Una de las aristas que en las últimas décadas tuvo la violencia ejercida contra los sindicatos en Antioquia, quizás la más trágica y desafortunada, fue la alianza de los empleadores con grupos paramilitares, con el objetivo de acabar las organizaciones de trabajadores, o por lo menos maniatarlas, impedirles su función.
Históricamente los índices de violencia antisindical en Antioquia han sido los más altos del país. Según estudios de la ENS, de todas las agresiones contra sindicalistas registradas en el país entre 1977 y 2014 (homicidios, amenazas, secuestros, desapariciones etc.) el 33,7% ocurrieron en Antioquia. Y más grave aún: el 45,8% de homicidios de sindicalistas.
Y en el contexto de ese tenebroso panorama emergen dos casos emblemáticos: los sindicatos Sintrasema seccional Amagá y Sutimac subdirectiva Puerto Nare, víctimas de una arremetida brutal que no tuvo otro objetivo distinto que acabarlos, exterminarlos, objetivo que en el caso de Sintrasema Amagá se cumplió.
Caso Sintrasema Amagá: el paramilitarismo pudo más
Una de las aristas que en las últimas décadas tuvo la violencia ejercida contra los sindicatos en Antioquia, quizás la más trágica y desafortunada, fue la alianza de los empleadores con grupos paramilitares, con el objetivo de acabar las organizaciones de trabajadores, o por lo menos maniatarlas, impedirles su función.
Fue ese el caso ocurrido en Amagá, municipio ubicado en el suroeste de Antioquia, donde la administración municipal, en cabeza del alcalde William Muriel, se alió con el Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia, liderado por Efraín Mendoza, con el objetivo de exterminar la subdirectiva Amagá del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Municipios de Antioquia.
Gracias a la labor del sindicato, los funcionarios de la Administración Municipal de Amagá habían logrado buenas condiciones de trabajo, principalmente en lo relacionado con estabilidad laboral, beneficios económicos legales y extralegales, auxilios educativos para sus hijos, y actividades recreativas para el grupo familiar. Ante lo cual entre la dirigencia municipal se decía que el sindicato era como un “cáncer”, que estaba acabando con el presupuesto municipal.
Tales logros y reivindicaciones laborales comenzaron a desvanecerse el 4 de diciembre de 2001, fecha la totalidad de la junta directiva de Sintrasema Amagá fue retenida en masa por el Jefe de Obras, Mario Palacios, quien en un vehículo de propiedad del Municipio los condujo a Minas, un corregimiento que para esa época era reconocido como territorio dominado por uno de los principales focos del paramilitarismo en el suroeste antioqueño.
En la plaza pública del citado corregimiento los 12 dirigentes sindicales fueron recibidos por Efraín Mendoza, comandante del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien ordenó su encierro en el sitio donde antes funcionaba la inspección de policía. Y como si se tratara de un ajusticiamiento los enfilaron contra una pared rodeados de hombres armados, mientras Mendoza les decía: “El que nada debe, nada teme. ¿Qué es un sindicato? ¿Qué es un fuero sindical? ¿Para qué un fuero sindical? A mí no me gustan mucho los sindicatos porque acaban con las empresas, y porque los trabajadores son unos zánganos.
Después de su arenga intimidatoria el comandante Mendoza los dejó ir de regreso a Amagá. Pero al día siguiente el presidente de Sintrasema Amagá recibió una llamada de los paramilitares, que lo conminaban a presentar la renuncia suya y la del resto de los integrantes de la junta directiva del sindicato. Además ese mismo día del secuestro colectivo a la esposa de uno de los directivos la llamaron para intimidarla.
Ante semejante acto de intimidación se convocó a una asamblea de los trabajadores afiliados al sindicato, en la que se definió que no había garantías para salvaguardar sus vidas ni la existencia del sindicato, y por tanto no les quedaba más alternativa que renunciar al fuero sindical. Así que ese mismo día el presidente del sindicato se dirigió al corregimiento de Minas a presentar el documento que daba cuenta de la renuncia de la junta directiva; cita que el directivo recordará toda su vida por la manera infame como fue humillado.
