• Los avances en calidad democrática contrastan con los ataques a la dirigencia social y al tejido social organizado, concluyó la delegación asturiana.
• “Hay que mantener el silencio para poder mantenerse en la tierra y con vida”(Testimonio de un campesino en el alto Ariari, departamento de Meta)

Bogotá, 18 de marzo de 2026. La Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz que se integró a la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó hoy su balance de la situación de derechos humanos en Colombia. La Delegación visitó varias regiones del país y en su documento de cierre, felicitó al pueblo colombiano por el ejercicio de su soberanía de la que emanó un nuevo Congreso de la República. Sin embargo, señaló que este avance en la calidad de la democracia contrasta con los ataques sistemáticos que tienden al exterminio de la dirigencia social y al control mediante la violencia de las organizaciones de base en los territorios donde el conflicto armado se expande. Compartimos la declaración completa:

A pesar de que la Unión Europea acaba de incluir a Colombia en la lista de países considerados seguros, la misión ha podido constatar que la realidad queda lejos de esta declaración oficial. La proliferación de actores armados y el enfrentamiento entre los mismos ha conducido a una degradación del conflicto provocada fundamentalmente por el interés en el control territorial y social.

A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por mitigar las consecuencias de este recrudecimiento, determinados territorios han sufrido un claro retroceso en la garantía de derechos humanos básicos. Cunde el temor de que ante la toma de posesión de un nuevo gobierno se produzcan desplazamientos masivos en el Guaviare y el Meta.

La actividad de los líderes y lideresas sociales, y en especial de quienes ejercen el liderazgo en las juntas de acción comunal, se ve seriamente obstaculizada por el incremento del conflicto en los territorios que se disputan, sin que las medidas de protección sean efectivas ni suficientes.

La delegación ha podido constatar que las insuficiencias en la aplicación de los acuerdos de paz, en especial en la reintegración de las personas firmantes y la ausencia de garantías en su proceso de reincorporación a la sociedad civil, pone en peligro sus vidas y la posibilidad de una paz estable y duradera. Aun así, el anhelo de paz continúa siendo una aspiración generalizada.

La expansión y degradación del conflicto armado interno está relacionada con el incumplimiento deliberado del Acuerdo de Paz y la falta de apoyo al campesinado para sustituir los cultivos de uso ilícito.

Al mismo tiempo hemos observado la insuficiencia en la atención a las víctimas del conflicto, tanto en el acompañamiento al retorno nacional e internacional, como en sus posibilidades reales de desarrollar una vida económica independiente que repare el menoscabo sufrido.

En las zonas de mayor intensidad del conflicto la debilidad de la acción del estado en la provisión de servicios públicos y en el apoyo a la generación de procesos productivos que garanticen alternativas de vida autónoma, genera un caldo de cultivo para la reproducción de la violencia.

Nos ha generado especial preocupación los testimonios sobre la generalización de las prácticas de reclutamiento forzado de menores y mayores de edad. Y en el caso de los primeros que su denuncia está provocando graves represalias a los familiares que la realizan.

Hemos visitado organizaciones sociales del Cauca, Norte del Cauca, Valle, Caldas, Norte de Santander, Meta y Guaviare y los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Palmira, Cúcuta y Villavicencio.

Nos hemos reunido con instituciones del Norte de Santander y de Cúcuta, con los alcaldes de El Retorno en el Guaviare y El Castillo en el Meta.

En Bogotá compartimos hallazgos y valoraciones en torno al estado de los derechos humanos y la paz con la embajada de España, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las Oficinas de la ONU en Colombia.

Destacamos entre las declaraciones recibidas y los testimonios de las personas entrevistadas los siguientes hechos que sustentan las impresiones generales que hemos presentado al inicio de esta declaración:

Aumento de casos de reclutamiento que la ONU ha definido como una “tragedia”. Los grupos armados están diversificando sus medios de captación, incluyendo entre ellos las redes sociales y videojuegos. La precariedad económica y educativa aumenta la vulnerabilidad de las personas jóvenes frente a esta situación.

Reclutamiento de mujeres para fines de esclavitud o trata con fines de explotación sexual.

Persecución a mujeres lideresas cuyas valoraciones de riesgo por la UNP no se corresponden con las que reciben sus compañeros hombres en las mismas condiciones de peligro.

Aumento de los delitos de odio contra  el colectivo LGTBIQ+ por parte de grupos armados, en especial en Cúcuta.

Aumento del control territorial y social por parte de los grupos armados, aplicando medidas de confinamiento,  ocupando los espacios públicos y generando un clima de terror generalizado.

La instrumentalización de las comunidades por actores armados para la minería ilegal pone en riesgo la vida en los territorios, aumenta la violencia y debilita la organización comunitaria. Además, la contaminación de los ríos afecta directamente la salud, el sustento y la vida cotidiana de las comunidades.

