El 12 de mayo, la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), con el apoyo y financiamiento de Christian Aid (CAID) y en alianza con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), presentarán la campaña Rostros que Siembran, para concientizar a la ciudadanía sobre la problemática de miles de familias colombianas que dependen del cultivo de hoja de coca. En el marco de la campaña, Christian Aid publicará dos estudios sobre la situación de estas familias.
¿Quiénes se dedican al cultivo de la hoja de coca? ¿Cuánto ganan? ¿Cómo viven? ¿Por qué lo hacen? La campaña Rostros que siembran, creada por la Coccam*, con el apoyo de CAID** y en alianza con CAJAR***, busca responder a estas preguntas y concientizar a la ciudadanía sobre una de las realidades más dramáticas que atraviesa Colombia: la dependencia de miles de familias al cultivo de hoja de coca. De ese modo, busca combatir el estigma en su contra, evidenciando que se dedican a esta labor debido a la falta de oportunidades económicas.
Rostros que siembran busca acercar esta realidad a las personas, tanto de contextos urbanos como rurales, a través de las voces y las historias de vida provenientes de los territorios. Con el fin de que la sociedad colombiana pueda tener una mejor comprensión del tema, CAID publicará el Informe de Evidencia: Proyecto María Caicedo. Desarrollo de mercados inclusivos para construir paz en Colombia. El caso de las Zonas de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, Catatumbo y Tuluá y el Informe de Evidencia. El papel de las mujeres y jóvenes en la economía de la pasta base de coca.
El informe del Proyecto María Caicedo busca entender, en el marco del Acuerdo de Paz, cómo integrar a mercados como la ganadería, el café y el cacao Zonas de Reserva Campesina, que dependen del cultivo de la hoja de coca como consecuencia de estar inmersas en economías de guerra.
El otro informe se hizo en el marco del proyecto internacional Drugs & (dis)order, liderado por la Universidad SOAS de Londres y del que también son socios La Nacional y los Andes, y que busca dar luces sobre cómo transformar economías de guerra en economías de paz, en distintos lugares del mundo como Myanmar y Afganistán. En Colombia, entre otras actividades, el estudio indagó sobre el papel de las mujeres y los jóvenes en la economía de la pasta base de coca; y fue realizado por mujeres lideresas del nororiente colombiano, con el apoyo y financiamiento de CAID.
Para la elaboración de la campaña se hicieron dos grupos focales con una duración de cuatro horas cada uno. Participaron 20 personas, en representación de los 17 departamentos donde la Coccam lidera procesos sociales y políticos junto a otras organizaciones de base con el fin de abrir espacios y generar propuestas para transformar la economía de los territorios.
También se realizaron entrevistas a distintas personas que integran la Coccam, que actualmente o en algún momento se dedicaron al cultivo de la hoja de coca, y se tomaron datos de los distintos trabajos de campo realizados por la organización, así mismo de los estudios de CAID.
El panorama que revela la campaña
Uno de los datos que la campaña pone en evidencia para dimensionar el problema indica que más de 230 mil familias campesinas, afro e indígenas, de zonas rurales de 17 departamentos de Colombia, dependen del cultivo de hoja de coca como principal medio de sustento económico.
La razón para que la economía del cultivo de la hoja de coca se haya consolidado tiene que ver con que “estos territorios hace años fueron marginados del desarrollo del país y sufren el abandono histórico del Estado. Esto se puede evidenciar en que la inversión social y las políticas para fortalecer el campo allí son nulas. Ni siquiera hay carreteras y derechos básicos como el acceso al saneamiento, agua potable, salud o educación no son garantizados. Una de las repercusiones es que hoy por hoy no haya oportunidades, ni opciones económicas”, explica Arnobi Zapata, delegado Nacional de la Coccam.
Las condiciones precarias de estos territorios hacen que cualquier otra actividad agrícola sea inviable. Nidia Quintero, delegada Nacional de la Coccam, indica que “los costos de transporte para intentar sacar algún producto agrícola de estos lugares que carecen de vías de acceso son elevadísimos, y en lugar de representar alguna rentabilidad para las familias campesinas, generan perdidas y deudas”.
El cultivo de la hoja de coca, en cambio, les ha permitido cierta sostenibilidad económica a miles de familias que pueden obtener casi dos salarios mínimos vitales, que se destinan principalmente a educación, salud y solventar gastos diarios; cuando es posible, se destinan a hacer mejoras de vivienda o algún gasto extra como “comprar un televisor o ropa”.
En vista de la falta de apoyo estatal, algunas veces las familias destinan parte de estos recursos a fondos comunes para llevar adelante iniciativas en beneficio de la comunidad, como arreglar carreteras o hacer mejoras en la escuela.
Cabe anotar que según hallazgos de los estudios liderados por CAID “El trabajo con cultivos de hoja de coca en sí mismo es un proceso de resiliencia de las comunidades en un contexto de guerra, que ha permitido un avance social y, particularmente, mayor inclusión de las mujeres y los jóvenes en dicha economía”. Apunta Susana Vesga, oficial de apoyo a programa de CAID.
¿Cómo superar esta problemática?
