Gustavo Petro Urrego
Presidente de la República
Lourdes Castro García
Consejera Presidencial para los DDHH
Armando Benedetti Villaneda
Ministro de Interior
Iris Marín Ortiz
Defensora del Pueblo
Gregorio Eljach Pacheco
Procurador General de la Nación
Luz Adriana Camargo Garzón
Fiscal General de la Nación
Scott Campbell
Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Augusto Rodríguez Ballesteros
Unidad Nacional de Protección
Irene Vélez Torres
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Bogotá 12 de diciembre de 2025. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) denuncian ante organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, embajadas, agencias de cooperación, medios de comunicación y la comunidad en general que el día de hoy, 12 de diciembre de 2025, en horas de la tarde, sujetos no identificados en motocicleta dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba el defensor de derechos humanos indígena Wayuú Misael Socarrás Ipuana y alertamos sobre la grave situación de riesgo en la que se encuentran las personas defensoras del ambiente y del territorio en La Guajira.
HECHOS
1. El 12 de diciembre de 2025 en el casco urbano del municipio de Maicao, La Guajira, alrededor de la 1:50 y las 2:00 de la tarde, Misael Socarrás fue nuevamente víctima de un atentado contra su vida. Mientras se transportaba en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dos sujetos armados en una motocicleta dispararon contra el vehículo en el que se transportaba. Los escoltas hicieron las acciones evasivas para proteger su vida; sin embargo, al detenerse el vehículo, uno de los sicarios se bajó y empezó a disparar contra Misael Socarrás, quien fue protegido por uno de los escoltas, el cual resultó herido y su estado de salud es reservado.
2. Misael ha sido un reconocido defensor de derechos humanos, ambientales y territoriales durante más de dos décadas, denunciando las consecuencias en el ambiente y los impactos diferenciados que ha tenido sobre el Pueblo Wayuú la actividad de la empresa Carbones del Cerrejón Limited, responsable de la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. Estas violaciones a los derechos humanos han sido ampliamente documentadas y reconocidas en fallos judiciales como la Sentencia SU-G98 de 2017, que protege al Arroyo Bruno, del cual él es accionante.
3. Desde 2002, el defensor ha sido víctima de amenazas de muerte por el desarrollo de estas actividades, múltiples llamadas intimidatorias y seguimientos de grupos armados que hacen presencia en la región. Entre 2004 y 2020 se registraron intentos de asesinato, persecuciones en vehículos y motocicletas, seguimientos armados, retenciones ilegales y ataques directos con armas de fuego. Destacan el atentado del 19 de julio de 2019, cuando su vehículo recibió impactos de proyectiles de arma de fuego mientras se desplazaba con su hija de 3 años; y el ataque armado contra su vivienda el 22 de mayo de 2020, que obligó a su familia a desplazarse.
4. Misael ha sido frecuentemente señalado y estigmatizado por su labor de defensa en panfletos firmados por supuestos grupos paramilitares como las “Águilas Negras”, que publicaron amenazas con nombres propios e incluso fotografías de integrantes del colectivo Fuerza de Mujeres Wayuu. Estos hechos se dieron en redes sociales (abril–mayo de 2019) y, posteriormente, en panfletos distribuidos en viviendas de integrantes de la organización y terceros.
5. A pesar de los registros previos y del reconocimiento de su riesgo extraordinario por parte de la UNP, los hostigamientos han continuado. En 2022 se reportó la presencia de hombres armados indagando sobre él en la comunidad. En 2024 sufrió hackeos dirigidos a borrar información relacionada con el caso Arroyo Bruno y un nuevo intento de atentado en Bogotá desde una motocicleta. El 30 de mayo de 2025, se reportaron nuevamente vehículos y hombres armados merodeando la vivienda del líder wayúu, incluyendo uniformados sin insignias y motos de alto cilindraje vinculadas a estructuras armadas locales, sin que a la fecha se hayan adelantado investigaciones de fondo. La más reciente amenaza fue recibida el 2 de diciembre pasado, donde hombres armados indicaron que los estaban buscando en su casa.
