El día de ayer 22 de febrero, siendo aproximadamente las 07:13 PM, el abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar- Sebastián Felipe Escobar Uribe, representante de víctimas ante la JEP, recibió en su teléfono celular una llamada  con una duración de 33 segundos, en la cual un hombre le amenazó y a su representado Juan David Díaz Chamorro a través del siguiente mensaje: “dígale a Juan David que si sigue metiendo a los políticos de Sucre lo vamos a matar y también nos lo llevamos a usted por delante por sapo”.  

Estos hechos se inscriben en las actuaciones que adelanta la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, en razón del sometimiento voluntario que realizó el ex gobernador de Sucre Salvador Arana Sus, el 12 de febrero de 2020 en calidad de tercero (agente del Estado no integrante de la fuerza pública) y su aceptación en septiembre del año pasado mediante decisión de la Corte Constitucional.  

En octubre de 2009, la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador Salvador Arana Sus, y a su jefe político Álvaro García, a 40 años de prisión por el homicidio del Eudaldo Díaz Salgado.  El 2 de febrero de 2003, Edualdo “Tito” Díaz el Alcalde de El Roble, municipio del departamento de Sucre, expresó en un consejo comunal, en Corozal, Sucre, en presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que estaba amenazado de muerte. Esa sentencia se cumplió el 10 de abril del mismo año, cuando Arana Sus era el gobernador del departamento.

El pasado diciembre de 2020, el Cajar presentó observaciones a la propuesta de régimen de condicionalidad de Arana Sus presentada a la JEP, haciendo énfasis en que el compromiso claro, concreto y programado debe contribuir al esclarecimiento de la verdad en nivel superior a lo establecido en la justicia ordinaria, al tiempo que hizo un llamado para que fueron precisados los hechos que comprendía el reconocimiento, la identificación de los presuntos autores o partícipes, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron. 

El pasado 11 de febrero, Juan David Diaz Chamorro, hijo del asesinado alcalde del Roble Eudaldo Díaz Salgado, fue aceptado como víctima por la Sala de Definiciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, en respuesta a su solicitud en búsqueda de verdad y justicia “No permitiré que Salvador Arana Sus oculte la verdad sobre su responsabilidad que tienen en la muerte de mi padre, su alianza criminal con otros políticos de Sucre, ganaderos, comerciantes, empresarios y testaferros”, declaró Juan David al conocer la noticia.

Minutos antes de que se produjera la amenaza, la Sala había notificado a la representación de víctimas la convocatoria a Arana Sus a una audiencia de contribución a la verdad a llevarse a cabo los próximos 11 y 12 de marzo, así como su decisión de solicitarle al compareciente que ajustará su plan de contribuciones voluntarias en respuesta a la solicitud de la representación de víctimas. 

Denunciamos esta grave amenaza que se suma a otras amenazas, hostigamientos y montajes judiciales que ha padecido la familia del Alcalde Díaz Salgado, así como al creciente clima de hostilidad contra el trabajo que desarrolla el Cajar ante la Jurisdicción Especial para la Paz en representación de las víctimas. 

No cabe duda de que los avances de la Justicia transicional en materia de verdad tienen en vilo a quienes están involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Estos avances, que son un paso muy importante para la sociedad, también están significando riesgos para las víctimas y sus representantes.

Al Gobierno Nacional, le solicitamos condenar enérgicamente las amenazas y señalamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, que incrementan su riesgo en un contexto de construcción de verdad histórica como el que atraviesa el país.  Igualmente, a través de la UNP fortalecer las medidas de protección física en favor de Juan David Díaz y el abogado Sebastián Escobar Uribe. 

A la Fiscalía General de la Nación, le exigimos una investigación pronta y eficaz sobre el origen de estas amenazas en contra del abogado Sebastián Escobar Uribe y la víctima Juan David Díaz Chamorro.  

A la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, que tenga en cuenta este grave incidente de seguridad al momento de valorar el régimen de condicionalidad del compareciente Salvador Arana Sus, al tiempo que solicitamos dar seguimiento a las medidas de protección en favor de la víctima y su abogado.  

Anunciamos que este nuevo episodio de ataques contra la familia de Tito Eudaldo Díaz y sus abogados será puesto en conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ordenó medidas cautelares en favor de Juan David Díaz y del Cajar. Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce del caso del asesinato del alcalde de El Roble, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce actualmente del caso de la histórica y constante persecución ilegal contra el Cajar desde las más altas esferas del Estado.  

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