Las organizaciones que firmamos este comunicado expresamos nuestra preocupación por lo acontecido el día 15 de noviembre del presente año en la plenaria del Senado, cuando se incorporaron cambios sustanciales a varios artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP)…

…entre ellos al artículo 104, el cual hace referencia a los requisitos para ser elegido como magistrado de las Salas de la JEP. En el texto se dejó explícito que “No podrán tomar posesión en cargos de la JEP: Quienes dentro de los 5 años anteriores a la fecha de posesión a título personal o por interpuesta persona, hayan gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario, o al Derecho Penal Internacional o pertenezcan o hayan pertenecido a organización o entidades que hayan ejercido tal representación”, lo que constituye un ataque directo a la legitima labor de las y los defensores de derechos humanos y una vulneración al derecho de las víctimas de crímenes de Estado de ser representadas ante instancias judiciales para el restablecimiento de sus derechos.

Este hecho, sumado a los cuestionamientos del Fiscal General de la Nación y la decisión de la Corte Constitucional en relación con la JEP, evidencia que la estrategia de garantizar la impunidad para los agentes estatales y terceros responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, está dando resultados. La preocupación no son las víctimas, ni el país. La preocupación es que políticos, empresarios y altos mandos del Ejército y la Policía tengan que responder por sus crímenes, decir la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con garantías de no repetición. La extrema derecha del país ha logrado su cometido: que la JEP sea sólo aplicable a los exguerrilleros de las FARC-EP, que se amplíe el fuero a todos los aforados constitucionales, es decir a ministros, congresistas, procuradores, entre otros, que ya no estarán obligados a responder por los crímenes de que han sido acusados.

La legitima representación legal realizada por defensores y organizaciones de derechos humanos en favor de las víctimas ante instancias nacionales e internacionales, no puede constituir un impedimento para participar de la justicia transicional. Esta decisión representa un antecedente no solo de veto y persecución a los defensores, también implica una negación del derecho de las víctimas a acceder a la justicia y poder participar para la satisfacción de sus derechos.
Durante años las y los defensores de derechos humanos en su férreo compromiso con la justicia y la democracia del país, han exigido al Estado colombiano la garantía de los derechos humanos para las poblaciones victimizadas y que sean sancionados, todos aquellos que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Exigencia que en cualquier democracia se considera un trabajo importante, pero que en Colombia se ha convertido en blanco de amenazas, asesinatos y múltiples agresiones.

En esta ocasión nuevamente evidenciamos como la posibilidad de abrir espacios para la justicia y la verdad para las víctimas del conflicto, se convierte en un escenario de confrontación política y jurídica contra los defensores de derechos humanos.

Como defensores de derechos humanos, como ciudadanos y ciudadanas y como sociedad demócrata, hacemos un llamado al Congreso de la República a cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz, eliminar todas las barreras que impiden la participación activa de la ciudadanía en los escenarios creados por el Acuerdo Final y a comprometerse con la búsqueda de la verdad, la justicia y la garantía de No Repetición.

Respaldamos la labor independiente e imparcial realizada por el Comité de Escogencia para elegir los Magistrados y jueces que harán parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. En los últimos años hemos sido testigos de la degradación del aparato de justicia con jueces, fiscales, magistrados y presidentes de Altas Cortes investigados y condenados, por actos de corrupción, despojo de tierras y complicidad con responsables de crímenes atroces. Las mujeres y hombres defensores de derechos humanos y abogados elegidos, han demostrado su compromiso con los derechos de las víctimas, con el debido proceso, las garantías procesales y con el proceso de paz y la reconciliación nacional. Este proceso de selección de magistrados fue conocido por todo el país, y ahora pretende desconocerse por parte de los partidos políticos quienes pretenden esconder los crímenes de algunos de sus miembros y amigos.

Este nuevo ataque a los defensores de derechos humanos se suma a la campaña sistemática de persecución, amenazas y asesinatos que entre 2016- 2017 ya cobra la vida de más de 188 personas. Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional para que cumpla su obligación de garantizar la vida y la participación del movimiento de derechos humanos, que ha estado comprometido con el proceso de paz.

Corporación Jurídica Libertad
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos-. Nodo Antioquia
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- Antioquia
Proceso Social de Garantías para Defensores de Derechos Humanos de Antioquia

Leer comunicado completo: