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El 28 de julio de 2021, el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Buga, CARLOS EDUARDO RIVERA BORJA, emitió sentencia absolutoria en favor de DIEGO MONTOYA SÁNCHEZ y de DIEGO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, ambos procesados por participar en la masacre de Trujillo, perpetrada entre 1988 y 1994 y que afectó a más de 275 víctimas y familias, el primero como integrante del conjunto determinador y propietario de uno de los inmuebles en que tuvieron lugar algunos de los episodios más horrendos de esta cruel masacre, y el segundo como integrante de la estructura paramilitar ejecutora del mismo.

Como organización de familias víctimas de esa prolongada y sistemática masacre que mantuvo la continuidad de atrocidades que involucraron a numerosos agentes e instituciones del Estado colombiano, en estrecha connivencia con estructuras paramilitares y destacados narcotraficantes de la región, sin que nuestras constantes denuncias y clamores lograran que el Estado cumpliera sus obligaciones básicas de detener esa barbarie, rechazamos radicalmente esta sentencia y la consideramos una atroz afrenta a la humanidad como humanidad.

Cuando el 31 de enero de 1995 se hizo público el Informe de la Comisión de los Sucesos Violentos de Trujillo, logrando incluso ese día que el Presidente en ejercicio, Ernesto Samper Pizano, reconociera la responsabilidad del Estado en esos crímenes atroces, en la Conclusión Segunda de dicho Informe se leía: “La Comisión tiene suficientes elementos de convicción para concluir que el Estado colombiano es responsable porque sus instancias judiciales y disciplinarias se abstuvieron de recaudar pruebas pertinentes, fallaron en contra de la de la realidad procesal y cometieron otras graves irregularidades que impidieron la identificación y sanción de los autores de los sucesos violentos de Trujillo”. Tales comportamientos reconocidos, se prolongan hasta hoy.

Como familias víctimas de esta barbarie, en unión con comunidades y grupos solidarios de Colombia y del mundo, sentamos nuestra más enérgica voz de protesta, ya que esta sentencia solo rebosa una interminable serie de expresiones de la degradación, la corrupción y la inutilidad de lo que en Colombia se llama ilegítimamente “administración de justicia”, pues revela cada vez con mayor impudicia, desvergonzados mecanismos de impunidad.

Desde que comenzaron a perpetrarse estas atrocidades, comenzamos también a comprobar cómo los funcionarios judiciales y demás instituciones del Estado se iban sumando como cómplices, a través de acciones y omisiones escandalosamente afrentosas. Todo se inició con el comportamiento de la Juez 10 de Instrucción Criminal de Tuluá en ese entonces (1990), AMANDA PAZ LOZANO, quien inició los primeros expedientes y recaudó las primeras “pruebas”, todo con la cautela de interrogar solamente a quienes nada habían visto ni oído y evitando registrar pruebas materiales y útiles que pudieran llevar a la identificación de los autores de los crímenes. Esto se comprobó de manera más contundente cuando varios juristas del Comité de Seguimiento de la Comisión Trujillo la interrogaron sobre el caso y ella se negó a responder porque, según les relató, una
noche le habían llevado varios bultos de cabezas, lo cual la había dejado traumatizada, pero no quiso dar cuenta del destino que les dio a esas cabezas, que hubieran constituido un elemento probatorio fundamental sobre la suerte de muchos desaparecidos. Nadie entiende cómo esa mujer no ha sido procesada ni privada de la libertad, como si ocultar una prueba de tanta contundencia no fuera un delito de extrema gravedad, ni ha habido otras autoridades judiciales que la hayan obligado a entregar esa prueba, autoridades que se revelan a su vez como cómplices de ese macabro delito.