Situación de hacinamiento en las cárceles visitadas, además de dificultades de acceso a asistencia sanitaria, escasez y mal estado de los alimentos. En el caso específico de Cúcuta, se suma que las mujeres enfrentan condiciones más restrictivas, como segregación, espacios reducidos para ellas y sus hijos, un régimen de mayor seguridad que limita su tiempo fuera de la celda y el acceso a comunicaciones. En la cárcel de Palmira, destaca el caso de Mauricio Tierradentro, sin juicio desde hace más de cuatro años, quien además denuncia el asesinato de varios de sus compañeros (presos por el “esallido social”) a la salida de prisión. En Palmira y Cúcuta, miembros del ELN expresan su voluntad de retomar los diálogos de paz y, en esta última, entregaron una propuesta a las instituciones. En Villavicencio, se reportan graves deficiencias sanitarias, como el caso de Diego Vargas Betancourt, sin tratamiento adecuado. Al igual que en resto de penitenciarías los presos políticos también manifiestan disposición al diálogo.

Destacamos además los siguientes hechos ocurridos por territorios:

META Y GUAVIARE:

El enfrentamiento entre las Disidencias está generando temor en la población y presión sobre las organizaciones sociales, abocadas a perder su autonomía y su libertad de expresión. Las comunidades temen que una previsible escalada de los enfrentamientos vuelva a generar desplazamientos forzados en sitios como Puerto Esperanza. Además, exigen infraestructuras (caminos, puentes, escuelas y, en general, obras públicas, que posibiliten la permanencia en el territorio) e inversión social, para garantizar una estabilidad a la población local.

Las organizaciones sociales del Guaviare y del Meta exigen la reactivación de las mesas de diálogo con los liderazgos, incluídos el río Inírida. En los territorios, las organizaciones campesinas insisten en la urgencia de poner en marcha la jurisdicción agraria, para resolver los conflictos por tierras.

Recibimos denuncias que indican que el ejército nacional habría ejecutado extrajudicialmente al ciudadano Ned David Valencia Rodríguez en la zona rural del municipio de Vistahermosa (Meta).

Por su parte, la defensora de Derechos Humanos, Carmen Mayusa Prada, elegida como representante a la cámara por el Departamento del Meta ha recibido amenazas desde el día previo a las elecciones (7 de marzo).

NORTE DE SANTANDER:

Miembros de la candidatura del Pacto Histórico en el Norte de Santander han recibido vía SMS amenazas de muerte por parte de las AGC y se encuentran desamparados institucionalmente.

Firmantes de paz fueron desplazados de Caño Indio a la finca El Pital y se encuentran en viviendas provisionales precarias, sin acceso a agua potable —lo que genera problemas de salud, especialmente en la infancia— ni acceso adecuado a educación, evidenciando el incumplimiento de las garantías para su reincorporación.

Se destaca la falta de reconocimiento como víctimas del conflicto a varias personas de la comunidad de Juan Frío a pesar de haber sido testigos de masacres y familiares directos de víctimas, y haber sufrido la presencia paramilitar durante mas de 15 años.

BOGOTÁ:

En la ciudad de Bogotá se advierte un preocupante deterioro en las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular en lo que respecta a la población juvenil. Se constata un incremento sostenido de los procesos de estigmatización hacia este sector, quienes son crecientemente objeto de discursos de criminalización que los vinculan con dinámicas de inseguridad. Esta tendencia ha venido acompañada de una progresiva restricción y desarticulación de los espacios legítimos de participación, organización y reivindicación social y política, limitando de manera significativa su capacidad de incidencia y debilitando el tejido democrático.

Asimismo, se observa que determinadas políticas locales de seguridad, caracterizadas por la participación de empresas privadas integradas en gran medida por personal proveniente de fuerzas militares y estructuras desmovilizadas, han contribuido a un deterioro adicional de la situación de derechos humanos.

CAUCA: Comunidades campesinas denuncian persecución y estigmatización por la recuperación de tierras.

CALI: En Cali sindicatos de distintos sectores denuncian un contexto generalizado de persecución contra la labor sindical, incluyendo violencia contra líderes y lideresas, desplazamientos forzados y graves afectaciones a derechos básicos.”

Por último, la delegación expresa su valoración y reconocimiento a la labor de NNUU en Colombia, al tiempo que comparte la preocupación que genera la reducción de sus efectivos por acción directa del desfinanciamiento de EEUU.

Las presentes conclusiones tienen carácter preliminar y serán desarrolladas con mayor profundidad en el informe final de la misión, que se presentará en los próximos meses ante las autoridades, acompañado de propuestas y recomendaciones orientadas a garantizar de manera efectiva los derechos humanos, y favorecer los hechos de Paz..

Finalmente, expresamos profundo agradecimiento y  reconocimiento a las organizaciones sociales, a las personas defensoras de derechos humanos y a la ciudadanía que, mediante sus testimonios y aportes, han hecho posible el desarrollo de esta labor. Su compromiso constituye un elemento fundamental para la construcción de un escenario de paz, justicia y respeto por los derechos en Colombia.

Y en especial queremos agradecer la colaboración de las siguientes organizaciones en los preparativos de agendas y recorridos de nuestra delegación: MOVICE, CAJAR, CPDH, CSPP, ONIC, ANDAS, CUT, Fensuagro, CNA, que son las 9 organizaciones colombianas del PAV-ddhh (programa asturiano de protección temporal a víctimas de la violencia en Colombia), Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, DHOC, Somos Defensores, Corporación Vínculos, Corporación Minga,Red Llano y Selva, Humanidad Vigente y SweFOR.