El atentado criminal ocurrió el pasado 8 de noviembre a escasos metros del casco urbano del Municipio de Pueblo Bello (distante hora y media de Valledupar – capital del departamento del Cesar) cuando se desplazaba hacia la capital Vallenata procedente de Nabusímake, Capital del territorio Arhuaco, al término de una reunión en horas de la noche.
Sin tener hasta estos momentos claros los móviles del intento de asesinato, sentimos que es un hecho gravísimo dentro de la serie de violaciones a los derechos de nuestro Pueblo.
Nos recuerda esto que transcurridos 22 años del asesinato de los tres principales líderes arhuacos -hecho que permanece en la impunidad pese a la condena que hizo la Organización de las Naciones Unidas al Estado colombiano tras encontrar responsable a miembros del Ejército Nacional de Colombia- hay una larga sucesión de hechos escudados en el conflicto armado que han coartado el ejercicio de la gobernabilidad.
Hoy nuevamente vemos amenazada nuestra existencia como pueblo y queda reflejada la inseguridad en la que se encuentra el Municipio de Pueblo Bello, a la que nos enfrentamos diariamente los arhuacos, no obstante que gracias a la protección de Serankwa resultó fallido el intento de asesinato de nuestra cabeza de gobierno.
Pese a la grave situación de violación de derechos al Pueblo Arhuaco, como a los demás Pueblos Indígenas de Colombia, y que la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-025 de 2004 ordenó al Gobierno Nacional implementar mecanismos para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas así como para salvaguardar a dichas culturas del peligro de extinción física y/o cultural y superar el estado de cosas inconstitucional que se evidencia; hoy ocho años después de dicha sentencia y casi cuatro años después del auto 004 de 2009 la respuesta aún se encuentra en proceso de formulación dando lugar no sólo a la continuidad sino al engrosamiento de las violaciones de nuestros derechos.
Elevamos nuestro llamado urgente a la Presidencia de la República, al Congreso de la República, al Ministerio del Interior, al Programa de la Presidencia de la República para los Pueblos Indígenas, a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo Delegada para Asuntos Étnicos, a los Organismos de Derechos Humanos y demás entes con funciones relativas a la problemática que presentamos para que con su intervención se haga una pronta y efectiva justicia frente al atentado criminal contra nuestro Cabildo Gobernador y nos ayuden a encontrar la solución de fondo a toda esta problemática que amenazan nuestras culturas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
