Imagen tomada de:Cubahora.com

Bogotá, 15 de marzo de 2022

El día de hoy un grupo de exguerrilleros y exguerrilleras comprometidas con la paz de Colombia, con el acompañamiento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la organización defensora de Derechos Humanos Lazos de Dignidad, nos dimos cita en la Jurisdicción Especial de Paz para radicar el informe: “Crímenes de guerra y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por las Fuerzas Militares y organismos de seguridad del Estado en el periodo de 1964 – 2016.

El Sistema Integral de Verdad , Justicia, Reparación y No Repetición, gestado por el Acuerdo de La Habana, y constitucionalizado en el Acto Legislativo 01 de 2017, dispuso que la JEP conociese de todos los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, y muyespeciales de las graves infracciones del DIH o los graves crímenes de guerra. Ese es el caso de los hechos que denunciamos.

Lo que se busca con el informe es que el Estado reconozca las violaciones al Derecho Internacional Humanitario hacia combatientes de las FARC, teniendo en cuenta que los instrumentos de DIH le son aplicables al conflicto colombiano en particular, los referentes a los a los conflictos Armados No Internacionales y que el cumplimiento a esta normatividaddebe ser mucho mayor respecto de las Fuerzas Armadas del Estado porque fue el Estado mismo el que se comprometió expresamente en el cumplimiento de estas normas. Los hechos denunciados ante la JEP no son crímenes contra guerrilleros o guerrilleras: son crímenes contra la humanidad.

Dentro de las múltiples tipologías de delitos de lesa humanidad se presentan algunos casos emblemáticos. Hablamos de ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza, recurso a métodos ilíticos de guerra, tortura y tratos crueles a prisioneros, violencia sexual, hostilidades a familiares y a la población civil.

Los casos expuestos en la jornada fueron: la ejecución de guerrilleros en el Cerro de Berlín en el año 2000; ejecución de Rito Antonio Pico en 1997, conocido como Quimbaya de la Red Urbana José Antequera de Barranquilla; la agresión militar a territorio ecuatoriano el primero de marzo de 2008; el bombardeo a Martín  Caballero; el bombardeo a Jorge Briceño; la ejecución de Alfonso Cano; y la tortura y malos tratos a prisioneros de las FARC-EP. Pedimos que la JEP como autoridad judicial competente haga las investigaciones de cada caso y determine los máximos responsables para que exista reparación y no repetición.
Teniendo en cuenta lo anterior, las personas que radicamos este informe solicitamos reparación integral que comprende un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de perdón; la elaboración de una película sobre el particular que narre la historia del movimiento guerrillero y de la confrontación con las Fuerzas Militares, y con el énfasis especial en los crímenes de guerra cometidos contra las FARC-EP.

Así mismo, solicitamos garantías de no repetición tales como la abolición de la Justicia Penal Militar; que consideramos no es realmente un mecanismo de administración y aplicación de justicia; sino que es simplemente un instrumento de impunidad creado para beneficio de los criminales de Estado; depuración de las Fuerzas Militares de todos los miembros a quienes se hayan visto involucrados en realización de crímenes de guerra y de lesa humanidad; o que hayan sido investigados por la Procuraduría General de la Nación;la reforma estructural de política penitenciaria, del sistema carcelario y la respectiva depuración del INPEC; y que el Estado colombiano se retire del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de la OTAN por considerar que no estamos en guerra ni promovemos la guerra contra ningún Estado. Presentamos esta denuncia a nombre de llas miles de víctimas insurgentes, pero en función de la paz y de la democracia de nuestro país. Nunca más guerra implica nunca más crímenes de guerra, y verdad y reparación para sus víctimas. Exigimos a nuestros victimarios tener la misma gallardía con la que nos enfrentamos en el con conflictopara aportar ante la JEP en esclarecer los hechos denunciados. Quienes integramos las FARC-EP lo seguiremos haciendo.
Para quienes participamos del alzamiento en armas contra la oligarquía liberal – conservadora; producto de la agresión que realizaron contra humildes campesinos
perseguidos por ejercer el derecho a defender la vida y la de sus seres queridos en la zona de Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero, así como el derecho a defender nuestras pequeñas propiedades o posesiones; y que participamos en la crudeza de la guerra durante largos años de nuestra existencia; consideramos una obligación presentar la experiencia vivida durante esta larga confrontación armada frente a las Fuerzas Militares oficiales, sus paramilitares, tropas y mercenarios extranjeros –en su mayoría norteamericanos- y que han dejado secuelas imborrables en nuestros excombatientes y sus
familias.

