiro Zapata, la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla y de los jóvenes Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá, las violaciones de DD.HH a la Nación U’wa y el magnicidio de Manuel Cepeda Vargas, entre otros.

También ha presentado ante el Sistema Interamericano solicitudes de protección y medidas cautelares para amparar la vida, integridad y derechos humanos de personas defensoras, pueblos, organizaciones, periodistas y liderazgos sociales, sindicales y políticos víctimas de persecución por parte del Estado colombiano, como el presidente Gustavo Petro y el actual candidato presidencial Iván Cepeda Castro.

Participó en las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU entre 1993 y 1998, gestiones que contribuyeron a la creación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en 1996.

En 2026, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) lo reconoció por su labor en la defensa de los derechos humanos y su papel como artífice y pilar de esa plataforma que hoy agrupa a más de 260 organizaciones.

Es autor del libro “El Pacto del Silencio” (publicado en 2017), que aborda la investigación, los hechos y las exigencias de justicia tras el holocausto del Palacio de Justicia en Colombia.

Eduardo Carreño Wilches, cofundador de Cajar

Abogado, con doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, maestría en Derecho Penal y Criminología y especializaciones en Derecho Procesal, Derecho Penal y Criminología.

Es uno de los abogados fundadores del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), del que ha sido presidente en varios periodos. Desde 1976 ya defendía presos políticos y derechos humanos.

Amplia trayectoria en investigación y litigio nacional e internacional, con importantes logros en casos como las masacres de Barrancabermeja del 16 de mayo de 1998 y del 28 de febrero de 1999, Trujillo y La Rochela, la retoma del Palacio de Justicia y en ejecuciones extrajudiciales de jóvenes presentados ilegítimamente como bajas en combate. También participó del proyecto Colombia: Nunca Más, que sistematizó violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1966 y 1999.

A lo largo de su trayectoria ha acompañado denuncias por violaciones de derechos humanos, representado víctimas en procesos judiciales y adelantado acciones ante organismos internacionales. Su labor incluye el trámite de casos ante instancias del sistema de Naciones Unidas, la OEA y la Corte Penal Internacional.

Participó en espacios internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad, entre ellos la Conferencia Diplomática de Aprobación de la Corte Penal Internacional en Roma (1998) y el Congreso por la Paz y el Desarme Mundial en La Haya (1999).

Entre otros reconocimientos, recibió el premio de la Asociación Pro derechos Humanos de España y fue nominado al Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría “Toda una vida”.

Ha sido profesor universitario en programas y maestrías de derechos humanos en distintas instituciones del país, entre ellas la Universidad Santo Tomás, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Libre.