Un capítulo importante de esta persecución, lo constituyó el desarrollo de la “Operación Transmilenio” a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República.

Washington D.C. y Bogotá D.C., 9 de julio, 2020.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana el Caso 12.380 sobre la situación de integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). Este litigio se originó en una petición presentada conjuntamente en 2001 por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el CAJAR, en razón de actos de estigmatización, hostigamiento, amenazas, agresiones, exilio y acciones de inteligencia ilegal desarrolladas desde la década de los noventa en contra de las y los integrantes del Cajar.

Rueda de prensa sobre llegada del caso a la Corte Interamericana

Un capítulo importante de esta persecución, lo constituyó el desarrollo de la “Operación Transmilenio” a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República. Durante varios años, el DAS desarrolló actividades de espionaje ilegal, interceptación ilegal de comunicaciones, persecución, deslegitimación, tortura, amenazas y ataques contra los y las integrantes del Cajar y sus familias, así como contra otras personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, políticos de oposición, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y periodistas. Este se produjo en vista de que el Estado colombiano incumplió dichas recomendaciones.

Estos hechos siguen presentándose y permanecen en la impunidad, prueba de ello son las recientes revelaciones de la Revista Semana sobre interceptaciones ilegales llevadas a cabo por el Ejército Nacional en contra de varias colectividades, entre ellas, personas y organizaciones defensoras de derechos humanos como CAJAR. Por ello, la CIDH estableció en su momento la responsabilidad estatal y formuló recomendaciones en términos de garantías de no repetición en favor de las personas defensoras y de reparación para las víctimas del caso.

Por primera vez, la Corte tendrá la oportunidad de pronunciarse con relación a las garantías que requieren en Colombia las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos para el desarrollo de su labor, quienes sufren persistentes amenazas, atentados, homicidios y deslegitimación de la labor, ante la inacción del Estado colombiano.

El litigio del caso ante la Corte IDH no sólo evidenciará las graves violaciones a las que han sido sujetos las y los miembros del CAJAR, sino también ofrecerá un espacio para abordar las falencias de las diversas instituciones estatales a cargo de su protección, de la investigación de los delitos cometidos contra ellos, de la ejecución de las políticas y prácticas estatales que permitieron la recurrencia del espionaje, las amenazas y la persistencia de la impunidad.

Finalmente, se espera que este caso contribuya al mejoramiento de la situación de quienes defienden los derechos humanos en Colombia y las Américas.