El conflicto armado y prolongado ha sido considerado como una de las principales causas del desplazamiento forzado y del despojo, la violencia ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares en toda la región. El 63% del total de los desplazados internos en el mundo provienen de cinco países: Siria, Colombia, Nigeria, República Democrática del Congo (RDC) y Sudán, según la agencia de la ONU para Refugiados en el caso particular de Colombia la cifra aumenta cada año. El país enfrenta varios desafíos para brindar soluciones efectivas y duraderas a esta grave violación de derechos, frente a la cual el Estado busca brindar respuesta a través de la ley de víctimas y restitución de tierras (L 1448 de 2011), cuya aplicación e implementación avanza con dificultades y grandes retos.

 

Colombia cuenta con 1,141,748 km² de territorio continental y los restantes 988,000 km² a su extensión marítima; el territorio es caracterizado por la diversidad de producción agropecuaria, minera, natural. Según la III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada, realizada por La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado de la Contraloría General de la República, el total de hectáreas despojadas o forzadas a dejar por causa del conflicto armado interno entre 1980 y julio de 2014 asciende a 6,6 millones de hectáreas, sin contar los territorios colectivos, esta cifra es equivalente al 12,9% de la superficie agropecuaria del país, despojo masivo o abandono forzado de tierras que ha afectado a 434.099 grupos familiares.

Según la encuesta dada a conocer en el seminario serie Houston 2012 “La tenencia y el uso de la tierra en Colombia” apoyado por la embajada de Estados Unidos, Usaid y Acción Social de la Presidencia de la República. Antioquia y Chocó son de las regiones más afectadas por el despojo de tierras con 1,9 millones de hectáreas. En Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y Buenaventura se abandonaron por diversas razones 1,5 millones de hectáreas; en el Meta, Arauca y Casanare, el despojo afectó un millón de hectáreas y en otras regiones el despojo afectó a por lo menos 2,2 millones de hectáreas, estas cifras son solo un sub -registro teniendo en cuenta que muchos casos no son denunciados.

El conflicto armado y prolongado ha sido considerado como una de las principales causas del desplazamiento forzado y del despojo, la violencia ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares en toda la región. El 63% del total de los desplazados internos en el mundo provienen de cinco países: Siria, Colombia, Nigeria, República Democrática del Congo (RDC) y Sudán, según la agencia de la ONU para Refugiados en el caso particular de Colombia la cifra aumenta cada año. El país enfrenta varios desafíos para brindar soluciones efectivas y duraderas a esta grave violación de derechos, frente a la cual el Estado busca brindar respuesta a través de la ley de víctimas y restitución de tierras (L 1448 de 2011), cuya aplicación e implementación avanza con dificultades y grandes retos.

Entre las dificultades que presenta el proceso de restitución de tierras se destacan: La falta de seguridad y garantías para las y los reclamantes en todo el país, la presencia de multinacionales explotadoras de recursos hídricos, mineros y bio-energéticos que logran apropiarse del territorio, atentan contra el medio ambiente con su permanencia y actividades de excavación, explotación y contaminación en el país.

La situación de restitución de derechos para las víctimas de despojo en Colombia pasa por un momento de transición donde se busca reparar a las víctimas del conflicto armado sin tener la certeza de finalizarlo, además el Estado debe identificar y enfrentar los nuevos modelos de despojo que se continúan presentando por el conflicto armado y la corrupción como el caso vergonzoso del actual presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretel, quien se encuentra investigado por hechos graves de despojo y desplazamiento forzado.

La Unidad Nacional de Atención y Reparación debe atender una población víctima de aproximadamente 5,7 millones de personas y para ello cuenta tan solo con 9,001 servidores, lo que plantea que cada funcionario debe atender 555 casos, lo cual no garantiza agilidad en el procedimiento legal para que las víctimas del conflicto armado retornen de manera pronta y con todos sus derechos restituidos a sus territorios. 2

En el departamento del Meta, seis municipios están en proceso de microfocalización por parte de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, a fin de avanzar con el proceso de restitución de los predios abandonados y despojados forzadamente a causa del conflicto armado. Por su parte Humanidad Vigente Corporación Jurídica, viene realizado un trabajo de seguimiento, acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas de las masacres de Mapiripán, apoyando el trabajo de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (ASOMUDEM) y la Corporación de Desplazados mi Consuelo Campesino (MICONCAMP).

A partir de este trabajo de seguimiento que se ha realizado durante dos años, se ha identificado que después de cuatro años de vigencia de la ley 1448 de 2011, esta ley no ha cumplido a cabalidad con las medidas de reparación integral, ni se han materializado plenamente las garantías de seguridad para las y los reclamantes de tierras. Además, la persistencia del conflicto armado hace que se continúen presentando graves violaciones a los derechos limitando los procesos de reparación individual, colectiva y el proceso de restitución de tierras.

Las víctimas de Mapiripán enfrentan grandes retos en el trámite del proceso de restitución de sus territorios, algunos de estos retos se materializan en que sus solicitudes son rechazadas en razón a que no cuentan con un soporte legal que les permita probar la relación de tenencia o propiedad que mantuvieron con el predio. Pese a que se presume la buena fe de los reclamantes al afirmar que eran dueños de los predios, en muchos casos, los ocupantes actuales sí cuentan con la formalización de los predios a través de escrituración y adjudicaciones por parte del Incoder, con ello, las víctimas reclamantes de tierras son revictimizadas al ser cuestionada su buena fe y la veracidad de sus testimonios.

A cuatro años de entrada en vigencia de la ley 1448 de 2011, vemos que son mayores los retos que existen para materializar la reparación integral de las víctimas y la restitución de las tierras que el conflicto armado ha provocado. Particularmente en Mapiripán vemos que confluyen una serie de dificultades para el proceso de restitución de tierras, entre las que se destacan la gran cantidad de solicitudes de inclusión en el registro de tierras que han sido negadas a las víctimas ante la falta de pruebas existentes para demostrar las maniobras de despojo que se han producido en Mapiripán principalmente a partir del año 2005 y que han permitido el acaparamiento de terrenos baldíos a favor de empresas multinacionales.

Ante este panorama, las organizaciones sociales, Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (ASOMUDEM) y la Corporación de Desplazados mi Consuelo Campesino (MICONCAMP) – realizan importantes aportes para la conquista de la reparación integral y la restitución de las tierras despojadas producto del conflicto armado mediante sus procesos organizativos y formativos incluyentes los cuales Humanidad Vigente continuará acompañando a fin que sean restituidos de manera integral y digna los derechos y territorios usurpados a las víctimas de Mapiripán.