Los días 12 y 13 de mayo se llevó a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs Colombia, para presentar el litigio sobre inteligencia ilegal así como de persecución continua y organizada contra esa colectividad.

Debo aclarar que no soy abogada pero estoy convencida que casi de forma natural a la mayoría de las personas las acciones que vulneren la dignidad humana les repelen; sumado a lo anterior, la formación en valores me ha llevado a atender el accionar de quienes velan por intereses para las minorías y también el accionar de quienes velan por restituir el bienestar de las mayorías. Huelga decir que son variados los caminos para trabajar por dicha restitución; uno de ellos, el elegido por el Ccajar, desde mi ignorancia abogadezca me atrevo a resumirlo así: dentro de los cánones de la institucionalidad y con herramientas provenientes de la normatividad que regula la vida en nuestra sociedad, buscar la justicia y la paz; sustantivos estos fundamentados en la verdad.

De lo antedicho se colige que el ejercicio del Cajar no se encuentra fuera de la legalidad, por tanto la actividad de inteligencia en su contra así como la persecución continua y organizada, obedece a un trasfondo no explícito en el devenir de la cotidianidad de la nación. En consecuencia, los horrores padecidos por quienes integran el Colectivo, tenían y tienen que ser leídos e interpretados desde otro ángulo, de tal forma que “armando el rompecabezas” entre lágrimas, pánicos, robos y exilios, se deja ver el accionar paralelo al cual está acostumbrada la clase dirigente: paramilitares, parapolítica, paraEstado…

Bien lo describió uno de los comparecientes ante la JEP en el macrocaso Catatumbo, quien relató que quedaban grabadas las reuniones donde se recomendaba la aplicación escrupulosa de los cánones de los derechos humanos; acto seguido por Avantel, sin grabación, se ordenaba actuar con bellaquería sobre la población inerme. La apariencia y la realidad…

El Estado colombiano encomendó a tres personas jóvenes, sin duda con una buena formación, la misión de defenderlo en este litigio. Con mucha corrección, cortesía, voces pausadas y hasta dejando deslizar halagos para las víctimas, esgrimieron con convicción la batería de normas que aplican al caso en cuestión. Escuchándolos parecía el salón de clase cuando alguno de los alumnos hace una bella exposición producto del copia y pegue, pero convencido de que lo dicho es fruto de su propia elaboración, que ha rumiado lo leído; en otras palabras, que ha superado la apariencia…

De otro lado los peritos, personas que han visto cómo resuma de la norma la posibilidad de transgredirla, de hacerle el quite o de apreciar el boquete que evidencia la dinámica de su aplicación, donde se puede ubicar tal o cual acción para adentrarse en otra realidad, por supuesto, paralela. Ellos, los peritos, con la autoridad que les da la experiencia y el estudio concienzudo norma-realidad, dejaron completamente claro cuán ilegal fue el actuar del Estado en contra del Cajar y además, cuán necesaria es la evolución de la normatividad en un mundo con infinitas posibilidades de acopiar datos sin el consentimiento de quienes son blanco, es decir, objeto de análisis y de persecución.

El horroroso panorama descrito por las víctimas no logró mover a la representación del Estado colombiano en el sentido de que las garantías ofrecidas para protección eran insignificantes, frente a la velocidad y voracidad del accionar amenazante de esa parainstitución que cebada en el Ccajar anunciaba tragedia; el instinto natural de protegerse llamó a la desconfianza pues el contexto histórico denotaba un gobierno avieso. La representación del Estado se quedó en la apariencia, en la norma que entinta el papel, no pudo leer la realidad, esa que se está develando en estrados acordados legalmente, para entregar verdades ocultas tras de hechos tan terribles como los descritos en la audiencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos será quien decida dónde se halla la razón, si en los padecimientos inconmensurables de quienes conformaban y conforman el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, respaldados por las argumentaciones en derecho de los peritos, o si se halla en la candidez de la argumentación del Estado colombiano. Por lo pronto aquí en Colombia crece la conciencia de que parte de la dirigencia de este país se ha apalancado en 6.402 personas muertas o más y poco a poco se va aclarando quién dio la orden, a pesar de los infinitos malabares que han diseñado para que el silencio sea su cómplice.

Lía Isabel Alvear Ramírez

Medellín, 15 de mayo de 2022.