Desde el partido Centro Democrático, la Presidencia de la República y los seguidores del uribismo se ha desatado una agresiva campaña que busca sembrar confusión en la opinión pública, y presionar a los magistrados de la Corte con amenazas veladas o abiertas.

Comunicado a la opinión pública
Bogotá D. C., 3 de agosto de 2020. En momentos en que la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia se apresta a resolver la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez, y en que el Juzgado 35 Penal Municipal en función de control de garantías va a decidir sobre la solicitud de medida de aseguramiento de los abogados Diego Javier Cadena y Juan José Salazar, desde el partido Centro Democrático, la Presidencia de la República y los seguidores del uribismo se ha desatado una agresiva campaña que busca sembrar confusión en la opinión pública, y presionar a los magistrados de la Corte con amenazas veladas o abiertas.

No es la primera vez que esto ocurre. En octubre de 2018, ante la citación a indagatoria al senador Uribe se hizo una campaña con el mismo libreto y propósito. En ese entonces se intentaba convencer a la ciudadanía que Uribe está por encima de la justicia y que de darse esa diligencia judicial, sobrevendría un estado de conmoción nacional de consecuencias impredecibles.

Llamamos al partido Centro Democrático a cesar en sus intentos por intimidar y presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No se puede afirmar que se respetan las instituciones, y al mismo tiempo arrojar un manto de duda sobre la independencia y la probidad de este tribunal supremo ante una decisión adversa. El respeto de la justicia desde una concepción democrática implica la aceptación de las providencias de los tribunales.

La afirmación de que sería una “inédita paradoja” que el senador Uribe pueda ser privado de la libertad, mientras exguerrilleros tienen representación en el Congreso, lo único que demuestra es la cínica convicción de que el ciudadano Uribe Vélez debe gozar de inmunidad frente a decisiones que pueda tomar en su contra la justicia, y que su condición de expresidente incluye la impunidad.

Con relación al malintencionado vaticinio de que una medida privativa de la libertad en este caso conduciría a una situación incontrolable, vale recordar que la incitación a la violencia es un delito sancionado penalmente.

Demandamos del presidente Iván Duque Márquez que se conduzca como Jefe de Estado y no como defensor de oficio de su mentor político, y que cese definitivamente sus reiterados intentos de intromisión en las deliberaciones del poder judicial.

Una vez más, señalamos que un principio fundamental del Estado de derecho consiste en que ningún ciudadano está, ni puede estar, por encima de la Constitución, las leyes o las actuaciones de la justicia.

Iván Cepeda Castro