G. Lo anterior da cuenta de un contexto de riesgo sistemático contra líderes, lideresas y defensores del territorio Wayuu, tanto en La Guajira como en Colombia, país más peligroso del mundo para defender los derechos ambientales. También representa una grave amenaza contra los procesos de organización, autonomía y defensa de los derechos indígenas en La Guajira, frente al aumento de la presencia de grupos armados cuyos intereses económicos .
En virtud de los hechos expuestos con anterioridad,
EXIGIMOS al Ministerio del Interior que se adopten las medidas inmediatas y urgentes para la protección de la vida e integridad física de Misael Socarrás y de su familia, así como para que se restablezcan las condiciones necesarias para la defensa de los derechos humanos, territoriales y ambientales en el departamento de La Guajira.
EXIGIMOS, a la Fiscalía General de la Nación dar trámite preferente a las denuncias para que se esclarezcan de manera inmediata los hechos, se identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales y se proteja la integridad vida de Misael Socarrás y su familia. Además, dar un trámite diferenciado con enfoque de derechos humanos a través de un traslado la Dirección de Derechos Humanos de esta entidad para garantizar un proceso investigativo libre de presiones e interferencias externas.
EXIGIMOS a la Unidad Nacional de Protección que se se revisen, fortalezcan y ajusten de manera inmediata las medidas de protección, garantizando la vida, integridad y seguridad de Luis Misael Socarrás, de su familia, de los miembros del resguardo y de los y las demás defensoras de derechos humanos y ambientales en el departamento de La Guajira.
EXIGIMOS a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de la Alerta Temprana 010-2025, adopte acciones urgentes y específicas para proteger a las personas en riesgo por la defensa del territorio y los bienes comunes, con especial atención a quienes han denunciado los impactos de la minería de carbón y el control territorial de grupos armados.
EXIGIMOS a la Procuraduría General de la Nación que realice seguimiento permanente a la situación de Misael Socarrás y al cumplimiento de las medidas que se adopten.
EXIGIMOS al Ministerio de Ambiente que, en virtud del Acuerdo de Escazú aprobado mediante la Ley 2273 de 2022, implemente acciones inmediatas y diferenciadas para garantizar la protección de defensores y defensoras ambientales en situación de riesgo, especialmente aquellos que denuncian los impactos de la minería de carbón y la presencia de actores armados en los territorios.
EXIGIMOS a todas las entidades competentes que se adopten las medidas inmediatas y urgentes para la protección de la vida e integridad física de Misael Socarras y de su familia, así como para que se restablezcan las condiciones necesarias para la defensa de los derechos humanos, territoriales y ambientales en el departamento de La Guajira. En especial que se adelanten las medidas tendientes a abordar la situación de riesgo e inseguridad por la presencia de grupos armados en la región.
SOLICITAMOS al Sistema de Naciones Unidas en Colombia que active sus mecanismos de observación y acompañamiento internacional, incluyendo la presencia en territorio y la documentación del caso, para prevenir nuevas agresiones y elevar alertas a nivel internacional sobre la situación del pueblo Wayuu.
CONVOCAMOS a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, a manifestarse y denunciar esta grave situación y riesgo contra el defensor.
La defensa del territorio wayúu no puede seguir siendo motivo de amenazas, hostigamientos, intimidaciones y atentados contra nuestros líderes y lideresas, la inercia de las entidades estatales frente a las reiteradas denuncias y hechos es cómplice de aquellos que quieren acallar estas voces. Por ello exigimos firmemente el reconocimiento de la gravedad de la situación de seguridad para líderes y lideresas sociales y ambientales, y la necesidad de garantías reales para el ejercicio de sus actividades.
Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar) Centro Investigación Educación Popular/ CINEP
Centro Investigación Educación Popular/ CINEP
Asociación Centro de salud, ambiente y trabajo/ CENSAT AGUA VIVA – Amigos de la tierra Colombia
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
