Foto: Portada del libro Ayer y hoy persistiendo por la vida que en 1999 documentó los crímenes que involucraron a agentes de la Red 07 de la Armada Nacional
En Audiencia la Comisión Interamericana analizó las masacres y ejecuciones extrajudiciales en el Magdalena Medio, presuntamente cometidas por miembros activos de la Armada Nacional que actuaban en alianza con grupos paramilitares.
Bogotá – Los Ángeles, 7 de marzo de 2023. En el periodo 186 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, se desarrolló la audiencia del caso de la Red de Inteligencia No. 07 de la Armada Nacional, que operó entre 1991 y 1993 en Barrancabermeja (Santander), región del Magdalena Medio (Colombia). Esta red estaba integrada por miembros activos que operaban con el apoyo de civiles e informantes, que actuaban como sicarios, algunos de ellos parte de grupos paramilitares. A esta red se atribuyen al menos 68 ejecuciones extrajudiciales y 10 agresiones como atentados y amenazas.
Las víctimas, en su mayoría, fueron trabajadores de Ecopetrol que hacían parte de la Unión Sindical Obrera, USO, trabajadores afiliados a sindicatos del transporte, periodistas, líderes/as campesinos, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos de izquierda.
Como respuesta a la impunidad generada en la Justicia Penal Militar y la Jurisdicción Ordinaria, la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo –Cajar-, presentaron el caso ante la CIDH en octubre de 1997. En 2016, 19 años después, este órgano internacional lo admitió para estudio y recientemente, el 7 de marzo de 2023, desarrolló una audiencia pública en la que las organizaciones pudieron profundizar en los alegatos sobre la responsabilidad del Estado colombiano en los crímenes cometidos. Se espera que después de este encuentro la CIDH emita un informe de fondo en el que declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano.
Los representantes de víctimas señalaron en la audiencia que las graves violaciones a los derechos humanos se cometieron durante la aplicación de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, concepción militar creada por Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial; esta se implementó en Colombia a través de normas como la Ley No. 48 de 1968, marco legal que dio origen a una política y estrategia al interior de las Fuerzas Militares, que consideraba a los movimientos sociales, sindicales, estudiantiles y grupos de oposición política como “enemigos internos”.
Durante la audiencia se escuchó el testimonio del defensor de derechos humanos y hoy Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, quien fue víctima de amenazas de integrantes de la Red de Inteligencia No. 07 de la Armada por su labor y la representación de víctimas que lideraba en el Magdalena Medio. En su intervención señaló:
“Como abogado defensor de derechos humanos fue muy impactante entender la dimensión de la inteligencia militar de la Armada que llevaba a cabo actividades encubiertas en una región donde ellos pensaban que la comunidad y las organizaciones apoyaban a la guerrilla. Mataron a casi toda la junta directiva de un sindicato de transportes en la masacre del billar”.
“Las demandas de reparación directa a las víctimas fueron todas negadas en el Consejo de Estado y ninguna víctima fue reparada. Tampoco hubo sanción disciplinaria ni penal. Miles y miles de folios evidencian que los hechos ocurrieron, que hubo un patrón, y esta era una sola de las 41 redes, las otras nunca se investigaron”.
Sobre las amenazas de las que fue objeto, el defensor de derechos humanos señaló:
Yo salí en 1995 de Barranca porque me iban a asesinar. En el 99, con el Cajar y Credhos publicamos un libro; el día que lo lanzamos llamaron a mi hija a decirle: ‘llamamos de la Armada, saludos a tu papá, dile que lo vamos a ir a visitar’”.
Wilfran Cadena, abogado del Comité Regional por la Defensa de los Derechos Humanos –Credhos-, organización que también fue víctima de la Red No. 7 de la Armada, rendirá su testimonio por escrito ante la Comisión Interamericana.
Esta Red de Inteligencia que operaba en Barrancabermeja se desarrolló como parte de la Estrategia Nacional Contra la Violencia del gobierno de César Gaviria, la primera política pública de seguridad del país que se adoptó por recomendación de la Comisión Asesora de las Fuerzas Militares de Estados Unidos dentro de la llamada guerra antidrogas. En cumplimiento de la orden 200-05 de 1991 del Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea establecieron 41 redes de inteligencia que suministraban información y recibían órdenes directas del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
Entre 1991 y 1993, bajo el mando del entonces coronel Rodrigo Quiñonez Cárdenas, la Red de Inteligencia No. 07 de la Armada dejó al menos sesenta y ocho víctimas de agresiones en circunstancias y modus operandi similares: los sicarios se movilizaban en moto, disparaban contra sus víctimas y huían. Su retirada era protegida con intempestivos cortes de energía y la “casual” ausencia total de la Fuerza Pública. Generalmente, no se capturaba a ninguna persona sospechosa de cometer estos hechos violentos.
Pese a los esfuerzos de las víctimas y sus representantes, los únicos condenados fueron siete civiles que actuaron como sicarios o informantes de la red, mientras que sus superiores jerárquicos, Rodrigo Quiñónez Cárdenas, Rafael Alfredo Colón Torres, Jairo Enrique Osorio Morales, Jorge Rojas Vargas, Mauricio Fabián Varón Daza, Harry Rodolfo Ávila Pinilla, Juan Carlos Donado Camaño, Jorge Enrique Uribe Cañaveral y Carlos David López Maquillón, fueron investigados y sus casos precluidos en la Jurisdicción Penal Militar.
Después de 30 años de impunidad, la representación de las víctimas reiteró ante la CIDH su llamado al Estado para que la verdad y la justicia alcancen a todos los responsables de estos graves hechos que demuestran cómo la inteligencia estatal ha sido usada ilegalmente en múltiples casos a lo largo de la historia de Colombia para perseguir a opositoras y opositores políticos, y personas defensoras de derechos humanos.
El Estado colombiano, por su parte, reiteró una solicitud ya presentada de llegar a un acuerdo de solución amistosa, ante lo cual la representación de víctimas señaló que esta posibilidad parte del reconocimiento pleno de su responsabilidad internacional, de que el Estado corrija en sus alegatos expresiones como que los sicarios eran terceros civiles sin relación con la Red, y reconozca que la actuación de la Justicia Penal Militar en este caso fue contraria al ordenamiento constitucional -ya vigente para la época de los hechos-, que prohíbe la competencia de esta justicia militar en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, la representación de víctimas solicitó al Estado el reconocimiento de los archivos de inteligencia de la Red 07 como archivos de derechos humanos, así como un cambio definitivo y estructural en la legislación sobre inteligencia y contrainteligencia, y en la doctrina militar, para que hechos como estos no se repitan nunca más.
Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-
Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo –Cajar–