Después de 19 años de impunidad en Colombia
Bogotá, 22 de febrero de 2022. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, órgano de protección de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos OEA, admitió el caso del homicidio de Tito Eudaldo Díaz, entonces alcalde de El Roble, Sucre, 2001-2004, crimen cometido por estructuras paramilitares en alianza con autoridades departamentales, el 5 de abril del 2003, en la ciudad de Sincelejo.
Este informe de admisibilidad corresponde a una petición presentada el 2 de noviembre de 2009, por la familia de Tito Díaz, con el acompañamiento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar. La Cidh consideró que era competente para conocer la petición en razón de la inacción de la justicia en Colombia que después de 19 años de ocurridos los hechos no ha investigado, juzgado y sancionado al conjunto del aparato criminal que participó en estos hechos.
Trino y declaraciones del abogado del caso
#LoÚltimo🌷 @CIDH admite caso de asesinato del alcalde de El Roble “Falta mucha gente por comparecer ante la justicia: el director de la policía, los procuradores y parte de la clase política del departamento.” Rafael Barrios, abogado de víctimas 👉🏽https://t.co/w3s9S0hHRe pic.twitter.com/ZEkKvVTKKW
— ColectivoDeAbogad@s (@Ccajar) February 22, 2022
El alcalde de El Roble, Tito Eudaldo Díaz era un dirigente político comprometido con su departamento y como parte de su ejercicio había denunciado la corrupción y el tráfico de influencias en que estaban envueltos el entonces gobernador de Sucre, Salvador Arana, el comandante de la policía y los procuradores regionales.
Estas denuncias fueron dadas a conocer por el mismo alcalde en un consejo comunitario liderado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, realizado en Corozal, Sucre, el 2 de febrero de 2003, dos meses antes del crimen. En ese mismo escenario, el alcalde Díaz denunció la existencia del plan para asesinarlo: “ya hubo la destitución y después viene mi muerte, ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar…”
Pese a la advertencia, el homicidio se concretó. El día del homicidio, el Alcalde salió a reunirse con varias personas de la región, entre ellos el paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, y luego su familia perdió su rastro. Tres días después, el 8 de abril de 2003 presentaron una denuncia ante el Gaula de la Policía y el 10 de abril ante la Defensoría del Pueblo.
Sólo gracias a la persistencia y dignidad de la familia del alcalde y el trabajo de Cajar, la justicia colombiana ha emitido diez resoluciones de acusación y dos condenas penales por este caso, una contra la exdirectora de la cárcel de Sincelejo, Diana Martínez, y otra contra el exgobernador Salvador Arana, a la cual se llegó porque él mismo admitió su participación en los hechos. Martínez es hoy prófuga de la justicia y Arana se sometió la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- donde avanza el caso en medio de amenazas y obstáculos para la participación de las víctimas.
También existe una condena contra la Nación (Policía Nacional Ministerio de Defensa) emitida el 30 de septiembre de 20019 cuyas medidas de reparación integral no han sido cumplidas por el Estado.
Estos escasos avances en la justicia se han dado en medio del asesinato de 18 testigos del caso y los constantes hostigamientos contra la familia del exalcalde, en particular en contra de su hijo Juan David Díaz Chamorro, víctima de amenazas y montajes judiciales.
Por todo lo anterior y pese a que el Estado colombiano alegó ante la CIDH que no se habían agotado los recursos internos para buscar justicia, que existen decisiones judiciales en el caso y que las víctimas habían contado con las garantías para necesarias dentro del proceso “La Comisión considera que en este caso aplica la excepción establecida en el artículo 46.2.c de la Convención (Americana) porque los hechos ocurrieron hace más de 17 años y aún sigue en curso la investigación penal.”(1)
Para Rafael Barrios Mendivil, cofundador del Cajar y uno de los abogados del caso, “es una muy buena noticia esta admisión porque el caso sucedió hace mucho tiempo, y es muy significativo como quiera que el alcalde de El Roble denunció hechos de corrupción en su departamento y advirtió que lo iban a matar. A pesar de eso, las autoridades, empezando por el primer mandatario, el señor Uribe no hicieron nada y a Tito lo desaparecen y lo matan“.
El defensor de derechos humanos y representante de víctimas añadió que, en este caso, “falta mucha gente por comparecer ante la justicia, como el director de la policía del departamento de la época, los procuradores y parte de la clase política del departamento. Aquí hay una justicia poca y parcial y los grandes determinadores no han sido juzgados ni sancionados”, concluyó.
En concordancia con ello, el informe de admisibilidad concluye que es necesario que el Sistema Interamericano estudie de fondo la responsabilidad del Estado colombiano en el asesinato del Alcalde de El Roble, así como el estado de impunidad parcial en que se encuentra la investigación de estos hechos que constituyen violaciones a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, y derechos políticos consagrados en la Convención Americana. El Cajar espera que la CIDH establezca la responsabilidad internacional del Estado por este grave crimen y ordene medidas de reparación y garantías de no repetición en favor de las víctimas.
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1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, Informe No. 363 de 2021, Petición 136609, Informe de Admisibilidad, Eudaldo León Díaz Salgado y Familia vs. Colombia, OEA/Ser.L/V/II, Doc.373, 2 de diciembre de 2021.