En efecto, fue sometido a tratos degradantes, agresiones físicas y psicológicas, amarrado de pies y manos en presencia de la comunidad, le pusieron sobre su cabeza un arma de fuego, le vendaron los ojos y para comprobar si veía hicieron que se diera un fuerte golpe en la cabeza, y por último lo metieron en un cajón de madera.
Se liquida el sindicato
Lo sucedido marcó el final del proyecto colectivo Sintrasema Amagá. Porque al día siguiente, el 6 de diciembre, los integrantes del sindicato fueron convocados a la última asamblea, en la que éstos acordaron renunciar al sindicato, esta vez con el aval del alcalde William Muriel y la representante de la oficina del trabajo. Fueron 36 renuncias en total en un lapso de pocas semanas.
El camino para aplicar la Ley 617, de ajuste fiscal, a cuya aplicación el sindicato se había opuesto, quedó despejado. Tal ajuste se hizo bajo los criterios estimados por la administración municipal, que fundamentalmente se traducían en la intención de acabar con el sindicato. Incluso fue de conocimiento público que los paramilitares, en cabeza de Efraín Mendoza, recibieron una suma de dinero de la Administración Municipal como contraprestación a su trabajo de presión y violencia contra los sindicalistas afiliados a Sintrasema Amagá. De acuerdo con los testimonios recopilados, se presume que les entregaron 5 millones de pesos.
Aun así todos los funcionarios de la Administración continuaron asistiendo a sus puestos de trabajo. Por ejemplo, el presidente del sindicato continuó con sus tareas en la limpieza de las calles del municipio, pero en zozobra permanente, pues todo el tiempo se sentía intimidado por la presencia de hombres armados a su alrededor. Hasta que los paramilitares le dieron la orden expresa de abandonar el municipio, ya que era considerado persona no grata.
“No lo queremos ver, si no se va ya sabe lo que le pasa. Primero empiezo por los hijos, segundo le doy a su señora y por último le doy a usted, para que sepa qué es esto”, le dijo la persona que le dio la orden de partir. Así que, sin más opciones presentó su carta de renuncia como trabajador del municipio el 21 de diciembre de 2001. Además, la directiva central de Sintrasema gestionó su exilio para proteger su vida. Pero él no lo aceptó, no quiso apartarse de su esposa y sus hijos. En un primer momento salió desplazado hacia otro municipio, después regresó a Amagá y optó por encerrarse en su propia residencia alrededor de un año.
Entre tanto, las amenazas contra los demás directivos sindicales siguieron al orden del día, extensivas a sus familiares. El 16 de diciembre de 2001 los paramilitares amenazaron a uno de los dirigentes que se negaba a renunciar a su empleo. El mensaje que le dejaron con su padre, un señor de avanzada edad, fue el siguiente: “Dígale a su hijo que tiene plazo hasta el 20 de diciembre para que renuncie, o si no el 31 hacemos el muñeco con él”. Tal amenaza repercutió en la salud del padre del dirigente sindical, quien tuvo que ser llevado de inmediato a un centro hospitalario por una afección cardiaca.
Sintrasema Amagá aparece registrado como sindicato, pero es una organización sin vida. Inclusive las autoridades locales actuales continúan mostrando rechazo frente a la organización sindical y las justas reivindicaciones de las víctimas. “El alcalde en este momento no quiere saber nada que esté a favor de nosotros en este proceso, los concejales tampoco”, dice un exdirectivo de Sintrasema Amagá que pidió omitir su nombre.
El aniquilamiento de Sintrasema fue aprovechado por las posteriores administraciones para imponer nuevos modelos en las relaciones laborales. En adelante la vinculación laboral se hizo mediante cooperativas de trabajo asociado, que vulneran derechos y precarizan las condiciones de trabajo. Hoy en Amagá prevalece la tercerización laboral en la administración municipal.
