Ginebra-París, 16 de junio de 2020 – Los actos de vigilancia ilegal militar a 14 abogados y representantes de víctimas de ejecuciones extrajudiciales evidencian la continuación de un patrón de persecución a quienes defienden los derechos humanos en Colombia. Urge tomar medidas de protección que garanticen la integridad personal de quienes trabajan por la verdad y la justicia, ha reclamado el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).

El 29 de mayo de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició el trámite de estudio de medida cautelar de protección a abogados y personas defensoras de derechos humanos que representan a las víctimas del Caso 03 de la JEP, conocido como ‘falsos positivos’. Así, la JEP solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) llevar a cabo los análisis de riesgo pertinentes, así como un análisis de contexto sobre la situación de vulnerabilidad de las catorce personas defensoras en tanto que abogados de las víctimas del Caso 03.

La solicitud de medidas de protección ante la JEP se produce a raíz de las presuntas actividades de inteligencia y vigilancia ilegal cometidas contra los catorce abogados/as y personas defensoras por parte del Ejército de Colombia, en el marco de una operación que habría llevado a la perfilación, seguimiento y vigilancia de 130 personas, incluyendo periodistas, sindicalistas, abogados, políticos y personas defensoras de derechos humanos entre febrero y diciembre de 2019.

El Observatorio recuerda que el uso ilegal de la inteligencia en Colombia ha traído graves consecuencias para las personas defensoras en la historia reciente, pues la información recopilada ha sido usada para perseguir, intimidar, e incluso atentar contra la vida e integridad física de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y sus familias en Colombia.

Asimismo, el Observatorio reitera que la persistencia de dichos patrones en el período posterior a la Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC en 2016 no sólo criminaliza y estigmatiza la legítima labor de defensa de los derechos humanos, sino que entorpece gravemente los procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación necesarios para la creación de una paz verdadera y duradera en Colombia. Además, se mantienen en el país graves patrones de violencia contra quienes defienden los derechos humanos, como evidencian los 124 asesinatos de personas defensoras asesinadas a lo largo del 2019.

Entre los peticionarios de las medidas cautelares se encuentran abogadas, abogados y personas defensoras de los derechos humanos que forman parte de diferentes organizaciones incluyendo el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), todas ellas organizaciones miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT y, en el caso del CAJAR, también de la FIDH. También aparecen integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), la Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ), el Colectivo Orlando Fals Borda (COFB), la Asociación Minga, la Corporación Jurídica Libertad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEUU).

Por todo lo anterior, el Observatorio insta a las autoridades colombianas a tomar de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de los catorce abogados defensores de los derechos humanos, así como la de aquellas personas a las que representan, y a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial entorno los actos de vigilancia ilegal arriba mencionados con el objetivo de esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y establecer mecanismos de garantía de no-repetición.