Cuando se filtró inesperadamente el primer testigo presencial de los descuartizamientos: el paramilitar DANIEL ARCILA CARDONA, pudimos comprobar cómo toda la actividad procesal se volcó a desvirtuar su testimonio y a eliminarlo físicamente. Lo hicieron de la manera más perversa, primero sobornando con altas recompensas monetarias al Jefe de Psiquiatría de Medicina Legal, LISANDRO DURÁN ROBLES, para que lo declarara psicológicamente anormal, y al mismo padre de Daniel para restarle credibilidad a sus afirmaciones, violando numerosas normas y procedimientos forenses, como lo evidenció la Comisión Trujillo. Se valieron, además, de todas las redes oficiales de inteligencia para capturarlo clandestinamente y descuartizarlo en medio de una orgía infernal, en la que participaron altas jerarquías militares y narcoparamilitares.

Ya desde un comienzo fueron conocidos los comportamientos depravados del Juez Tercero de Orden Público, EZEQUIEL SANABRIA PALACIO y del Juez 16 Penal Militar, JUAN DE DIOS HINCAPIÉ GUTIÉRREZ. El Juez Sanabria manejó el proceso penal en Bogotá en estrecha coordinación con los victimarios, pues cuando un testigo se presentó a su despacho a declarar, él inmediatamente le transmitió sus primeras declaraciones a uno de los narcotraficantes determinadores de la masacre, el cual secuestró inmediatamente a la madre del declarante para obligarlo a renunciar a su declaración. Cuando esto fue denunciado ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (expediente 10368 F), el caso fue archivado por prescripción luego de 5 años durante los cuales la única actuación procesal fue la decisión de archivarlo. Igual suerte corrió el proceso penal contra ese mismo juez (Rad. 492) en la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, el cual concluyó en un absurdo auto inhibitorio. Todo fue revelando desde el comienzo la coordinación de todas las instituciones para impedir el esclarecimiento de los hechos y salvaguardar la impunidad de todos los criminales. Dentro de esta lógica perversa se entiende la puesta en libertad, por supuestos “errores de procedimiento”, del ex Mayor ALIRIO ANTONIO URUEÑA JARAMILLO, quien operó la motosierra para descuartizar a decenas de campesinos, lo que todo el mundo entendió como una trampa para que huyera y eludiera la renovada acusación de fachada que le haría la Fiscalía, con la seguridad de que no lo volverían a capturar.

Cualquier análisis de los desempeños de la “justicia”, en este caso, es indignante. Nadie entiende por qué no fueron identificados ni indagados los más de 150 militares que estuvieron en los escenarios de los crímenes en los momentos más intensos de esta cruel masacre, ni tampoco los integrantes del Distrito Policial de Tuluá, cuyo papel en las desapariciones era comprendido y temido por toda la población de la comarca. Ninguna autoridad local, ni departamental ni nacional podía ignorar lo horrores que se estaban perpetrando, pues los medios de comunicación los relataban morbosa y escandalosamente, y si la justicia fuera recta tendría que haber procesado a autoridades municipales, departamentales y nacionales en las cuales descansaban ineludiblemente las responsabilidades de mando y de control. Sin embargo, muy pocos mandos fueron indagados y sólo Urueña condenado ficticiamente tras dejarlo en libertad, para que se burlara a sus anchas de tan ridícula “justicia”.

La sentencia elaborada por el Juez RIVERA BORJA para dejar libres a Diego Montoya y a Diego Rodríguez, acusa las mismas falacias y trampas de todos los demás procesos que se refieren a esta horrenda masacre impune. Quien recorra sus centenares de páginas comprueba a primera vista que los operadores judiciales nunca han proyectado como objetivo -ni siquiera lejano- identificar a los responsables de la barbarie, ni sancionarlos, ni corregir las fallas administrativas, políticas, estratégicas, judiciales y morales, ni proteger la vida de las víctimas o sobrevivientes, ni la dignidad humana amenazada por tan horrendas posibilidades, sino por el contrario, salvaguardar la seguridad de los criminales, incluyendo allí a funcionarios estatales de todos los niveles, y protegerlos de cualquier aplicación de una recta justicia.