Las familias que se dedican al cultivo de la hoja de coca sueñan con una realidad distinta. Están agotadas de vivir en contexto de guerra y estar expuestas continuamente a los riesgos que implica para su vida e integridad dedicarse a estos cultivos al no tener otras opciones.
Cambiar esta realidad requiere la implementación del Acuerdo de Paz para la transformación económica de los territorios, garantizando la generación de alternativas productivas viables y la sostenibilidad económica de las familias a largo plazo, para impulsar el desarrollo.
Con la esperanza de dar un primer paso hacia la transformación de su economía, 99 mil familias se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) del Acuerdo de Paz, que junto a la Reforma Rural Integral (RRI) y desde una política de Estado podrían solucionar los problemas estructurales del campo y hacer una transición efectiva del cultivo de la hoja de coca a otras actividades agrícolas económicamente viables. O como señala uno de los mensajes centrales de la campaña Rostros que siembran: transitar de economías de guerra a economías de paz.
Esta transición debe hacerse en el marco de la RRI, que incorpora políticas de mediano y largo plazo, imprescindibles si se quiere lograr una transformación de carácter estructural en estas zonas rurales.
Infortunadamente, manifiesta Arnobi Zapata, “la implementación del Acuerdo no avanza y las esperanzas de cambio de las familias que ingresaron en el proceso, quedaron truncadas: se quedaron sin sostén económico pues aún no llegan alternativas productivas”.
Tras haber apostado a la sustitución, sacrificando sus medios de sustento, estas familias quedaron en la mira de los actores armados que defienden sus intereses económicos: 58 integrantes de la Coccam han sido asesinadas por tratar de transformar la realidad de sus territorios.
Otro de los temas que aborda la campaña Rostros que siembran es el impacto negativo que tienen los distintos procedimientos de erradicación forzosa para la subsistencia de las familias dedicadas a estos cultivos. La erradicación forzosa manual además de amenazar la principal opción económica de miles de familias, genera enfrentamientos violentos entre la población civil y las autoridades. Como consecuencia, varias personas han resultado heridas y dos jóvenes campesinos fueron asesinados solo en el mes de abril del presente año.
Mientras la erradicación forzosa a través de aspersión aérea con agroquímicos pone en riesgo la alimentación de la población si se tiene en cuenta que, junto a los cultivos de hoja de coca, siembran cultivos de pancoger como maíz y yuca, etc. Del mismo modo, contamina las fuentes hídricas, en territorios donde por lo general no hay sistemas de saneamiento ni agua potable, dejando a las comunidades sin el recurso vital.
Susana Vesga enfatiza que la erradicación forzosa es una medida ineficaz, de acuerdo a las indagaciones hechas por CAID en 2019: con la fumigación de glifosato las probabilidades de resiembra de hoja de coca son de un 35%, mientras que con la sustitución voluntaria estas probabilidades caen al 0.5% . Según datos recientes, revelados por la Comisión de Paz, la tasa de resiembra al fumigar con glifosato incrementó a un 50 y 60%.
Además de ineficaz, la fumigación es una medida más costosa que la sustitución voluntaria. La sustitución cuesta $11.482 dólares, contra $20.742 dólares que cuesta la fumigación, valor aproximado por hectárea (precios del 2019).
Esta es una campaña a la que la ciudadanía puede sumarse
Las organizaciones, las y los activistas y la ciudadanía que creen posible la transformación de esta realidad y comparten la esperanza que albergan miles de familias, pueden sumarse replicando los datos y la información para expandir el mensaje de Rostros que Siembran. Podrán obtener todos los contenidos a través de la página web y las redes sociales de la Coccam, desde donde se irá compartiendo información semana a semana durante el mes de mayo.
Con Rostros que siembran queremos invitar a la sociedad colombiana a superar los prejuicios creados alrededor de esta problemática. Creemos que Colombia se merece un debate de alto nivel, que habilite la reflexión sobre las propuestas más convenientes para la construcción de un país mejor.
#RostrosQueSiembran
TW: @COCCAMColombia
FB: @COCCAMColombia
www.coccam.co
* La Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia -COCCAM es una plataforma que congrega y organiza las voces de comunidades agrarias de 17 departamentos de Colombia, en defensa de sus derechos como comunidades que enfrentan uno de los problemas más críticos del país, las drogas, y por la implementación del Acuerdo de Paz en sus puntos 1 y 4, la Reforma Rural Integral y el Problema de Drogas Ilícitas (representado actualmente en el Programa Nacional Integral de Sustitución).
**Christian Aid -CAID- es una ONG internacional de origen inglés e irlandés con más de 70 años de experiencia en trabajo con comunidades, buscando erradicar la pobreza extrema en el mundo. En Colombia, por más de 20 años, el trabajo con socios locales, junto con las comunidades más marginadas del país, se ha concentrado en la protección de socios, comunidades y defensores de Derechos Humanos, en la construcción de paz, justicia de género y justicia tributaria.
***El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR- es una ONG defensora de derechos humanos con más de 40 años de experiencia en asistencia legal a graves casos de violaciones a los derechos humanos, hace parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH y tiene estatus consultivo ante la ONU y la OEA.