Por otra parte, hicieron presencia las entidades del Estado del nivel nacional y regional que fueron citadas por sus compromisos asumidos hace un año como: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, Incoder, Ideam, Secretarías de Educación de los municipios, Alcaldes o representantes de alcaldías, Personerías municipales, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Minas y Energía, Corpoguajira, Defensoría del Pueblo, entre otras que no cumplieron la cita y a las que les corresponden las respectivas sanciones que fueron informadas por la Contraloría. Por parte de la empresa Cerrejón, hicieron presencia una comisión de algunos trabajadores y el director de relaciones internacionales de la compañía, Carlos Franco.

Como veedores de esta audiencia estuvieron las organizaciones sociales Cordaid, Cinep – Programa para la paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, y asociaciones y líderes de las diferentes comunidades que estuvieron pendientes en la duración de la audiencia de los informes y nuevos compromisos adquiridos por entidades y empresa.

El momento más importante de la audiencia fue cuando diferentes integrantes de comunidades hicieron sus intervenciones, que tenían un carácter de denuncias históricas o nuevas, como la realizada por líderes regionales que recalcaron el hecho gravísimo del derrumbe de una escuela en Patilla y Chancleta que ha generado la violación del derecho a la educación de niños y niñas de la comunidad y un costo adicional para las familias que tienen que pagar $15.000 diarios para el transporte de sus hijos a otros colegios.

La comunidad exigió un pronunciamiento de las autoridades en temas de como la educación o el acaparamiento de tierras por parte de Cerrejón en todo el Departamento, territorio ancestral Wayúu. También se denunciaron nuevas injusticias y afectaciones a la salud de poblaciones vulnerables de las comunidades además de señalar la crisis ocasionada por el aumento de la temperatura junto con la escasez del bien común del agua, los alimentos y otros bienes y servicios que se han encarecido por las tensiones generadas en la frontera colombo-venezolana.

Posteriormente, fueron llamados los representantes de las entidades que cumplieron con su asistencia y que expusieron sus avances e informes en compromisos adquiridos, podemos decir que pocos fueron los destacados, muchos cumplieron con hacer presencia y leer algunos párrafos o exponer logros generales pero no se dieron respuestas contundentes a las serias problemáticas regionales. No existieron informes serios de parte de la Agencia Nacional Minera o la Defensoría del Pueblo, de la Secretaría de Educación de Barrancas y el Ministerio de Defensa, a través del Batallón que tiene jurisdicción en la zona, que respondió a denuncias recientes.

Los informes no fueron más allá de lo ya expuesto por Corpoguajira, ANLA o Ideam ampliamente conocidos, sobre los cuales no se toman posturas de trabajo serio para enfrentar problemáticas de sequía o de realizar controles más serios a la actividad de Cerrejón. En el acta quedaron compromisos concretos que asumieron éstas entidades y por petición de un líder comunitario, la exigencia de que se sancionara a las entidades ausentes.

Finalmente, la Audiencia tuvo un espacio para interlocutar directamente en una dinámica de preguntas y repuestas entre integrantes de comunidades y funcionarios, pero no todas las entidades esperaron a este espacio y se retiraron. Otros sí consideraron vital este espacio para conocer de manera informal y pronta las denuncias que por vías administrativas no llegan, las comunidades también sintieron una mayor cercanía aunque no obtuvieron respuestas satisfactorias a sus solicitudes.

Frente a la intervención de la Empresa Cerrejón, hecha por su director de relaciones internacionales Carlos Franco, no hubo mayor sorpresa, simplemente se refirió a las históricas inversiones hechas por la empresa en supuestos planes ambientales y de cuidado de fuentes hídricas, propuso que existieran más espacios de diálogo con las comunidades y ofreció algunos talleres sobre el manejo del agua, invitación que no tuvo eco entre la audiencia.

Consideramos que estos espacios son fundamentales para la denuncia de hechos que afectan los derechos humanos y ambientales de las comunidades, y que se necesitan más escenarios de este tipo pero que no son suficientes. Las vías jurídicas y la movilización social deben ser herramientas que puedan ser implementadas autónomamente por los procesos organizativos para exigir justicia a la incapacidad estatal de responder a la crisis que vive el Pueblo Wayúu, en la cual tiene gran responsabilidad la actiuvidad extractiva de la empresa Cerrejón.

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