Bogotá, 13 de diciembre de 2024. Tras 29 años de lucha por justicia y verdad por parte de los familiares de los jóvenes Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, desaparecidos forzosamente por agentes de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (Unase), de la Policía Nacional, la Corte IDH condenó al Estado colombiano por su responsabilidad internacional en los hechos, ocurridos en Cali, Valle del Cauca, el 19 de mayo de 1995.   

El Tribunal Interamericano determinó que el Estado colombiano es responsable internacionalmente en este caso por la desaparición forzada de Jhon Ricardo y Gloria Mireya, por la falta de investigación de los hechos y judicialización de los responsables de esta desaparición y de las amenazas y el acoso que vivieron los y las familiares, por no haber desplegado con prontitud una estrategia de búsqueda diligente y coordinada con las víctimas, así como por el exilio al que se vieron forzadas algunas víctimas del caso. 

La Corte IDH dio plenos efectos al reconocimiento de responsabilidad que hiciera el Estado colombiano en enero del presente año, por la violación de los derechos a la vida, a la verdad, a garantías judiciales, a la integridad personal de los familiares, al derecho a la circulación y residencia y a los derechos de los niños, entre otros.  

Adicionalmente, el Tribunal reconoció a Jhon Ricardo Ubaté como un defensor de derechos humanos y declaró responsable al Estado colombiano de violar el derecho a defender derechos humanos. Asimismo y como un aporte a la búsqueda que enfrentan muchas víctimas desde el exilio, la Corte IDH ordenó la aplicación de enfoques y medidas diferenciales para la búsqueda en el exterior, lo que reivindica la labor realizada por Sandra Ubaté como buscadora en el exilio de su hermano “Richie”, así como de otras víctimas que han tenido que asumir esta responsabilidad. 

“(…) Esta decisión es el reconocimiento de una verdad que siempre hemos sabido y debería ser el momento en que los organismos estatales asuman como corresponde el rol en la búsqueda de Jhon Ricardo y de Gloria, así como en la consecución de justicia, que hasta hoy ha sido nula. Esperamos que el fallo abra la posibilidad de que los responsables, que están plenamente identificados, sean castigados y que nos digan qué hicieron con nuestros seres queridos. Los seguiremos buscando”, señaló Sandra Ubaté, quien desde muy joven asumió la búsqueda de su hermano Jhon Ricardo y de Gloria, a quien nunca conoció, pero saber quién era y que fuera también buscada se volvió su cometido. 

Por su parte, Sonia Bogotá, hermana de Gloria Mireya, indicó que la decisión alberga la satisfacción de una lucha diaria de muchas personas y la esperanza de innumerables madres de encontrar justicia. “(…) Esperamos que esta sentencia sea acogida y cumplida en el menor tiempo posible para que se pueda trabajar más arduamente en la búsqueda de sus cuerpos para que haya algo de paz espiritual en nuestra familia,” expresó. 

La Corte IDH ordenó al Estado colombiano, entre otras cosas: continuar la investigación, judicialización y sanción de los responsables, avanzar en la búsqueda de los cuerpos de ambos jóvenes y la creación de un espacio de memoria que recuerde que la desaparición forzada es un crimen de Estado. 

De su lado, la vicepresidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), Jomary Ortegón, señaló que esta decisión dignifica la memoria de las víctimas y reconoce la verdad que sus familiares han sostenido por casi 30 años. 

“Desde el Cajar hemos acompañado a las víctimas de este caso durante tres décadas en la búsqueda de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. La lucha por encontrar a estos dos jóvenes continúa, pero esta decisión es un impulso para este proceso. Esperamos que haya un cumplimiento de las órdenes de la Corte IDH, así como de las medidas de reparación que se han pactado; principalmente: la sanción de los responsables y la búsqueda de Jhon Ricardo y de Gloria,” señaló. 

El caso 

Jhon Ricardo Ubaté, de 24 años, y Gloria Bogotá, de 22 años, fueron detenidos por agentes policiales frente a las instalaciones de la Clínica Tequendama y posteriormente, desaparecidos de manera forzada.  

Este hecho se inscribe en un contexto de desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes estatales en la década de los 90. “Richard”, como le dice cariñosamente su familia, era desmovilizado del Ejército Popular de Liberación (EPL) y, para el momento de su desaparición, estaba desarrollando, junto con Gloria, un importante trabajo social en el sector de Siloé (Comuna 20 de Cali), donde venían ocurriendo una serie de violaciones a los derechos humanos que él había denunciado días antes de su desaparición. 

Gracias a la labor de Sandra Ubaté, quien ha dedicado casi 30 años de su vida a la búsqueda incesante de su hermano y de Gloria, se logró identificar a los responsables de los hechos, quienes fueron individualizados, investigados y llevados a juicio. Sin embargo, de manera inexplicable, un juzgado de Cali los absolvió y no notificó a las víctimas ni a sus representantes, por lo que no se pudo apelar la decisión. Desde ese momento los responsables se encuentran en libertad. 

En diciembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el caso a la Corte IDH. Las víctimas y sus representantes esperamos que esta sentencia aporte al cumplimiento de las obligaciones estatales en este y en los más de 120.000 casos de víctimas de desaparición forzada en Colombia, así como al reconocimiento de la labor de las mujeres buscadoras, particularmente de aquellas que deben hacerlo desde el exilio.