La Fiscalía imputó los cargos de Homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y desaparición forzada; a lo que el representante de las víctimas solicitó corrección de la imputación planteando que se debería desde el inicio considerar los hechos como Crimen de Lesa humanidad, sin que fuera de recibo por parte del Juez.

En la madrugada del 25 de agosto de 2008, los jóvenes RAFAEL ANDRES PLATA SANCHEZ de 18 años de edad, CARLOS MAURICIO NOVA VEGA y una tercera persona aun sin identificar; quienes frecuentaban el centro de la ciudad de Bucaramanga fueron trasladados bajo engañados a Ocaña (Norte de Santander), para luego ser llevados hacia la vereda Islitas del municipio de Hacarí donde fueron asesinados por miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Infantería No. 15 General Santander y presentados como presuntas bajas en combate.

Los tres jóvenes fueron reportados como guerrilleros del ELN muertos en desarrollo de un supuesto enfrentamiento militar; sus cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de Ocaña. La información oficial impartida por el Ejército Nacional consistió en que las muertes se produjeron en cumplimiento de misión Táctica ALCATRAZ al mando del teniente Daniel Fernando Estepa Becerra; en los primeros días de septiembre de 2008, este oficial legaliza el gasto de munición avalada por el Coronel Alvaro Diego Tamayo Hoyos, quien para la época de los hechos fungía como comandante del Batallón; además de los oficiales: Mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, Segundo Comandante de Batallón; el capitán José David León Galán, oficial S-3; el teniente Estepa, comandante de la compañía Córdoba; y teniente Javier Espinosa Bermúdez Oficial S-4 Bisan.

En los meses posteriores a la desaparición forzada y homicidio de Rafael Andrés se conoció el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha; quienes precisamente aparecieron en esa región del País.

La desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Rafael Andrés Plata se suma a las de los jóvenes de Soacha y personas humildes de muchos otros municipios de distintos departamentos del país, que fueron trasladados mediante engaños a zonas de control jurisdiccional de unidades militares acantonadas en Ocaña – Norte de Santander, quienes los presentaban con resultados exitosos de la Política de Seguridad Democrática.

Pluralidad de víctimas, similar modus operandi, un aparato organizado de poder en la institucionalidad, seguimiento de una política estatal, son elementos que se concretan en este caso y que dieron lugar a que el Tribunal superior de Cundinamarca declarara como crimen de lesa humanidad la ejecución extrajudicial del joven de Soacha Fair Leonardo Porras Bernal. La familia de las víctimas y sus apoderados continuarán un camino para que estos hechos sean juzgados conforme a su verdadera naturaleza.

Bucaramanga, Mayo 23 de 2014
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

Web | + posts