No se descubre en absoluto, en todos estos expedientes, ninguna estrategia creativa y con vocación de eficacia, que conduzca a esclarecer la lógica, la intencionalidad, las autorías, complicidades y contextos de los crímenes, con miras a impedir sus continuidades, repeticiones y tolerancias. Por el contrario, los operadores judiciales se reducen a someter a críticas exhaustivas las “pruebas” que otros les suministran, “pruebas” que aparecen limitadas al género del testimonio, ignorando las enormes falencias que el testimonio implica por su misma naturaleza, pero mucho más en un contexto de tan elevados niveles de corrupción como el colombiano. La Comisión Trujillo tuvo la iniciativa de someter a lecturas interpretativas algunas contradicciones que se descubrían en el testimonio de Daniel Arcila y de otros testigos, lo que no le pasó por la mente al JUEZ RIVERA BORJA, autor de esta Sentencia, quien ni siquiera parece haber leído el Informe avalado por las 17 entidades que conformaron la Comisión Trujillo.

La absurda lógica procesal de esta Sentencia, como la de la inmensa mayoría de sentencias de nuestra justicia de papel, encubridora y mañosa, consiste en seleccionar testimonios controversiales, haciendo caso omiso de sus contextos y condicionamientos, para sustentar una posición de incertidumbre que permita abstenerse de emitir cualquier juicio, absolviendo por ausencia de razones, sin que el ejercicio aporte nada en absoluto para ubicar responsabilidades, resarcir a las víctimas y proteger a la sociedad de la barbarie. Es decir, haciendo inútil y perverso el ejercicio de “la justicia”.

Una vez más hay que preguntarse: ¿para qué sirve esta absurda “justicia”? Cuando sus insumos son testimonios manipulables que pueden ser direccionados hacia tan diversos objetivos, precisamente porque no se parte de HECHOS incontrovertibles que no son perpetrados por fantasmas sino que se producen en juegos de intereses sociales en conflicto, que tienen nombres, fechas, espacios, objetivos e instrumentos y que tienen efectos y secuelas que es necesario corregir y atajar, sin esperar más de 20 años, como en este absurdo caso que solo desemboca en una impúdica tolerancia.

Una justicia como la colombiana apoyada en el sólo testimonio, es una justicia no sólo inútil sino perversa. ¿Qué papel puede jugar el testimonio cuando los hechos son perpetrados con mecanismos cuidadosos de clandestinidad? ¿Cuando se evita la presencia de testigos; se oculta la identidad de los victimarios y de los instrumentos utilizados para el crimen, como vehículos, haciendas, instalaciones oficiales? ¿Aporta algo, en esos casos, el testimonio de familiares o vecinos? Pero cuando ocasionalmente hubo testigos, si éstos son asesinados o amenazados u obligados a abandonar la región o a nunca hablar de lo sucedido, bajo alto riesgo de perder la vida o la de su familia, ¿vale el testimonio? Así se trató el “testimonio” en Trujillo. Y los rendidos heróicamente fueron invalidados por los operadores judiciales mediante patrañas inconcebibles.

Los operadores judiciales colombianos han sido siempre reacios a enfrentar los crímenes como conjuntos sistemáticos y estructurales, pues tienen pavor de tener que asumir demasiado rápido su carácter real de Crímenes de Estado. Por ello le sacan el cuerpo a los análisis de las violencias generalizadas en la zona de los hechos y a abordar desde allí las responsabilidades directas e indirectas que siempre son fáciles de inferir, sobre todo cuando se enfrentan los intereses reales en juego y se asume la tipificación de los perfiles de las víctimas y los sectores de población sistemáticamente victimizados, así como las estructuras perceptibles de los victimarios.

Condenamos, pues, enérgicamente esta absurda Sentencia, que después de 20 años no aporta ni resuelve nada, a no ser dejar en libertad a dos victimarios de quienes la población trujillense nunca dudó que participaron en la barbarie, y en el caso de DIEGO MONTOYA, hospedando en su hacienda los episodios más infernales de barbarie protagonizados por el también impune ex Mayor ALIRIO ANTONIO URUEÑA JARAMILLO, quien hoy goza también de la más aberrante impunidad otorgada por la “justicia” colombiana.

 

Que cese para siempre este absurdo modelo de “justicia” que sólo garantiza impunidad!

Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo – AFAVIT
Septiembre 30 de 2021