En la tarde del viernes 11 de junio de 2021 -con posterioridad a la culminación de audiencias reservadas de aporte a la verdad en el caso de la Masacre de Mondoñedo, que se desarrollaron ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP- durante dos semanas- llegaron al celular de la abogada Yessika Hoyos Morales, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar-, dos mensajes de texto con las siguientes palabras:
(sic) Guerrillero Hp Preguntando Cosas Q No Le Importan Por Tenemos Mas Gasolina Para Quemarlo Como Su Hijo Muerte Es Lo Q Le Espera Viejo Hp Sapo
(sic) Siga D Sapa Muerte Para Usted Tambien X Defender Esos Guerrilleros
Un mensaje similar llegó al teléfono celular del señor Alfonso Mora León, padre de Jenner Alfonso Mora Moncaleano, víctima de la Masacre de Mondoñedo y representado por la abogada Yessika Hoyos. El señor Mora, quien en el pasado ya ha sido víctima de hostigamientos y graves amenazas, hizo parte de una de las delegaciones de víctimas que participó en los encuentros de La Habana durante los diálogos con la antigua guerrilla de las Farc-EP y ha sido un incansable luchador por la verdad, la justicia, la paz y las garantías de no repetición de hechos tan atroces como los que vivió su hijo.
La masacre de Mondoñedo en la que fueron víctimas los jóvenes Vladimir Zambrano, Arquímedes Moreno, Jenner Alfonso Mora Moncaleano y Juan Carlos Palacio Gómez, fue cometida el 6 y 7 de septiembre de 1996 por integrantes de la Policía Nacional-Dijin. El 7 de septiembre, los universitarios fueron encontrados en el basurero del municipio de Mondoñedo ubicado en la Hacienda “Fute” cerca de la carretera que conduce de Mosquera a Soacha. También fueron asesinados los jóvenes Martín Alonso Valdivieso y Federico Quesada, en las localidades de Fontibón y Kennedy, respectivamente.
Antes del crimen, un grupo de hombres de la DIJIN había identificado, con ayuda de supuestos testigos, a estos seis jóvenes como miembros de la red urbana Antonio Nariño de la guerrilla de las Farc, que en 1995 activó un artefacto explosivo en la sede de la Policía en la localidad de Kennedy en Bogotá, el cual cobró la vida de tres uniformados. Los policías actuaron por su propia mano y ejecutaron a los jóvenes e incineraron sus cadáveres para evitar el reconocimiento. De ahí la alusión que hace la amenaza a “quemarlo como a su hijo”.
El 3 de agosto de 2001, uno de los agentes involucrados William Chitiva, confesó los hechos y pidió excusas a los familiares. Luego fue asesinado junto con su familia en 2007, hechos que siguen en la impunidad.
En noviembre de 2018, el Mayor(r) Héctor Castro, Capitán(r) Carlos Niño, el Sargento viceprimero(r) Néstor Barrera, el cabo primero(r) Pablo Salazar, el Cabo primero(r) Hernando Villalba, el Subintendente(r) Milton Marino, el Subintendente (r) Carlos Alfonso y el Agente(r) Filemón Fabra, quienes habían sido condenados en la jurisdicción ordinaria a 40 años de prisión en 2013 y 2017, se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y recibieron libertad anticipada, condicionada y transitoria. Durante el trámite de su sometimiento en esta jurisdicción, la abogada de la familia Mora Moncaleano e integrante del Cajar, Yessika Hoyos Morales, “solicitó que se especificara si hubo una red de criminalidad detrás de estos hechos, que posteriormente generaron el asesinato de un testigo y su familia, y amenazas a los familiares de las víctimas y a una fiscal que investigó el caso”, según comunicado emitido por la JEP.
En entrevista de octubre de 2020 al diario El Espectador, el senador Julián Gallo, del partido político Comunes, excomandante de la guerrilla de las Farc-EP, afirmó que dos de las víctimas de la masacre de Mondoñedo habrían participado en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Esta revelación cambió el curso de la investigación en la que se ha buscado señalar al expresidente Ernesto Samper como autor intelectual, una tesis que defiende el partido de gobierno y la familia del dirigente político asesinado.
Es la segunda vez que un integrante del Cajar recibe este tipo de amenaza dirigida también a una víctima que acompaña en el marco de actuaciones ante la justicia transicional. La anterior amenaza, recibida vía telefónica fue contra Juan David Díaz, hijo de Tito Eudaldo Díaz y el abogado de Cajar Sebastián Escobar Uribe.
Esta clase de ataques hacen parte de una práctica sistemática contra integrantes del Cajar que han representado a víctimas en este y otros casos, y que ha sido de conocimiento de las autoridades y ahora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde cursa un caso por persecución contra esta organización defensora de derechos humanos.
Por lo anterior le exigimos:
- Al Gobierno Nacional, condenar enérgicamente las amenazas y señalamientos contra víctimas y defensoras y defensores de derechos humanos, que incrementan su riesgo en un contexto de construcción de verdad histórica como el que atraviesa el país. Igualmente, a través de la UNP fortalecer las medidas de protección física en favor de la familia Mora Moncaleano y la abogada Yessika Hoyos.
- A la Fiscalía General de la Nación, adelantar una investigación pronta y eficaz sobre el origen de estas amenazas y de las otras que ha recibido la abogada en el desempeño de su labor, en otros casos donde también representa a víctimas de crímenes de Estado.
- A la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, que tenga en cuenta este grave incidente de seguridad al momento de valorar el régimen de condicionalidad de los agentes de la Policía que gozan de los beneficios de libertad transitoria y tratamiento penal favorable, otorgados por esta jurisdicción. Igualmente, que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la privacidad de los datos personales de víctimas e intervinientes ante ese organismo.
Anunciamos que este nuevo episodio de ataques contra las víctimas y contra el Cajar será puesto en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso contra el Estado colombiano por persecución al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
