Foto: @FotoMiraV

La misión de verificación, observación y acompañamiento a los puntos de concentración y manifestación pacífica de la sociedad civil a partir del 28 de abril de 2021, compuesta por organizaciones sociales y de DDHH, y como acompañantes la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los derechos humanos, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, alertamos sobre la grave situación de violación a los derechos humanos y a la protesta social.

Durante el día y la noche del 28 de mayo de 2021, Cali asistió a un nuevo escenario de terror orquestado por las fuerzas represivas del Estado Colombiano y ciudadanos armados que disparan de manera indiscriminada contra los manifestantes, quienes han concurrido de manera masiva y pacífica a la convocatoria de movilización nacional, esta arremetida también se ha dado en contra las comunidades que se mantienen en los puntos de resistencia desde el inicio del Paro Nacional, exigiendo los derechos fundamentales y garantías para el ejercicio de la protesta social de todos los ciudadanos.

Desde el inicio de la jornada de movilización, del 28 de mayo, se han presentado hechos de violencia indiscriminada en contra de los manifestantes, dejando por lo menos 9 personas asesinadas en diferentes circunstancias, un número aún indeterminado de personas heridas, así como muchas detenidas. Han quedado ampliamente registrados y documentados múltiples hechos de civiles disparando con armas de largo alcance en contra de manifestantes que se encontraban en diferentes puntos de la ciudad adelantando actos pacíficos. Estos civiles que han estado desarrollando estas acciones en pleno conocimiento de la fuerza pública. También ha quedado evidente el ocultamiento de las identidades, placas, distintivos como miembros de la fuerza pública.

En la noche del 28 de mayo, el presidente Iván Duque se hizo presente en la ciudad de Cali, en alocución aseguró que “a partir de esta noche que empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la policía nacional en la ciudad de Cali y del departamento del Valle. Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia quien estará al frente de la operación de despliegue y asistencia militar, […]será el general Pérez, comandante de división, Hoover Penilla subdirector general de la Policía Nacional y Juvenal Cárdenas”. Además anunció que “este despliegue llevara casi a triplicar la capacidad de despliegue en todo el departamento, asegurando una asistencia en puntos neurálgicos donde se han evidenciados actos de terrorismo urbano de baja intensidad”.

Señalar de terrorismo de baja intensidad al libre ejercicio de la propuesta social, y a partir de allí legitimar un despliegue militar y judicial en contra de la población vallecaucana, configura una declaratoria de guerra contra la ciudadanía, por lo que hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales y de derechos humanos a activar todos los canales y medios disponibles para frenar la masacre sistemática y continuada que se viene adelantando por parte de las fuerzas del estado contra la ciudadanía del Valle del Cauca.

Llamamos a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y al conjunto de gobiernos democráticos a que se pronuncien y emprendan acciones urgentes para frenar las acciones de uso excesivo de la fuerza por las fuerzas armadas de Colombia contra la población civil.

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