Regresamos a Asturias con la certeza de que el gobierno de Colombia no hace lo necesario para cumplir el Acuerdo de Paz, ni protege de manera efectiva a la dirigencia social y a las comunidades indígenas, campesinas y negras en riesgo.

Hemos recorrido, desde el 4 de marzo, territorios de los pueblos indígenas, de las comunidades afro y de los colonos campesinos en los departamentos del Cauca (Santander de Quilichao, Caldono, Morales, Popayán), Arauca (Arauca, Arauquita, Saravena), Casanare (Pore, Yopal), Antioquia (Apartadó, Carepa), Chocó (Riosucio, Carmen del Darién).

Vídeo de la rueda de prensa

CONSTATAMOS:

1/ La existencia de graves retrocesos en materia de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario asociados a la presencia de proyectos de inversión del capital internacional y al narcotráfico; incremento del riesgo de masacres al aumentar las amenazas de muerte; continúa el asesinato sistemático e impune de la dirigencia social estigmatizada como “guerrilleros”, justificando todo ello como producto de “problemas personales” y los bloqueos a comunidades rurales;

2/ Ruptura del Estado de Derecho al negarse la Policía y el Ejército nacional a acompañar la restitución de las propiedades a los campesinos ordenada por los jueces de la República, como en el caso de las tierras ubicadas en la vereda Guacamayas de Turbo (Antioquia) aduciendo escasez de personal en una región con miles de soldados y policías, de lo que se deduce que la fuerza pública en zonas como Urabá obstaculiza de hecho la restitución de los derechos territoriales a las comunidades, en beneficio de los grandes empresarios, tal como se hacen los grupos paramilitares que cuidan sus intereses.

3/ El desplazamiento masivo de comunidades indígenas del pueblo Embera por la presión paramilitar de grupos como el Clan del Golfo y las AGC en los territorios del Bajo Atrato y el Urabá antioqueño.

4/ El reclutamiento de colonos e indígenas menores de edad en las cuencas de los ríos Domingodó y Jiguamiandó al igual que sucede en otros territorios del país.

5/ El incremento de los cultivos de coca como resultado de que el gobierno no cumple el compromiso de pactar con las comunidades la erradicación manual, y por la presión de los paramilitares que asesinan a quienes se nieguen a sembrar más coca.

6/ La existencia de actos de violencia sexual contra mujeres indígenas y menores de edad por parte de fuerza publica y grupos paramilitares que las llevan a prostituirse.

7/La entrega por el gobierno de títulos mineros –para explotar oro, petróleo, etc.- a las empresas multinacionales sobre territorios de propiedad colectiva, sin consulta previa a las comunidades negras e indígenas.

8/ Se siguen produciendo graves mutilaciones a la población civil que cae en campos minados. El Ejército nacional suspendió el desminado militar y no cumple con el desminado humanitario, lo que ha confinado, en la práctica, a las comunidades que viven de la recolección de alimentos en la selva.

9/ Continúan las detenciones arbitrarias. Así, en San Luis de Palenque (Casanare) han sido apresadas ocho personas como retaliación por denunciar a las empresas petroleras (Frontera Energy antes Pacific Rubiales), haciendo un uso arbitrario de la justicia. En Pore (Casanare) se amenaza y se desaloja a las personas que constituyen el asentamiento Nuevo Porvenir, al tiempo que sus dirigentes han sido amenazados.

10/ Continúa la aplicación de soluciones militares para responder a las reivindicaciones de la legitima protesta social en las regiones visitadas.

11/ La judicialización de la dirigencia social se ha convertido en una forma de acallar a quienes protestan contra las transnacionales, contra el incremento de la inequidad y la exclusión. Como consecuencia de ello hay una elevada presencia de presos y presas políticas en el sistema penitenciario colombiano.

12/ En las cárceles colombianas tienen lugar graves violaciones de los Derechos Humanos, estando gravemente afectado el acceso a la salud. Es especialmente vulnerable la situación de las mujeres que ejercen la maternidad dentro de los centros penitenciarios y de los menores a su cargo.

13/ Nuestra Delegación coincide con las apreciaciones contenidas en los dos últimos informes publicados por la OACNUD. También con las recomendaciones centrales y reiteradas de que debe honrarse el Acuerdo de Paz cumplimentando todos sus puntos.

Ante todo esto, la XVI Delegación asturiana de verificación de los Derechos Humanos en Colombia ha procedido del siguiente modo:

A/ Hemos elaborado el presente comunicado, que será la base del posterior Informe en el que reflejaremos los testimonios de protesta, incertidumbre, dolor y opresión que se nos ha presentado a lo largo de todos estos días.

B/ Hemos entablado contacto con la institución militar para transmitir los hallazgos de nuestra visita recogidas en la presente nota. El coronel Bastidas, comandante de la Brigada XVII del Ejército nacional, niega la existencia de los paramilitares que ejercen control territorial y social basado en la violencia sobre las personas, las comunidades y los territorios colectivos de las cuencas de los ríos Pavarandó, Truandó, Riosucio, Curvaradó, Jiguamiandó y Domingodo otras zonas en las que civiles armados, contando con la inacción de la fuerza pública, amedrantan y amenazan de muerte. Las comunidades no tienen confianza en la policía, ni en el ejercito, ante la que se sienten muy vulnerables hecho que les impide cumplir con el deber ciudadano de denunciar actos ilegales sin correr el riesgo de que los paramilitares conozcan sus denuncias y los persigan a muerte.

C/ Hay preocupación en los sistemas de DDHH por la persistencia de la violencia estructural. Hemos solicitado la concesión de ayuda humanitaria urgente para las Zonas Humanitarias del Curvaradó que se encuentran en una situación crítica. Pedimos que esas ayudas sean inmediatas para reducir el impacto de la situación actual hasta que llegue el momento en que se produzca la anhelada restitución de tierras.

D/ Vemos con satisfacción que los diferentes colectivos con los que nos hemos entrevistado valoran muy positivamente nuestra presencia para romper con el aislamiento mediático y físico al que se pretende sometérseles, y a su vez nuestra delegación expresa el reconocimiento a las organizaciones sociales colombianas por su valor en defender, a riesgo de su vida, la Paz y los DDHH.
La 16 Delegación Asturiana estuvo integrada por:

1. NOEMÍ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, representante de la Coordinadora de Ongs del Principado de Asturias, CODOPA.

2. VALENTIN BRUGOS SALAS, Representante del Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, SUATEA y de la Confederación Intersindical.

3. JOSÉ MANUEL ZAPICO GARCÍA, Secretario General de Comisiones Obreras, CCCOO Asturias.

4. JAVIER ARJONA MUÑOZ, representante de Soldepaz Pachakuti

5. JORGE FERNANDEZ IGLESIAS, Médico y Representante de la Asamblea Moza Astur, AMA .

6. CARLOS MARIA MEANA SUAREZ, abogado laboralista.

7. ZAIRA ORIANA BRIZ ROJAS, de Ingeniería Sin Fronteras Asturias.

8. FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ YEBRA, representante del Movimiento Asturiano por la Paz, MASPAZ.

9. JAVIER OROZCO PEÑARANDA, Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Técnico de la Delegación Asturiana.

Acompañó a la delegación el periodista de RNE Eduardo Sanz.