Bajo este título se exhibe en las vitrinas de las principales librerías del país un libro que en pocos días ya ocupa los primeros lugares en ventas. Su autor es el joven periodista Julián Martínez, quien después de meses de investigación y de consultas le ofrece al país su producto de trabajo el cual, sin ninguna duda, constituye un muy valioso aporte a la memoria histórica, para que esta y las futuras generaciones conozcan la infame y terrible persecución que sufrieron personas y organizaciones, por haber sido consideradas por el gobierno de turno como una “amenaza a la seguridad nacional”.
Un pueblo que no conoce su historia de barbarie está condenado a repetirla, por eso, la obra de Julián Martínez muestra con crudeza lo que los gobiernos no deben hacer, y los hechos que no debe repetirse. Lección que debe recoger también el actual mandatario, dado que las labores ilegales de las agencias de inteligencia estatal siguen estando a la orden de cada día.
Chuza DAS ocho años de barbarie, muestra como el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- que dependía directamente del presidente de la República fue convertido en una jauría de sabuesos que tenían como objetivo perseguir de todas las formas posibles a quiénes levantaban su mano para señalar injusticias, a quienes denunciaban las graves violaciones de derechos humanos, a quiénes desde las altas magistraturas se atrevieron a llevar a los estrados judiciales a los políticos que le sirvieron y se sirvieron del paramilitarismo, a quienes defendieron el patrimonio público contra la avaricia transnacional, a quiénes levantaron su voz contra las políticas que enajenaban aceleradamente y a grandes pedazos la soberanía nacional.
Este libro muestra que las ilegales actividades desplegadas por el DAS no se limitaron a las comúnmente denominadas “chuzadas” o interceptación de comunicaciones; sino que, convertido el DAS en un aparato organizado de poder, llevó a cabo un macabro plan para eliminar o neutralizar todas las voces disidentes de las políticas gubernamentales y para ello, acudió a una enorme estela de crímenes: sabotajes, intromisión en la vida íntima de las víctimas, violación de oficinas y viviendas, tortura psicológica, desplazamientos forzados, montajes judiciales para encarcelar opositores y defensores de derechos humanos, actividades para desprestigiar a personas y organizaciones sociales, ilegales labores de seguimientos y vigilancias, infiltraciones a organizaciones sociales, al uso de los esquemas de seguridad como células de espionaje, acciones para desprestigiar a personas y organizaciones políticas y sociales, sabotajes a la cooperación internacional que apoya el trabajo de las organizaciones de derechos humanos bajo órdenes expresas de neutralizar y restringir su actividad, hostigamiento a activistas de la paz, la tenaz persecución a periodistas independientes pregoneros de verdades que el poder se empeñaba en dejar en las tinieblas de lo desconocido.
No puede dejar de mencionarse la escabrosa y criminal alianza DAS-paramilitares, que entre otros crímenes, fue responsable de la ejecución extrajudicial de la que fue víctima el académico y defensor de derechos humanos Alfredo Correa de Andreis, por la cual la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de prisión el exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, fue una de las organizaciones que mayormente sufrió la cotidiana y pertinaz acción criminal del DAS, bajo la denominación de “Operación Transmilenio”. Se pretendió su aniquilación como organización defensora de derechos humanos, llevaron a cabo múltiples acciones para sabotear e impedir la defensa de víctimas en los tribunales nacionales e instancias internacionales, la persecución a sus integrantes se extendió a sus familiares, incluyendo sus ancianos padres y pequeños hijos.
A su entonces presidenta Soraya Gutiérrez, le enviaron por correo un paquete que contenía una muñeca decapitada y descuartizada, manchado su cuerpo con esmalte rojo –a manera de sangre-, con una cruz dibujada en su pecho y quemados sus ojos. La muñeca estaba acompañada de un manuscrito que decía: “Usted tiene una familia muy bonita, cuídela, no la sacrifique”.
Igualmente, impidieron que una de sus abogadas viajara a la Haya a participar en la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional. Toda esta persecución se produce en un contexto en el que de manera reiterada los discursos presidenciales estigmatizaban la labor del CAJAR y sus abogados. Estas y muchísimas otras acciones contenidas en miles de folios dan cuenta de la implacable persecución contra el CAJAR. Julián Martínez en su libro da cuenta en un lenguaje sencillo pero certero de la generalizada y sistemática persecución contra esta organización defensora de derechos humanos.
La que indudablemente continúa en deuda con la sociedad es la administración de justicia, pues la impunidad sigue cobijando a máximos responsables y a funcionarios que tuvieron un papel protagónico en esta cacería criminal. A la fecha, no han sido vinculados a investigaciones, por ejemplo, miembros del circulo presidencial y quiénes se encargaron de desarrollar la llamada “guerra psicológica”, que tuvo como algunas de sus expresiones, el macabro paquete que recibió la defensora de derechos humanos Soraya Gutiérrez y las coronas fúnebres enviadas a los periodistas Carlos Lozano Guillén, Hollman Morris y Daniel Coronel, hechos que constituyen claramente el delito de tortura psicológica. Las víctimas han solicitado que la justicia colombiana reconozca que todos los crímenes cometidos constituyen el delito de persecución política, establecido en el Estatuto de Roma.
Para conocer la dimensión de la persecución, invitamos a participar del lanzamiento de este aporte a la verdad histórica, que tendrá lugar en el Gimnasio Moderno, el próximo 2 de marzo a las 7 pm.