Caso Sutimac Puerto Nare: itinerario de un plan de exterminio
Otro caso emblemático que muestra la fuerte persecución contra el sindicalismo en Antioquia, es el del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción, Sutimac subdirectiva Puerto Nare. Durante años la persecución fue intensa y el asesinato de varios de sus cuadros directivos lo debilitaron y lo dejaron a punto de liquidarse.
En este caso también el sindicato enfrentó la persecución por parte de organismos del Estado, directivas empresariales y grupos ilegales, con el fin de que dejara de hacer lo que le correspondía: propender por el bienestar de las y los trabajadores y de las comunidades donde tenía asiento la empresa.
Sutimac es un sindicato antiguo. Tiene sus orígenes en los años 40 del siglo pasado, cuando el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán ayudó a la organización de los trabajadores de la Empresa Cementos Nare, con sede en el Corregimiento La Sierra, municipio de Puerto Nare, Magdalena Medio Antioqueño.
Pero fue en 1972 cuando Sutimac se constituyó como sindicato de industria y empezó su activismo sindical y político, en estrecha relación con las luchas populares, y con notoria influencia del Partido Comunista. El auge de la actividad sindical y la acción comunitario, así como el aumento de la movilización obrera, a finales de los años 70 y comienzos de los 80 desataron las primeras manifestaciones de violencia por parte de las fuerzas del Estado, mediante amenazas, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales.
Julio César Uribe fue uno de los primeros líderes de Sutimac. Algunos de sus compañeros lo recuerdan como un político y sindicalista pragmático, de una gran oratoria y poder de convencimiento, sustentado en su gran preparación política y académica, más allá de que nunca obtuvo un título universitario. Su activismo contribuyó a que las movilizaciones sindicales aumentaran, y también a que la fuerza pública pusiera en él la mira.
“En el año 72 fue la huelga más brava, inclusive la empresa Cementos Nare llevó el ejército. Todo el mundo decía que el objetivo era traer a Julio César detenido. Según dijeron los trabajadores, él se quitó la camisa, se las tiró de frente y les decía: aquí estoy, si me van a disparar dispárenme, pero yo soy el responsable. Y esa vez no se lo llevaron porque el que iba dirigiendo el ejército era hijo de un obrero de Cementos Nare”, recuerda la esposa de Uribe.
Sería capturado después, el 13 de mayo de 1972, en una batida realizada por el ejército en Puerto Berrio, sin que el sindicato pudiera hacer nada para impedir que Uribe fuera entregado a la Justicia Penal Militar, que primero lo recluyó en el Batallón Bomboná y después en las dependencias del DAS en Medellín, donde estuvo 9 días retenido. Se explicó que su detención obedecía a la acusación del alcalde de Puerto Nare de promover la huelga y perjudicar económicamente a la empresa Cementos Nare. Gracias a la intervención del Gobernador de Antioquia de entonces, Uribe fue dejado en libertad.
Por otra parte, en varias ocasiones el ejército intentó tomarse las instalaciones de la empresa cementera, pero desistió ante la presión del sindicato. Sin embargo, el nivel de confrontación no era tan extremo en aquel momento en comparación con lo que se vivió durante la segunda mitad de la década de los 80, cuando se hizo más patente el despliegue de la muerte y del terror como estrategia de disuasión contra Sutimac.
La muerte intimida
Desde 1983 se advertía de la presencia de cadáveres que bajaban por el río Magdalena. También arribaron los paramilitares al corregimiento La Sierra, y se autoproclamaron como los representantes de las “fuerzas vivas” de la región. Incluso se convirtieron en reguladores de los conflictos laborales en la zona. Se escuchaban rumores de que vendría un baño de sangre contra el sindicato Sutimac. Todo esto llevó a que el miedo se apoderara de los sindicalistas y pidieran protección, incluso le enviaron una carta al presidente de la República en la cual acusaban al Batallón Bárbula de las amenazas y las persecuciones.
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