Representantes de comunidades de pescadores y barequeros del occidente, norte y bajo Cauca, quienes lo han perdido todo por la emergencia de Hidroituango, llegan a Bogotá buscando espacios para ser escuchados.

• Se sabe que en el cañón del río Cauca residen 180.000 personas y aguas abajo hay más o menos 200.000 habitantes en municipios de la zona de influencia, es decir, estamos hablando de cerca de 400.000 personas afectadas.

De acuerdo con Isabel Cristina Zuleta, lideresa del movimiento Ríos Vivos Antioquia, la única manera de desinstalar definitivamente el riesgo para cerca de 400.000 personas residentes en el área de influencia de Hidroituango es desmantelando la hidroeléctrica, lo cual debió realizarse antes de llenar casa de máquinas.

Para los pobladores afectados, el riesgo está ahí y no pueden continuar cohabitando con él, por lo que piden con angustia a EPM que “abandone continuar con la construcción, ya que la situación es muy peligrosa por el riesgo que representa para las vidas humanas”.

“Es cuestión de imagen, dicen, si EPM hubiera reducido el muro para que pasara el río, hoy no estaría la montaña con esas fracturas debido a la presión y los pobladores no tendrían el riesgo tan grande. Pero por orgullo, EPM optó por subir el muro a toda carrera sin los materiales adecuados y sin tener en cuenta la amenaza que se levanta. Reconocemos que están trabajando por reducir el riesgo, pero eso no es suficiente, es necesario que nos retiren la amenaza definitivamente representada en el muro, la montaña y la posibilidad de un derrumbe por casa de máquinas”.

Dentro de las posibles soluciones que EPM ha dado a la situación, se encuentran la apertura de otros túneles, es decir, fracturar aún más la montaña; y la evacuación por el vertedero, pero a decir de los conocedores, éste no tiene descarga de fondo.
Así las cosas, para los afectados, terminar la represa no tiene sentido no va a servir para nada y sí va a aumentar el riesgo porque está completamente sedimentada.
Hay que tener en cuenta que la vida útil de una hidroeléctrica está basada en su sedimentación y los de la cordillera central son altos por acción de los derrumbes, además de los sedimentos antrópicos propios del río Cauca que recorre todo el país.

Las comunidades afectadas denuncian ante el BID

Por lo anterior, las comunidades afectadas, organizadas en el movimiento Ríos Vivos Antioquia, radicaron recientemente una queja ante el mecanismo Bring Leasing, que es el mecanismo del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyas reservas financieras hicieron el préstamo a Hidroituango para su construcción.

“Los bancos tienen responsabilidad en lo que estamos viviendo hoy. Ese préstamo no cumplió con estándares del BID, dice Zuleta, pues está violando el derecho a las comunidades, a la memoria con el tema de la desaparición forzada, no se sabe que está pasando con los asesinatos de integrantes del movimiento Ríos Vivos que nos oponemos a la presa y en fin, hay un montón de situaciones que denunciamos en Washington”.

“Aspiramos a que se realice una investigación interna para que determinen si retiran el préstamo a Hidroituango y por tanto no entregarían los próximos desembolsos, además de exigir la devolución de su inversión. Los bancos no pueden ir financiando proyectos de desarrollo si violan los DDHH”, asegura la Lideresa.

En el mismo sentido, Ríos Vivos Antioquia pide a la Procuraduría General de la Nación que presida una mesa conjunta con los Ministerios y la autoridad ambiental, donde se les permita avanzar en las reclamaciones que desde hace más de 10 años han venido realizando, para que sean resueltos de manera urgente.

Pese a la emergencia, las comunidades no reciben atención

Muchas comunidades que están en auto albergues de diferentes zonas del cañón de río Cauca, principalmente en municipios de Sabanalarga e Ituango, revelan que no han sido atendidas en su emergencia humanitaria por parte de las instituciones.
Isabel Cristina Zuleta, lideresa del movimiento Ríos Vivos Antioquia, explicó que la situación de emergencia no solo se presenta en el muro ni en la casa de máquinas, se presenta en las poblaciones, tanto aguas arriba como aguas abajo.

“Aguas arriba no se ha atendido la situación de emergencia por el represamiento producido de manera arbitraria y sin dar aviso a las comunidades y aguas abajo la situación es grave porque no hay una debida atención a la emergencia social, en términos de la magnitud de la tragedia emocional que implica el estado de incertidumbre permanente por lo que pueda suceder”, advirtió.

No hay apoyo psicosocial que permita a las familias entender la situación y no se está diciendo la verdad por parte de EPM, por tanto nadie sabe lo que realmente está pasando con Hidroituango. “EPM ha mentido al país, afirman las comunidades, es absurdo que digan que fue la falla geológica la que produjo el derrumbe del túnel, pues las fallas estaban antes que todos nosotros. Esas mentiras han generado una desconfianza tremenda”.

Cabe recordar que desde hace una década el movimiento Ríos Vivos Antioquia venía pidiendo un censo de los pobladores, el cual nunca se hizo.

Hoy, esos pobladores están desplazados y perdieron su medio de subsistencia sin poder volver a su fuente de trabajo en el río, por temor a una avalancha. Además con la inundación de los puentes Pescadero y La Garrucha, las poblaciones quedaron aisladas y ahora dependen de las barcas de EPM, soportando una situación muy complicada de movilidad, ya que quedaron sometidos a horarios previamente establecidos, para poder comunicarse.

La lucha por la memoria histórica continúa

Hay que tener en cuenta que recientemente el movimiento Ríos Vivos informó a la opinión pública que desde 1986 a la época se han registrado 73 masacres en la región, con un período crítico entre 1997 y 2004, en el que se arrojaron cientos de cuerpos al río Cauca.

Con el lleno de la represa se borra la esperanza de muchas familias colombianas de encontrar los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Sin embargo, desde el movimiento anunciaron que continuarán exigiendo la búsqueda de los desaparecidos.
“Estamos solicitando a la Defensoría del Pueblo nos coadyuve con la solicitud de revisión ante la Corte de una de las tutelas de un integrante del movimiento Ríos Vivos que está buscando a su hermano”, manifestó Zuleta.

Independientemente de que esté llena la presa y eso dificulte más la búsqueda, tienen claro que la responsabilidad es del Estado y los derechos de las víctimas tienen que ser respetados.