El régimen político colombiano nos compelió al recurso supremo de la rebelión para proteger nuestros derechos y buscar transformaciones sociales. Incurrimos en el delito político, reconocido así en todos los sistemas democráticos del mundo. Por ello nuestra decisión política no puede entenderse como una violencia irracional y desaforada. Acogimos y respetamos normas esenciales de la guerra, por lo que validamos que sus infracciones de cualquier de las partes en contienda deben ser sancionadas encuanto representan delitos contra la humanidad. Esa es la esencia de esta Jurisdicción Especial de Paz, no el sometimiento moral de la antigua guerrilla.

Aprendimos que al enemigo que es vencido en el combate o que queda herido hay que atenderlo y respetar su vida. Así lo hicimos con quienes se rindieron –como el General Mendieta- e intentamos realizar un intercambio humanitario por nuestros combatientes hechos prisioneros en el marco del DIH.


Pero lo más duro que aprendimos en estos años ha sido las prácticas desarrolladas por las fuerzas militares con nuestros combatientes, hemos perdido las cuentas de cuántos de nuestros compañeros fueron capturados en estados de indefensión al salir de los campamentos a realizar labores de la organización o para ser atendidos por enfermedades, muchos de ellos desaparecidos por el ejército y de los cuales ya no tenemos ni siquiera sus seudónimos mucho menos sus verdaderos nombres y a no dudarlo será imposible su localización en el inmenso territorio del país; a cuántos de nuestros compañeros que no pudieron ser evacuados por haber fallecido o quedar heridos los ejecutaron y desaparecieron sus cadáveres o en el mejor de los casos fueron reportados como bajas en combate y enterrados como NN, sin identificación posible y haciendo nugatorio si quiera el derecho a reclamar sus cadáveres. Nuestro recurso a la rebelión no otorga ni ante la jurisdicción colombiana ni ante la normatividad internacional, patente de corso al Estado para violar nuestros derechos. Las y los rebeldes seguíamos siendo sujetos de derechos y estas infracciones son crímenes de guerra.

Aprendimos que en el desarrollo de las hostilidades el enemigo fue implacable y utilizó de todos los recursos existentes y del apoyo del ejército de los Estados Unidos e Israel para destruirnos costase lo que costase. El Estado colombiano utilizó en su guerra contra las FARC-EP medios pérfidos, que no les importa en lo más absoluto la existencia de normas escritas de DIH, o de DH; con tal de lograr su propósito del fin del fin o “eliminarnos de la faz de la tierra”, y que se entierre hasta nuestra memoria e historia; no podemos en este informe dejar de mencionar a nuestros comandantes y la forma como los asesinan violando toda norma existente o toda costumbre de la guerra entre naciones civilizadas, los casos que alcanzamos a reseñar dan cuenta de ello, los casos de Martín Caballero, Jorge
Briceño o de Alfonso Cano demuestran con creces el tratamiento que nos dieron y el desprecio total que nos tiene este establecimiento y que se mantiene intacta a pesar del tiempo transcurrido; los casi 60 años no han sido suficientes para que aprendan a respetar al enemigo de clase o al contradictor político esté armado o no.

Por esto y por muchas cosas más es nuestro compromiso presentar este informe y rescatar la memoria de nuestros camaradas caídos en la lucha por la justicia social que sigue pendiente de alcanzar. Nuestro compromiso rubricado en La Habana es con la paz y la verdad, y esta denuncia es parte de ello. Omitir lo cierto de lo perpetrado desde el Estado colombiano en contra de quienes acudimos a la rebelión, sería incumplir lo acordado. No nos interesa ganar aplausos de la galería, sino contribuir al esclarecimiento histórico y a la reparación de las miles de víctimas que dejó esta guerra contrainsurgente.


VICTORIA SANDINO SIMANCA
ISRAEL ALBERTO ZUÑIGA IRIARTE
BENEDICTO GONZÁLEZ MONTENEGRO
MILTON DE JESÚS TONCEL REDONDO

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Resumen ejecutivo CRIMENES DE GUERRA(1)

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