La masacre que hizo parte del proyecto de expansión paramilitar en los llanos orientales, se inició en el casco urbano del municipio de Mapiripán, fue avanzando por veredas y corregimientos como Puerto Alvira, La Cooperativa, Charra, entre otras, convirtiéndose quizás en uno de los hechos más macabros de la historia reciente de nuestro país.

El 15 de septiembre 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, halló responsable al Estado Colombiano por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán, entre el 15 y 20 de julio de 1997.Asimismo, el Estado fue declarado responsable por la violación del derecho al debido proceso y la protección judicial de las víctimas y sus familiares.

Por este hecho, el General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, fue condenado a 37 años de prisión en 2014, por el delito de comisión por omisión, de los homicidios agravados y secuestros simples ocurridos en el municipio. También han sido condenados el coronel Lino Sánchez, quien falleció en prisión, el Mayor Hernán Orozco Castro, junto con otros mandos militares de la época en la región, y está vinculado a la investigación el general Rito Alejo del Río, comandante de la XVII Brigada, con sede en Urabá desde donde despegaron dos aviones con paramilitares para llegar a la zona. Sigue sin investigarse la responsabilidad del Comandante de la IV División del Ejército de la época y otros mandos militares, que contribuyeron, por acción y omisión, a consolidar esta estrategia paramilitar y de terror en esta región.

También fueron hallados culpables de estas masacres los paramilitares Salvatore Mancuso y Raúl Emilio Hazbún Mendoza, quienes reconocieron su autoría en los hechos y solicitaron sentencia anticipada en junio de 2013. De igual manera, en noviembre de 2015, fue condenado Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel, Mauricio, o Cachama”, y también los paramilitares Elkin Casarrubia Posada alias ‘El Cura’ y Dúmar Jesús Guerrero Castillo alias ‘Carecuchillo’, entre otros.

De acuerdo con las confesiones del cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso al momento de aceptar su responsabilidad penal por estos hechos, el objetivo era masacrar a la población de Cañojabón –Puerto Alvira- antes que en llegar al casco urbano del municipio de Mapiripán.

Esta incursión, según su testimonio, se preparó con más de seis meses de anticipación con el apoyo del Ejército Nacional, y la participación del Coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, en reunión con el zar de las esmeraldas Víctor Carranza, en Urabá, en donde se dividieron tareas, se aportaron hombres y dinero.

El pasado 5 de mayo, en el marco de la Ley 1820 de 2016 de amnistía e indulto y otros tratamientos penales diferenciales, que prevé libertades transitorias bajo el compromiso de comparecer a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuando esta se cree, el general Uscátegui Ramírez fue dejado en libertad por el juzgado 21 de Ejecución de Penas de Bogotá, alegando su inocencia y anunciando la solicitud de revisión de su condena en la JEP.

Las víctimas y organizaciones acompañantes rechazamos con indignación la libertad concedida toda vez que no encontramos un ánimo real de aportar a la verdad y la reparación de lo sucedido.

Debido a las múltiples masacres, homicidios y violaciones a los derechos humanos que se realizaron en este municipio, 511 familias salieron desplazadas sin que hasta hoy hayan logrado la restitución de sus tierras ni hayan sido reubicadas en las condiciones en que establece la ley.

A pesar del mandato de la Corte Interamericana al Estado de reparar a todas las víctimas y, de que la Unidad de Víctimas ha asumido el compromiso de una reparación colectiva e integral, la misma no se ha producido por la burocracia institucional.

Aquellos que ha podido regresar a sus tierras lo ha hecho sin acompañamiento del Estado, es decir, sin garantías de seguridad y estabilidad socioeconómica y viviendo constante revictimización.

Por otra parte, los grupos paramilitares posdesmovilización, continúan hoy ejerciendo control en la región, cometiendo diferentes violaciones a los Derechos Humanos, en especial, contra líderes y lideresas reclamantes de tierras. Estos líderes han denunciado la apropiación de grandes extensiones, y los impactos ambientales de la agroindustria de palma aceitera que desarrolla la multinacional de origen italiano Poligrow, como la destrucción de morichales y otras fuentes de agua.

Han transcurrido 20 años desde la masacre, 20 años de impunidad e incumplimientos. Pero también 20 años de memoria, resistencia y lucha inclaudicable por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Nuestro objetivo último es hacer realidad el sueño de Mapiripán como un territorio de paz con justicia social y ambiental.

¡Que no se olvide! ¡Que no se repita!