Coalición “Movimiento por los derechos humanos y contra la corrupción”

Las 26 organizaciones de la Coalición “Movimiento por los derechos humanos y contra la corrupción”, llamamos la atención de los Estados de las Américas, sobre la necesidad de abordar la problemática de la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos, tal como lo afirman las resoluciones 01/17 y 01/18 de la CIDH. La corrupción además de afectar el patrimonio público, impide que los gobiernos cumplan con su obligación de maximizar los recursos disponibles para alcanzar la realización de derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y el ambiente sano.

1. Luchar contra la corrupción para reforzar la gobernabilidad democrática en las Américas. Varios gobiernos de la región enfrentan una grave crisis de legitimidad, en la que uno de sus componentes son graves actos de corrupción. En varios casos, la malversación de fondos públicos tiene además una relación directa con violaciones a derechos humanos y ambientales. En países con altos niveles de crímenes y violaciones a ddhh, la corrupción afianza la inacción de la justicia o la complicidad de las autoridades con carteles de las drogas; en otros casos, a través de la corrupción se acaparan tierras y desvían fondos estatales; incluso en algunos Estados operan bandas criminales instaladas en la esfera pública con el objetivo único de lucro. Llamamos a los Estados a acoger las recomendaciones formuladas por la CIDH en su Resolución 01/18 sobre corrupción y derechos humanos, fortalecer las políticas públicas y el fomento de una cultura contra la corrupción, así como favorecer una mejor interrelación entre los derechos humanos y los marcos internacionales y nacionales contra la corrupción.

2. Necesidad de participación y protección real de la sociedad civil en las estrategias anticorrupción. La transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la participación, piedras angulares en la lucha contra la corrupción, tienen su correlato en los derechos a la asociación, libertad de expresión, derecho de acceso a la información pública. Los Estados deben reconocer la importancia de la labor de personas, grupos y organizaciones que defienden derechos humanos y desarrollan acciones de lucha contra la corrupción; garantizar un entorno propicio para el desarrollo de su acción, incluyendo marcos legales favorables al ejercicio de la protesta y movilización social y posibilitar la búsqueda, acceso y difusión de la información, desarrollando canales que respeten sus valores y prácticas culturales, y que se adapten a sus necesidades.

3. Fortalecer el Estado de Derecho Democrático y la administración de justicia. Los obstáculos fundamentales para el efectivo cumplimiento del derecho de acceder a una pronta y eficaz actuación de la administración de justicia, se relacionan con la falta de independencia judicial, la existencia de inadecuados marcos legales que contemplan amnistías, indultos, inmunidades, la corrupción de funcionarios incluyendo fiscales y jueces, y la ausencia de garantías de protección a los defensores de derechos humanos y a los “wistleblowers”. Llamamos a los Estados a reforzar la independencia del poder judicial; permitir la intervención de grupos de la sociedad civil en las investigaciones penales; reformar las instituciones de modo que incrementen los costos de la corrupción, por ejemplo, sanciones a partidos políticos, revisión de quantum de las penas, limitación de subrogados penales, etc.

4. Reforzar y ampliar los mecanismos transregionales de lucha contra la impunidad. La Operación Lava Jato en Brasil, y los trabajos de la CICIG en Guatemala, han permitido desvelar complejos entramados de corrupción transnacionales, en este último caso además existencia de una criminalidadcompleja, compuesta por Redes político-económicas ilícitas (RPEI) que han cooptado al Estado, con prácticas políticas “normalizadas” cuyo fin es el enriquecimiento ilícito. Llamamos a los Estados de las Américas a declarar en el marco de la Cumbre de las Américas su apoyo y reconocimiento al trabajo y a los resultados de la CICIG en Guatemala y la urgencia de reencauzar la MACCIH en Honduras, como mecanismos necesarios en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Asimismo, a respaldar para México el establecimiento de un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción.

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